Un nuevo informe presentado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, coordinado por la Secretaría de Gobernación, ha sacado a la luz el profundo impacto de la política de contrainsurgencia en México, destacando cómo las estrategias militares dirigidas a contener a organizaciones político-militares (OPM) también afectaron gravemente a comunidades rurales, indígenas, campesinas y afromexicanas entre 1965 y 1990.
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El informe señala que la política de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano no se limitó al hostigamiento de las OPM, sino que fue extensiva a otros actores sociales y tuvo un impacto devastador en comunidades enteras. Este análisis se aleja del enfoque tradicional de la historiografía, que suele centrarse en las acciones de las OPM y la respuesta represiva del Estado. En cambio, se propone un enfoque diferenciado en materia de derechos humanos, considerando la pluralidad sociocultural del país y las violaciones graves a los derechos humanos (VVGGDDHH) perpetradas durante este periodo.
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El informe destaca que las operaciones militares, diseñadas inicialmente para perseguir a las OPM, también sirvieron para contener, perseguir y eliminar la movilización social en el ámbito rural. Esto afectó de manera particular a comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas, que se convirtieron en víctimas de la violencia política del Estado debido a su proximidad o simpatía hacia las OPM, o por emprender luchas organizadas por derechos agrarios.
Se documenta que, durante la implementación de estas operaciones, se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados. Además, la ocupación militar de territorios se utilizó como una estrategia recurrente para ejercer control sobre las comunidades rurales.
Responsabilidad estatal y colaboración institucional
El informe identifica a la Secretaría de la Defensa Nacional como la principal institución responsable de la ejecución de las estrategias de contrainsurgencia. Estas operaciones se llevaron a cabo con la colaboración de cuerpos policiacos a nivel estatal y municipal, agencias de inteligencia, sistemas de impartición de justicia y el apoyo de instituciones públicas y grupos de poder locales.
Esta colaboración institucional permitió que la violencia de Estado se ejerciera de manera sistemática y generalizada, cometiendo crímenes de lesa humanidad en contra de comunidades rurales. Entre las instituciones implicadas en la comisión de estas violaciones se encuentran no solo las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, sino también instituciones administrativas como la extinta Secretaría de la Reforma Agraria y gobiernos estatales, que facilitaron el despojo de tierras y la represión de movimientos sociales.
Hallazgos y conclusiones principales
- Violencia sistemática y generalizada: El informe concluye que la disposición territorial administrada por el Estado, a través de leyes que legitiman el despojo y el uso del Ejército y la policía, resultó en violaciones graves a los derechos humanos que se entrelazaron con otras formas de violencia ejercidas por terratenientes y grupos de choque.
- Responsabilidad estatal: Se destaca la responsabilidad del Estado en las acciones y omisiones que permitieron la constante comisión de abusos y delitos que han quedado impunes, especialmente en relación con la lucha por la tierra en el ámbito rural.
- Militarización y riesgos: La militarización del control territorial, facultando a las Fuerzas Armadas para coordinar operaciones en campo y subordinar a las corporaciones de seguridad civil a mandos militares, es señalada como un riesgo que contribuyó a la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.
Casos identificados y número de víctimas
El informe documenta un total de 1,314 víctimas directas identificadas, 2,655 víctimas de desplazamiento forzado y al menos 10 masacres. Además, se estima que 37,105 personas fueron afectadas por ocupaciones militares. Algunos de los casos destacados incluyen:
- Masacre en Monte de Chila (Jopala), Puebla, 1970: Con 50 víctimas directas y un estimado de 600 víctimas de violaciones graves a derechos humanos, esta masacre fue perpetrada por terratenientes en colaboración con elementos del ejército.
- Ocupación militar en Yahualica, Hidalgo, 1974: Con 93 víctimas directas y 349 víctimas de violaciones graves, esta ocupación militar se llevó a cabo en el marco de la persecución a integrantes del Frente Revolucionario Armado del Pueblo (FRAP).
- Ocupación militar en Acatlán, Guerrero, 1970: Se registraron 10 víctimas directas y un estimado de 300 víctimas de violaciones graves a derechos humanos, relacionadas con la persecución a integrantes del Partido de los Pobres (PDLP) y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).
El informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico expone la magnitud de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el marco de la política de contrainsurgencia en México. Las conclusiones subrayan la necesidad de un reconocimiento y reparación integral para las comunidades afectadas, así como una revisión crítica de las políticas de militarización y control territorial que dieron lugar a estos abusos.