Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que tiene el compromiso con la mejora de la reforma judicial en una entrevista con EL PAÍS. Piña, quien lleva un año y medio en el cargo, detalló los desafíos que ha enfrentado, incluyendo la tensa relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha criticado a los jueces, especialmente a los ministros de la Corte, tildándolos de corruptos y privilegiados.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
El punto de ruptura, según Piña, fue en abril del año pasado, cuando la Suprema Corte rechazó la propuesta de que la Guardia Nacional quedara bajo mando militar. Desde entonces, la comunicación con el Ejecutivo se rompió.
Te podría interesar
Norma Piña indicó que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura están trabajando en dos propuestas de reforma. La primera es una propuesta integral para todo el sistema de justicia, mientras que la segunda responde específicamente a la reforma judicial presentada por el Ejecutivo. La presidenta enfatizó que la verdadera problemática radica en todo el sistema de justicia y no solo en los tribunales.
REFORMA JUDICIAL A DEBATE - SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
Piña expresó sus preocupaciones sobre la reforma actual, particularmente en cuanto a la eliminación de jueces y magistrados, y la creación de un tribunal de disciplina. Argumentó que estos cambios no eliminarían la corrupción ni la impunidad, y podrían comprometer la independencia judicial al hacer que los jueces busquen decisiones populares para evitar sanciones.
No obstante, Norma Piña reconoció coincidencias con algunos aspectos de la reforma impulsada por López Obrador, como la separación de la Corte y el Consejo de la Judicatura, una recomendación respaldada por la ONU desde 2011.
En su visión de una reforma integral, Piña subrayó la importancia de considerar todo el sistema de justicia, desde los policías hasta los fiscales, y no solo a los jueces. Explicó que la justicia comienza mucho antes de llegar a los tribunales, y es fundamental que todos los actores involucrados trabajen de manera coordinada para mejorar la procuración de justicia en el país.
La presidenta de la Suprema Corte concluyó asegurando que, pese a las diferencias con el Ejecutivo, seguirá trabajando incansablemente para lograr una reforma que fortalezca el sistema judicial de México.
Los riesgos que implica la reforma judicial
Durante una conferencia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Ministra de la SCJN, Loretta Ortiz, compartió sus preocupaciones sobre la reforma judicial propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ortiz, quien fue propuesta para el cargo por López Obrador, destacó tres principales observaciones:
Alta carga de trabajo: La ministra subrayó la reducción presupuestal y el aumento del trabajo en el Poder Judicial, además de la ausencia de planes para aumentar el número de jueces. "No se tiene conciencia de las enormes cargas de trabajo en el Poder Judicial", enfatizó Ortiz.
Adiós a miles de juzgadores: Ortiz criticó la propuesta de "hacer renunciar" de manera inmediata a todos los jueces, magistrados, consejeros y ministros, lo que también afectaría a miles de cargos a nivel local. Sostuvo que esta reforma es inviable si se implementa de golpe y abogó por una aplicación escalonada.
No hay que desechar 30 años de profesionalización: Ortiz insistió en la importancia de considerar la experiencia, méritos y capacitación de los juzgadores. "Los jueces y magistrados no se hacen como si fueran maceta, de un día para otro", señaló, cuestionando qué sentido tendría desechar tres décadas de profesionalización jurídica.
La Ministra Ortiz concluyó su intervención subrayando la necesidad de una implementación cuidadosa y reflexiva de cualquier reforma, destacando que el proceso debe asegurar la continuidad y eficiencia del sistema judicial sin desestimar el arduo trabajo y profesionalización acumulados durante las últimas tres décadas.