El Estado mexicano solapó las actividades ilícitas de traficantes de drogas durante las décadas de los años 60 y hasta la década de los años 90 que obligó a campesinos de distintas zonas del país a sembrar y cosechar mariguana y amapola, y violó sistemáticamente los derechos humanos de la población empobrecida cometiendo en su contra detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, documentó el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico.
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El combate al tráfico de drogas emprendido por los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid, fue una batalla por el capital, en la que el Estado priista trató de controlar y administrar la producción y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, estableciendo para ello una relación clientelar con los productores más poderosos.
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De acuerdo con el Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, auspiciado por la Secretaría de Gobernación y la Comisión para la Verdad, indicó que a partir de 1969 el Estado mexicano endureció su política con respecto al tráfico de drogas de manera discrecional pues nunca quiso acabar con el narcotráfico, sino mantener un control y administración, por lo que políticos, policías, militares y agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) establecieron relaciones clientelares y redes de protección con traficantes y grupos del crimen organizado.
En el volumen 1 “Fue el Estado (1965-1990)”, el informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico destaca que el Estado emprendió un combate selectivo, favoreciendo a los grandes traficantes y cebándose, en cambio, sobre los productores independientes, los traficantes que se negaban a pagar las cuotas que les exigían y los campesinos, que encontraban en el cultivo de mariguana y amapola una forma desesperada de subsistencia —ante el abandono también sistemático e histórico del campo por parte del Estado.
Violaciones graves contra población rural
El informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico documentó que los agentes del Estado perpetraron numerosas violaciones graves a los derechos humanos contra la población rural empobrecida y explotada.
“Con las operaciones antinarcóticos, el Estado no castigó a los grandes traficantes, castigó la pobreza de los campesinos que se vieron forzados por la necesidad, u obligados por los mismos traficantes, a sembrar y cosechar mariguana y amapola, cometiendo en su contra detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual”, se lee en el informe.