La violencia del crimen organizado que aterroriza a regiones enteras del país, con sus métodos de torturas, desplazamientos forzados y asesinatos, desapariciones, entre otros, se comenzó a gestar desde los años 60, con el inicio de la guerra sucia, periodo que consistió en la persecución de grupos opositores al régimen político de entonces. Así lo concluye el informe Fue el Estado (1965-1990), Volumen.
De acuerdo con el documento elaborado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), un número importante de militares, agentes judiciales y policías tanto retirados como en activo, muchos de ellos instruidos en las técnicas de la contrainsurgencia y responsables directos de la comisión de violaciones graves a los derechos humanos durante esa época, encontraron acomodo en las filas del crimen organizado.
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“En estos grupos replicaron el adiestramiento recibido, formando a sus miembros en la lógica del paramilitarismo. Estos grupos criminales, que han actuado con la anuencia o la complicidad del estado, como se ha evidenciado en distintos momentos, se han convertido así en otro actor responsable en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos”.
El informe, que este 16 de agosto será presentado en el Centro Cultural Tlatelolco por los investigadores Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, documentó a lo largo de casi seis años las prácticas autoritarias y represivas del estado mexicano. La información que este 15 de agosto fue exhibido en la Secretaría de Gobernación a colectivos, víctimas directas y familiares de éstas de la época, expone que el estado mexicano reprimió, torturó, desplazó forzadamente, asesinó y desapareció a miles de personas durante el periodo de 1965 a 1990.
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Lo hizo con grupos de personas disidentes del sistema político, como fueron los grupos guerrilleros y estudiantes que salían a las calles a protestar, y puso en práctica esas tácticas de regímenes autoritarios también con familias enteras cercanas a activistas sociales.
La misma práctica aplicó a colectivos vulnerables como son miembros de los movimientos urbano-populares que luchaban por vivienda digna. Otro objetivo fueron los campesinos, indígenas y afromexicanos en resistencia. La intención era dinamitar sus luchas por los derechos agrarios y asegurar el control territorial.
Además, se atacó a migrantes guatemaltecos con prácticas contrainsurgentes, se vulneraron derechos de periodistas y de grupos de mujeres trans.
Estas prácticas sistemáticas en dicho periodo fueron justificadas por el régimen priista como una medida necesaria para mantener una supuesta paz social y la estabilidad del país.
“Decimos que fue el Estado porque fue éste el primero y el último responsable de las violaciones graves a derechos humanos durante el periodo 1965-1990, más allá de las responsabilidades de los perpetradores individuales”, se lee en el Informe.
“Fue el Estado, decimos, porque el cambio del paradigma contrainsurgente al paradigma de la guerra contra las drogas sólo significó una vuelta de tuerca más en esta larga historia de represión, una puesta al día de la justificación de un régimen profundamente corrupto y antidemocrático, salvaje contra el pueblo y servil con las élites”.
Las cifras
Este mecanismo logró identificar 8,593 víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Padecieron: la detención arbitraria, la prisión por motivos políticos, la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la masacre, tortura y violencia sexual y reproductiva y exilio.
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Durante el periodo 1965-1990 se logró dar cuenta de 46 eventos de masacres dentro de las cuales se pudo identificar al menos a 385 víctimas mortales. Las personas de desplazamiento forzado ascienden a 123 mil 034, ocurridas en 113 diferentes eventos. El estudio también reveló que a causa de ocupaciones militares/policiales a territorios hubo 167,391 personas afectadas.
Los grupos vulnerables
El informe menciona que durante aquellos años no sólo se perseguía a los disidentes públicos, sino también a quienes los aparatos de inteligencia consideraban potenciales discrepantes y a las poblaciones que veían como semilleros de rebeldes.
En el caso de comunidades campesinas, indígenas o afromexicanas, el Mecanismo logró identificar 2 mil 655 víctimas de desplazamiento forzado. Un ejemplo de esta violación de derechos humanos fue el desplazamiento que sufrieron varias decenas de familias en Corrales Río Chiquito, en Atoyac, Guerrero, en 1972, durante el segundo año del gobierno del entonces presidente Luis Echeverría.
Se registraron bombardeos aéreos del Ejército, en su persecución al Partido de los Pobres, que orillaron al desplazamiento que terminó por borrar a la localidad del mapa. Bajo este contexto se lograron identificar 10 masacres, como fueron las ocurridas en Monte de Chila, Jolapa, Puebla; en Rancho Nuevo, Pantepec, Puebla; en El Tajito, Guasave, Sinaloa; en Yahualica, Hidalgo; en El Ámbar, Jitotl, Chiapas y en Montenegro, San Juan Lalana, Oaxaca.
Otro grupo vulnerable que recibió ataques del Estado durante esa época fue el de quienes integraban movimientos urbano-populares que buscaban una vivienda digna. Uno de los ejemplos es el de la localidad conocida como Cartolandia, en Tijuana, Baja California, entre 1970 y 1980, que se dio en dos etapas, derivado del desarrollo urbano y la canalización del río Tijuana. Otro ocurrió en el marco de ocupaciones militares/policiales fue en el Campamento 2 de octubre en Iztacalco, en el entonces Distrito Federal.
En ese periodo, el MEH identificó violaciones de derechos humanos a 250 periodistas, de los cuales documentó a profundidad 45 casos. No sólo se trató del asesinato de Manuel Buendía en 1984.
Un ejemplo fue la desaparición forzada y ejecución de Aarón Flores Heredia y Gabriela Ochoa Villaverde en Sinaloa, en 1980. Ambos periodistas de El Gráfico de Los Mochis fueron ejecutados por agentes de las policías Municipal y Judicial de Sinaloa. Flores cubría temas de negocios ilícitos de la Policía Judicial. Gabriela era diseñadora del diario.
Otro caso fue la ejecución de Manuel Burgueño Orduño en Mazatlán, Sinaloa, en 1988, quien fuera autor de la columna Crisol en el diario El Sol del Pacífico y director del semanario Deslinde. Burgueño cubría temas de política local, nacional y de narcotráfico.
La violencia del estado mexicano alcanzó a las disidencias sexogenéricas. La investigación identificó 394 víctimas y profundizó en 5 casos de personas que resultaron violentadas por el modo diverso que tuvieron de amar a otras personas y por cómo ejercieron su sexualidad.
Se documentaron casos de violencia sexual, tortura y detención arbitraria de mujeres trans en los sótanos de la que fuera la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal, en la Plaza de Tlaxcoaque de la Ciudad de México, entre 1975 y 1989, donde se llevaron a cabo violaciones reiteradas contra varias de ellas, en algunos casos, cometidas cuando aún eran menores de edad.
Otra variante de represión fue en contra de las organizaciones político-partidistas, con 12 masacres, nueve contra militantes de izquierda que participaron en protestas postelectorales luego de la elección presidencial de 1988. El documento también reporta ejecuciones extrajudiciales, entre las cuales está la que sufrieron Xavier Ovando y Ramón Gil, del equipo de quien fue candidato opositor en 1988, Cuauhtémoc Cárdenas, previo a las elecciones de ese año.
Construcción de megaproyectos ocasionaron desplazamientos
La construcción de megaproyectos también ocasionó desplazamientos, torturas, ejecuciones y desapariciones en las que participó el Ejército. Ejemplo de ello y que documentó el MEH es la planta hidroeléctrica en Itzantúm, en Huitiupán, Chiapas (1980).
“Para la ejecución de este proyecto, el Ejército impuso un cerco militar sobre un estimado de 14 mil personas. Los líderes comunitarios de los ejidos afectados, indígenas de origen batsi vinik o tzotzil, fueron desaparecidos y ejecutados en vuelos de la muerte, según hemos documentado a través de fuentes testimoniales”.
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El combate al narcotráfico también fue usado como una excusa para violar derechos humanos y controlar territorios y poblaciones en donde había organizaciones político-militares.
“Se documentaron cuatro casos de masacres dentro de las cuales pudieron identificarse, al menos, 50 de las víctimas. Destacan las 21 de la masacre de El Realito en Badiraguato, Sinaloa, en 1971; a las 4 de la masacre de la colonia Juan Carrasco en Mazatlán, Sinaloa, en 1974; a las 13 víctimas de la masacre de Santiago de los Caballeros, en el mismo estado, cinco años después y a las 10 víctimas letales de la masacre en el Rancho El Mareño en Michoacán, ocurrida en 1985".
La violencia del Estado incluso alcanzó a jóvenes punks en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en 1989. El ejemplo es la masacre del Zopilote Mojado. Ocurrió durante una tocada en la que la Policía Municipal abrió fuego contra la multitud, ejecutando a un número impreciso de jóvenes.
El Mecanismo pudo documentar también casos de violaciones graves a derechos humanos cometidos contra miembros de las fuerzas armadas y policiales por parte de sus propios mandos. Un caso es la tortura y ejecución extrajudicial del comandante Óscar Meade Arrevillaga en 1965, a manos de sus propios compañeros y por órdenes de su superior, al negarse a participar en actos de corrupción dentro de la Policía de tránsito del entonces Distrito Federal.
Informe por un México sin impunidad
Como parte de los trabajos del MEH, la investigadora Eugenia Allier también presentó el informe Verdades Innegables, por un México sin impunidad.
Uno de los temas que aborda son las operaciones clandestinas que se ponían en marcha contra los grupos insurgentes, como son los vuelos de la muerte y el Plan Rosa de los Vientos, para cometer detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
También el equipo de investigación encabezado por Allier abordó el tema de violaciones contra mujeres como estrategia contrainsurgente y el de violencia cometida en contra de niños.
La política de contrainsurgencia fue concebida en el marco de la adopción de una estrategia coordinada y sostenida por las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, a través de sus dependencias y organizaciones, como son las Fuerzas Armadas; las direcciones Federal de Seguridad (DFS) y la General de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPD); la Brigada Especial y las distintas policías, y actores paraestatales vinculados a la violencia contrainsurgente, como pistoleros, porros, Batallón Olimpia y Halcones.
Los vuelos de la muerte
Como ejemplo de la clandestinidad en que se llevaban a cabo estas operaciones están los vuelos de la muerte a través de los cuales personas detenidas y desaparecidas desde aeronaves eran arrojadas al mar. Eran coordinados por el entonces coronel de infantería Francisco Quirós Hermosillo y el comandante de la policía en Guerrero, Mario Arturo Acosta Chaparro.
“La primera etapa habría ocurrido entre 1971 y 1974, principalmente a través del uso de helicópteros. La segunda a partir de 1974, con la implementación del Plan de Operaciones Atoyac, con el que se reforzaron las estrategias de contrainsurgencia en Guerrero para eliminar a la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, dirigida por Lucio Cabañas”, se lee en el informe.
Un hallazgo es que los vuelos de la muerte no sólo se registraron en Guerrero, sino en otros estados, como Jalisco, donde incluso el lago de Chapala pudo ser usado para esta siniestra práctica.
Otro fue el operativo Rosa de los Vientos, en Sinaloa. Se trató de la detención arbitraria de 23 personas y de la desaparición forzada de siete de ellas. Su objetivo era el exterminio de la Liga Comunista 23 de septiembre en el que participaron la DFS, el Ejército y la Policía Militar.
El informe presentado por Allier incluye una lista de mil 103 personas que fueron detenidas y desaparecidas. Otra es la de 2 mil 200 funcionarios de distintos niveles de gobierno, así como personas involucradas en el sistema represivo identificadas a lo largo del proceso de investigación.
También se hallaron documentos de la DFS con una lista de 23 personas que en 1978 estaban en el Campo Militar 1, siguen desaparecidas por lo menos 7 y eso permite saber que la gente antes de la desaparición sí estuvo en el Campo Militar.