Sectores industriales en Estados Unidos como el manufacturero, médico, químico, energético, tecnológico, minero y de servicios, así como la Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York, alertaron al gobierno de Joe Biden por el paquete de iniciativas de reformas en México, en especial la reforma al Poder Judicial, que podrían afectar el tratado comercial con Estados Unidos, México y Canadá, y la independencia del poder judicial mexicano.
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En una carta dirigida a Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, el sector empresarial estadounidense acusó que dichas iniciativas de reformas plantean cambios constitucionales que son contrarios al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ante ello, exigió al gobierno de Biden compartir su preocupación con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.
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Alertaron que, si se aprueban las enmiendas, el resultado generará incertidumbre en las relaciones comerciales y amenazará con socavar las próximas conversaciones del T-MEC como parte de la revisión del acuerdo en 2026.
¿Qué organizaciones firmaron la carta dirigida a Blinken?
En una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, las organizaciones dijeron que “varias de estas enmiendas parecen violar las obligaciones de México bajo el T-MEC.
Los nueve organismos que firmaron la carta fueron:
- Asociación de Tecnología Médica Avanzada
- Consejo Americano de Química
- Asociación Estadounidense de Energía Limpia
- Instituto Americano del Petróleo
- Coalición de Industrias de Servicios
- Asociación de la Industria de Componentes Electrónicos
- Consejo de la Industria de Tecnologías de la Información
- Asociación Nacional de Fabricantes
- Asociación Nacional de Minería
- Alertan de daños económicos
Reforma daña al Poder Judicial: Colegio de Abogados de NY
El Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York reiteró su preocupación por lo que ocurre en México respecto del Poder Judicial. Los abogados de la gran manzana detallaron que la independencia de la justicia está en riesgo y llama la atención todos los mecanismos que se implementan para generar cambios al sistema judicial mexicano, lo que puede tener el efecto adverso de dañar de forma significativa la independencia judicial.
Recordó que en 2011, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados informó sobre la libertad de jueces y abogados en México, concluyendo que si bien el poder judicial federal mexicano era en gran medida independiente e imparcial, los tribunales estatales dejaban mucho que desear, esto en consecuencia de que, entre otros factores, los poderes ejecutivos federales estatales interferían habitualmente en el proceso de nombramiento judicial de los tribunales estatales.
Repercusiones por la iniciativa de reforma judicial
Este martes, especialistas y juristas coinciden en que la reforma al Poder Judicial que impulsa el Gobierno de México, tendrá repercusiones importantes en la economía del país, ya que podría desalentar las inversiones, sobrecargar las finanzas públicas y poner en riesgo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Entre los apartados de la reforma que impactarán de forma negativa en la economía mexicana están los procesos de elección popular en el Poder Judicial de la Federación, afirmó Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de la organización México Evalúa.
Ante la incertidumbre generada por la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley redujo su recomendación de inversión en México. Este ajuste responde al riesgo que representa la posible aprobación de la reforma, lo que ha afectado las recomendaciones sobre las acciones de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
De acuerdo con la firma, se rebajó la calificación de México a "underweight" (subponderado) tras la propuesta de reforma judicial, recomendando reducir su participación en la cartera de inversión. La firma advirtió que este cambio al sistema judicial podría elevar las primas de riesgo del país y limitar el gasto de capital.