El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá reiteró su opinión acerca de la elección de ministros, magistrados y jueces, la cual, no representa un cambio estructural e integral que vaya a resolver los problemas que aquejan a la impartición de justicia en nuestro país, sin embargo, entendiendo que la elección de estos por voto popular es un tema en el que no cabe discusión, propuso algunos ajustes.
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Al presentarse en el séptimo foro de los “Diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial”, el ministro cuestionó si “el método de elección por votación directa de personas nominadas por los Poderes de la Unión resolverá la inaccesibilidad, el rezago y los casos de corrupción en el Poder Judicial”.
Además puso sobre la mesa si “la votación popular de esa lista políticamente selecta de personas permitirá que la ciudadanía acceda más fácil y con menos costo a una justicia cercana sustantiva e imparcial”. Para él la respuesta es negativa, por que dicho método de selección “politiza los nombramientos y convalida que se acceda a la impartición de justicia de las personas cercanas al poder”.
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El ministro sostiene que dicha situación abre la puerta para que los cargos dentro del Poder Judicial sean tomados no forzosamente por personas trabajadoras, discretas y talentosas. No obstante, reconoce que la reforma tiene un “objetivo loable”, ello porque la “justicia es hoy en día costosa, tardada y en algunos casos imposible”.
Elección politizada
El ministro recalca que no está en contra de que el pueblo elija a los ministros, magistrados y jueces. De lo que está en desacuerdo es que los mexicanos se vean obligados a elegir a las personas que ocuparán dichos cargos, entre una lista de personas previamente determinada por políticos, es decir, bajo intereses partidistas.
“Los mexicanos elegiremos entre listas políticas, entre personas cuya virtud principal fue saberse acercar al poder y en ese punto es que convendría preguntarnos cómo y a qué costo se empatarían las cartografías electorales con las judiciales, cómo y a qué costo se empatarían las lógicas partidistas con las judiciales”, cuestionó el ministro.
Además, señaló que la elección de trabajadores para el Poder Judicial mediante una elección popular, incrementará el gasto público que se necesita destinar al Instituto Nacional Electoral (INE), quien se encargaría de llevar a cabo la elección de magistrados, ministros y jueces.
El ministro sostiene que lo mejor es invertir en las personas juzgadoras, en su capacitación y en sus contrapesos, en lugar de politizar la vida judicial, lo que a su vez, revalida el influyentismo y el amiguismo dentro del Poder Judicial.
“Este problema, problema nuclear en la iniciativa, no se resuelve con el escalonamiento en su implementación, no deberíamos mantener a jueces y magistrados en el corredor de la muerte violando sus derechos humanos”, exclamó.
¿Qué propone el ministro para la elección de jueces?
La propuesta del ministro, bajo el entendimiento que la elección de los ministros, magistrados y jueces es un hecho, es:
“Que el voto popular permita evaluar el desempeño de las personas juzgadoras, usemos las urnas para decidir si los jueces y magistrados han realizado satisfactoriamente su trabajo y que, por tanto, deban de permanecer en el cargo o bien deban ser removidos”.
“El voto popular no debe de ser una herramienta para convertir a los amigos del poder en jueces o en magistrados, al contrario, el voto popular sí puede servir para premiar o incluso para castigar a jueces formados en la carrera judicial y así responsabilizarlos frente a la sociedad”, agregó.
Defensa de los ministros, magistrados y jueces
En defensa de su gremio, el ministro recalcó que en el Poder Judicial se ha trabajado durante años para garantizar que las sentencias sean emitidas por “personas imparciales, sin intereses personales, y sin padrinos políticos”, por lo que llama a que esto siga siendo así.
“No entendamos a la carrera judicial como un cunero elitista y obscuro de expertos, entendámosla como un esfuerzo colectivo para que las personas que dirimen las controversias sociales alcancen, a través de la formación y experiencia, la imparcialidad”.
“Espero fervientemente que esta reforma (judicial) pueda reencauzarse a esa finalidad y no representar un paso definitivo para atrás”, finalizó su participación.
AMLO da tiempos y costos
Este miércoles, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la implementación de la reforma judicial no tiene por qué llevar mucho tiempo.
“Se puede resolver para el primer trimestre del año próximo. Se puede convocar a elecciones ya para el año próximo, si no de todos, la mitad y ya se avanza. Eso va a ayudar mucho”, dijo López Obrador.
Para el primer trimestre de 2025, explicó, se mandaría a votación a la primera mitad de los jueces y magistrados del país.
Sobre el costo que implicaría la reforma al Poder Judicial por las elecciones de jueces y magistrados, López Obrador explicó cuál sería la solución.
“Le voy a dar el remedio y el trapito, que el Poder Judicial ayude a pagar la reforma. Que les den la mitad de lo que tienen guardados en los fideicomisos, así claro que alcanza”, apuntó el presidente.
López Obrador se refirió al ‘guardadito’ que hay en los fideicomisos del Poder Judicial, el cual equivaldría a 20 mil millones de pesos, según dijo.
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VGB