La posibilidad de que en septiembre próximo la mayoría de Morena y sus aliados aprueben, con la nueva Legislatura en la Cámara de Diputados, la reforma al Poder Judicial, que implica que jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el voto popular, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría perjudicar el inicio del gobierno la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum.
Lo anterior, debido a que el mensaje que se enviaría es que ella no tiene el control político, aunque Sheinbaum, como presidenta sea quien deberá asumir las consecuencias de los cambios que implique la reforma judicial. Así lo consideraron los analistas políticos Víctor Gómez Ayala, del Instituto Mexicano de para la Competitividad, y Gustavo López Montiel, profesor en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey.
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Aunque López Obrador y Claudia Sheinbaum son cercanos y pertenecen al mismo proyecto político, la redacción y votación de la reforma tendrán consecuencias distintas para cada uno. Si el dictamen que se discuta en septiembre es como la iniciativa que el presidente propuso el 5 de febrero pasado, aparte de que mostrará que Sheinbaum no trae el control, pondrá nerviosos a los mercados, a quienes les preocupa que no haya certidumbre jurídica con las modificaciones al Poder Judicial.
“No existe evidencia contundente de que el voto popular tenga un efecto directo en el procesamiento de delitos o en la mejora de fiscalías, en cambio debería existir en un estado democrático la posibilidad de deliberación más amplia a una reforma que podría tener implicaciones de largo plazo”, planteó Gómez Ayala, director de Analítica de Datos.
Desde el lunes pasado, los mercados financieros reaccionaron a la posibilidad de que se discuta la reforma al Poder Judicial y ello se manifestó en el desplome de la Bolsa de Valores y la caída en la cotización del peso frente al dólar.
Un escenario que podría ocurrir, expuso Gustavo López Montiel, es que sea Sheinbaum la que haga una propuesta propia de reforma, o que incluso se espere a que ella ya con el cargo, trabaje con el Poder Judicial como está conformado actualmente.
“Si la reforma se hace ya estando Sheinbaum como presidenta, le permitiría mostrar que es ella la que tiene el control: yo mando, no el presidente”, añadió.
Consideró que si la iniciativa se aprueba como está ahora, va a desautorizar a la virtual presidenta. Sin embargo, ve difícil que Claudia Sheinbaum haga una propuesta suya, pues podría causar una reacción del actual mandatario federal.
Víctor Gómez Ayala subrayó que para Sheinbaum, el escenario que tendrá es de seis años, en cambio para el presidente Andrés Manuel López Obrador es de dos meses, por lo cual se nota más suelto en sus declaraciones, menos temeroso con las consecuencias que pudiera tener la reforma de este tamaño.
“A él no le va a tocar gestionar y además ya adelantó que va a alzar la voz si algo no le gusta”, consideró.
Los propios diputados federales de Morena podrían entrar en una encrucijada, pues podrían quedar bien con el presidente López Obrador y aprobar la reforma, añadió, pero ese gusto sólo les quedaría un mes porque después entraría Sheinbaum, quien podría cobrarles esa votación.
“Los diputados van a tener que evaluar qué es más rentable, si estar de la mano del presidente un mes o con una presidenta 6 años”, dijo Gómez Ayala.
Una semana turbulenta
El lunes 3 de junio ya se sabía quién había ganado la elección, pero no sólo eso, sino que Morena y sus aliados, PVEM y PT, estaban cerca de obtener una mayoría calificada. Eso puso a los mercados financieros nerviosos y el 3 de enero la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una caída y el peso, comenzó a perder terreno y depreciarse frente al dólar.
El presidente López Obrador informó el 4 de junio que el tema de la reforma al poder Judicial lo hablará con quien será su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo. También admitió que tener un mes para aprobar la reforma antes de que deje el cargo es poco tiempo, pero expresó que sí se tiene que abordar “porque no es posible que no esté al servicio del pueblo (el Poder Judicial)”.
Este 6 de junio, en la Cámara de Senadores, el coordinador de la bancada de Morena en Diputados, Ignacio Mier, adelantó que la reforma judicial se votará en San Lázaro en los primeros días de septiembre, lo que detonó reacciones de nerviosismo.
La declaración de Mier puso a temblar a los mercados y los éstos pusieron inquietos a los líderes de Morena. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a la prudencia y anunció que los diputados y senadores electos hablarán al respecto con la virtual candidata electa, Claudia Sheinbaum.
Por su parte el dirigente de Morena, Mario Delgado, puntualizó que la legislatura saliente no está en condiciones de opinar y que habrá que dialogar pero con quienes serán los próximos legisladores. Este viernes 7 de junio, el presidente se refirió al tema y trató de tranquilizar a los mercados, aunque de acuerdo con los analistas, no lo consiguió.
“De todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados, es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría de los de arriba. Ya lo he dicho aquí y ellos lo saben muy bien, es hasta vergonzoso, pero hay ministros que son como empleados de las grandes corporaciones o de los magnates, empleados. Por eso el Poder Judicial, en vez de impartir justicia para el pueblo y hacer valer el Estado de derecho, se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. No olviden eso”, argumentó el presidente en su mañanera.
“El pueblo quiere cambios, está demostrado, quiere que se vaya purificando la vida pública. Eso fue lo que se manifestó el domingo y se alarman los que se sentían dueños de México: ‘¿cómo se va a reformar el Poder Judicial?, ¿y mis jueces?, ¿y mis magistrados?, ¿y mis ministros?, ¿y ahora quién me va a ayudar en mis tranzas?’”, añadió.
En campaña, siendo candidata, Claudia Sheinbaum, en sus mítines pidió el voto no sólo para ella, sino para diputados y senadores de Morena, Partido Verde y PT para poder concretar el llamado Plan C, y hacer la reforma judicial y la electoral, que propone que los consejeros del INE sean electos también bajo el voto popular.
Ahora el Plan C está al alcance de Morena, pero los mercados financieros ya se pusieron inquietos ante esa posibilidad.
Pero no sólo los mercados financieros se han mostrado nerviosos. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, se quejó de que la reforma del presidente López Obrador al Poder Judicial busca restarle independencia, lo que deriva en un ataque a la Constitución y a los principios que fundamentan la democracia en México.
También el Consejo General de la Abogacía Mexicana solicitó a la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que se convoque a un parlamento abierto para expresar su postura ante los legisladores respecto a las reformas propuestas por Morena.
Iniciativa preferente
Ambos analistas consultados, Víctor Gómez Ayala y Gustavo López Montiel, coinciden en que aunque sería mejor que la reforma se discutiera en Parlamento abierto, no ven tal posibilidad e incluso pronosticaron que el presidente la enviaría como iniciativa preferente.
“Lo que hace la iniciativa preferente es de alguna manera obligar al Congreso a discutir la iniciativa y a que no se queda atrapada en el proceso legislativo. Por la naturaleza del triunfo del domingo pasado, por el enlace que tiene el presidente y por la lealtad que le han demostrado todos los militantes del partido, gobernadoras, gobernadores e incluso la propia presidenta electa, va a ser difícil que haga diferencia en la práctica una iniciativa preferente de otra que no lo es.
“La verdad es que dado eso, es complicado que se haga una diferencia sustancial y sí creo con base en lo que él ha mencionado en su conferencia, que la prioridad está en la reforma judicial”, planteó Gómez Ayala.
Por su parte López Montiel dijo que si es propuesta como reforma preferente o no, es lo mismo. El presidente la impulsará y lo que busca es que sea su reforma judicial la que opere en el gobierno de Sheinbaum, a quien no le conviene esa reforma que involucra a muchos actores políticos y económicos que le pueden generar problemas a su próximo gobierno.
Lo que el presidente debe ver es que el mercado no es un órgano centralizado, hay participantes locales, externos y entre esos participantes hay personas con relativo poder económico, de a pie, y con intereses económicos diversos, explicó Gómez Ayala, quien es director de Analítica de Datos del IMCO.
“No todos actúan con los mismos incentivos. El resultado que vemos es que hay una sincronización en la preocupación de los diferentes actores que participan en los mercados y eso tiene que ver, uno, con la certidumbre jurídica que va a estar comprometida con la posibilidad de hacer una reforma de este tamaño y lo que están haciendo los inversionistas que participan en renta variable como son las bolsas o en el tipo de cambio.
“De alguna manera es protegerse de escenarios de riesgo que se podrían presentar en un entorno donde no existe la independencia del Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Entonces esto no es un grupo de personas buscando frenar un avance o un cambio a nivel institucional en el país, son muchos intereses diversos los que coinciden en que con la ausencia de un control judicial, compromete a sus inversiones en determinados activos de largo plazo”.
Por su parte López Montiel dijo que el mensaje del presidente en la conferencia mañanera no dio tranquilidad porque el presidente ya ha mostrado que no es confiable. “Este tema de la reforma judicial sí interesa a los mercados”.