El 25 de julio, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó inesperadamente el calendario para dictaminar 18 de las 20 iniciativas presidenciales presentadas en febrero. Entre estas iniciativas, destaca una que busca eliminar varios órganos constitucionales autónomos mediante la reforma de la Constitución, prevista para discutirse el 15 de agosto.
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Las organizaciones Article19, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Observatorio de Designaciones Públicas han expresado su preocupación por la posible aceleración del proceso sin un análisis profundo de sus implicaciones en el derecho a la información.
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La aprobación anticipada del dictamen contraviene los principios del parlamento abierto, que promueven el fortalecimiento de las iniciativas a través de la participación ciudadana efectiva, señalan en el documento. La iniciativa que plantea la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de la Función Pública es particularmente preocupante. Esto podría revertir los avances en transparencia y rendición de cuentas logrados en los últimos 20 años.
Las organizaciones destacan la necesidad de una reforma legislativa que fortalezca al INAI, en lugar de eliminarlo. Insisten en la importancia de garantizar mecanismos rigurosos para seleccionar perfiles independientes y con experiencia en la protección de los derechos humanos. También subrayan que cualquier nuevo marco institucional debe surgir de un proceso de deliberación ciudadana amplia, asegurando la mayor protección posible a los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado la existencia de una institución garante independiente y centralizada para proteger mejor el derecho a la información. Por todo ello, las organizaciones exigen al Congreso de la Unión que implemente mecanismos que garanticen el derecho humano a la participación activa en los asuntos públicos, promoviendo un control democrático efectivo y asegurando el derecho a saber del pueblo de México.
¿Qué pasaría con los órganos autónomos?
De acuerdo con información obtenida por La Silla Rota, las entidades reguladoras del sector energético serían incorporadas a la Secretaría respectiva, en este caso a la Secretaría de Energía; las del sector de comunicaciones, a la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; el INAI, a la Secretaría de la Función Pública, y la Comisión Federal de Competencia Economía, a la Secretaría de Economía.
Este dictamen generado por la Comisión de Puntos Constitucionales, como se ha dicho, deberá eventualmente ser presentado ante el Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que puede registrar reformas o enmiendas en cualquiera de sus partes antes de ser sometido a. votación en el pleno de la propia cámara baja, y luego ser enviado a las comisiones respectivas en el Senado donde se reproducirá el mismo proceso.
Legisladores consultados por La Silla Rota dijeron que se prevé un intenso debate en esta materia y aseguraron que eventualmente este dictamen podría sufrir ajustes de “fondo”.