REFORMA PODER JUDICIAL

Reforma Judicial preocupa a jueces y magistrados de 18 países

La Federación Latinoamericana de Magistrados exhortó al gobierno mexicano a evitar actos que amenacen la independencia del Poder Judicial

Créditos: Cuartoscuro
Escrito en NACIÓN el

La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que agrupa a jueces y juezas de 18 países de la región, ha emitido un enérgico pronunciamiento en contra de los proyectos legislativos en México que promueven la elección popular de magistrados del Poder Judicial. La organización expresó su "profunda preocupación" por estas iniciativas, destacando que su implementación representaría un ataque directo a la independencia judicial y al principio de la división de poderes.

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Según el comunicado emitido por la FLAM el pasado 30 de julio, la propuesta de reforma constitucional en México no solo busca equiparar la elección de magistrados a la de cargos políticos, sino que también promueve su aplicación retroactiva. Esto implicaría la destitución de magistrados actualmente en funciones sin respetar los mecanismos constitucionales vigentes al momento de su nombramiento. La federación advirtió que este tipo de medidas, aunque revestidas de legalidad, en realidad buscan someter al Poder Judicial al control del Poder Ejecutivo, lo que debilitaría el sistema democrático en su conjunto.

Foto: Raúl Estrella / La Silla Rota

El comunicado también recordó la importancia de la independencia judicial como un derecho de los ciudadanos y una garantía del correcto funcionamiento del Estado de derecho. La FLAM subrayó que, según el Estatuto del Juez Iberoamericano, los jueces deben ser inamovibles y solo estar sometidos a la Constitución y a las leyes, sin interferencias de otros poderes del Estado. En este sentido, la federación instó a las autoridades mexicanas a respetar estos principios fundamentales, advirtiendo que cualquier intento de vulnerarlos podría poner en riesgo la protección de los derechos humanos y la paz social en el país.

Finalmente, la FLAM exhortó al gobierno mexicano a evitar actos que amenacen la independencia del Poder Judicial, enfatizando que el respeto a esta independencia no solo resguarda los derechos de los ciudadanos, sino que es un deber esencial de todos los poderes del Estado para consolidar una justicia eficiente y fortalecida.

Reforma judicial de AMLO preocupa a comunidad internacional

La comunidad internacional ha manifestado una creciente preocupación respecto al reciente paquete de iniciativas, en el que se incluye la reforma judicial, presentado por el Ejecutivo mexicano. De las primeras observaciones en contra de la iniciativa de López Obrador fue la de Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

En una serie de publicaciones en redes sociales, Satterthwaite advirtió que dichas reformas podrían socavar la independencia de la judicatura en México, un pilar fundamental para la democracia y el estado de derecho. Ante ello el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el actuar de la ONU. En su carta, Satterthwaite subrayó la importancia de mantener una judicatura imparcial y protegida de influencias políticas para garantizar el respeto a los derechos humanos y servir como contrapeso frente a posibles abusos de poder.

Empresas Globales también emitieron un comunicado en el que hicieron un llamado al Poder Ejecutivo y a los integrantes del Poder Legislativo a asegurar la independencia judicial durante las discusiones sobre la reforma. El documento señala que, aunque comparten el interés de consolidar un Poder Judicial más eficiente y transparente, el actual proyecto de reforma contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados.

Corporaciones internacionales dieron su veredicto sobre la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar riesgos para la independencia judicial en México y el tratado comercial de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), así como afectaciones para la estabilidad democrática y económica del país, daños que podrían extenderse entre la ciudadanía por los próximos 10 años.

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