La propuesta de que ministros y magistrados sean electos bajo la modalidad del voto popular, como propone la iniciativa de reforma judicial, representa un riesgo para quienes aspiren a ocupar esos cargos, ante la posibilidad de que intereses privados y organizaciones del crimen organizado incidan en el proceso o ataquen a algunos candidatos a los cargos, como ocurrió en el reciente proceso electoral, de acuerdo con un estudio hecho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Aunque el proceso se ha encargado al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, “es muy difícil asegurar que las personas candidatas y partidos políticos no realicen actos de proselitismo o reciban financiamiento ilegal, sobre todo en entornos locales controlados en buena medida por organizaciones del crimen organizado”, según el estudio Análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial Federal.
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Además, la propuesta de designación de personas juzgadoras a través de elecciones puede colocarles en una situación de vulnerabilidad.
“Al igual que las y los candidatos de partidos políticos, los candidatos a ocupar cargos jurisdiccionales correrán un riesgo, sin garantías o medidas especiales de seguridad y protección, de que durante las campañas sufran agresiones, como amenazas, intimidaciones, hostigamiento, e incluso homicidio”, advierte el análisis.
“La violencia que ha generado el crimen organizado ha permeado en las candidaturas de los partidos políticos, pues las candidatas y los candidatos han preferido dejar de hacer campañas por su seguridad y la de sus familiares. En total, la violencia provocó la renuncia de más de 1 mil candidatos. No hay razones para suponer que candidatos y candidatas a cargos judiciales estarían exentos de esas dinámicas”, de acuerdo con el documento.
El riesgo de financiamiento ilegal
En el artículo 96 de la iniciativa se propone un lapso legal de campaña para las personas candidatas a ocupar los puestos de ministra o ministro, magistrada o magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral y magistrada o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, que tendrán derecho de tiempo en radio y televisión, así como de participar en foros de debate organizados por el INEC.
La propuesta, que forma parte de la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, propone que estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión. Tampoco los partidos podrán realizar actos de proselitismo.
El análisis de la SCJN identifica que aunque la iniciativa prevé mecanismos de control para evitar la infiltración e influencia de otros actores en los procesos electorales, la experiencia en nuestro país muestra que “no han sido tan eficaces para evitar que otras personas influyan o se involucren en los procesos para favorecer sus intereses”.
Tampoco los mecanismos previstos por la iniciativa blindan los procesos electorales ante tal posibilidad, es otra conclusión del análisis.
Inseguridad
Pero no es el único riesgo para los aspirantes a ministros y magistrados. Otro es la posibilidad de que las condiciones de inseguridad que prevalecen en el país sean una amenaza para ellos.
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El documento recuerda que desde 2013 la Relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la posible intromisión del crimen organizado en las instituciones de justicia a través de corrupción y amenazas a servidores públicos.
“Ante tales hechos los Consejos de la Judicatura, tanto federales como estatales, han implementado medidas especiales de seguridad para proteger las condiciones de las personas juzgadoras”.
El documento explica que la violencia asociada a las campañas políticas ha escalado por la presencia del crimen organizado. Los periodos electorales de 2018, 2021 y 2024 se registraron como los más violentos del país. Según el monitoreo de violencia político-criminal ‘Votar Entre Balas’ fueron asesinados 73 candidatos en total y 875 funcionarios y familiares sufrieron ataques directos.
El año pasado fue el más violento desde 2018, al registrar un total de 574 agresiones del crimen organizado en contra de personas vinculadas a la política y servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal. Los estados con más agresiones fueron Guerrero, con 91; Guanajuato, con 64; Zacatecas, con 43; Veracruz, con 42, y Michoacán y Chiapas, con 38 cada uno.
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