Durante la gestión de Arturo Zaldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se disparó el número de denuncias anónimas dentro del Poder Judicial. Por varias de estas denuncias se investiga a Zaldívar y a su equiop más cercano por parte del Consejo de la Judicatura por presuntos actos de corrupción, extorsión y enriquecimiento ilícito.
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De acuerdo a datos de la Corte, estos procedimientos dieron inicio el 1 de diciembre de 2017, con la entrada en funciones de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), la cual funge como autoridad investigadora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y tendrá la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de faltas administrativas, así como la intervención de aquellos a quienes se imputen.
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En la gestión del ministro Luis María Aguilar Morales, como presidente de la Corte, se aceptaron 11 denuncias anónimas, de las cuales 2 fueron administrativas y 9 fueron jurisdiccionales, esto durante el año 2018.
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Sin embargo, durante la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, las denuncias anónimas presentadas al interior del Poder Judicial y dentro de la Suprema Corte se dispararon hasta 283. En 2019, se aceptaron 5 administrativas y 26 jurisdiccionales. En 2020, se dio entrada a 1 administrativa y 37 jurisdiccionales.
Además, en 2021, fueron 11 administrativas y 127 jurisdiccionales. En 2022, 7 administrativas y 69 jurisdiccionales.
En lo que va de la administración de Norma Lucía Piña como presidenta de la Corte se desaceleró el número de investigaciones iniciadas por denuncias anónimas a un total de 68. En 2023, se aceptaron 16 administrativas y 40 jurisdiccionales. En tanto, en este 2024, van 2 administrativas y 12 jurisdiccionales.
La investigación contra Arturo Zaldívar
El pasado 12 de abril, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrieron una investigación formal en contra del ministro en retiro y expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, por presuntos hechos de corrupción, extorsión y enriquecimiento ilícito.
Fue la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, quien ordenó la averiguación formal en contra del ministro en retiro y a raíz de una denuncia anónima que recibió el Consejo de la Judicatura Federal.
En la denuncia se señala al ministro en retiro Arturo Zaldívar de confabularse con el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer para favorecer asuntos del interés del gobierno federal y de empresarios.
A pesar de que Arturo Zaldívar también es acusado en la denuncia anónima, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar si se inicia una investigación contra él. Ante dicha situación, la ministra presidenta Norma Lucía Piña pidió enviar la denuncia en contra del ministro en retiro para que se dé el trámite correspondiente.
¿Cómo se inicia una investigación en el CJF?
A partir del 8 de junio de 2021, entró en vigencia la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la que se detalla el procedimiento de responsabilidad administrativa, desde la investigación hasta el cumplimiento y ejecución de la sanción, el cual debe desarrollarse conforme a los principios y reglas previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la propia Ley Orgánica.
En dicha ley, se prevé que la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es la autoridad a la que le toca pronunciarse sobre la admisibilidad de la queja.
Las quejas o denuncias, incluyendo las anónimas, deberán acompañarse de elementos probatorios suficientes para determinar la existencia de la falta administrativa y la presunta responsabilidad del servidor público o del particular en la comisión de la falta; en caso contrario, se desecharán de plano, lo cual se establece en el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Además, en una reforma a dicho numeral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2020, se estableció que en caso de que, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar señalados en la queja o denuncia, se adviertan indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 de ese mismo Acuerdo.
También se da la opción a la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal podrá ordenar la práctica de investigaciones precisamente cuando existan indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, atribuidas a personas servidoras públicas adscritas a órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo, así como de particulares cuando la falta atribuida los vincule a alguna de esas personas servidoras públicas o a algún procedimiento jurisdiccional o administrativo del propio Consejo.
La integración y desahogo de las investigaciones, por regla general, en términos del artículo 108 , fracción VII, del mismo Acuerdo, quedará a cargo de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), que en términos de los diversos 99 y 100 , fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación funge como autoridad investigadora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, teniendo entre sus facultades la de llevar a cabo las investigaciones por faltas administrativas en contra de personas servidoras públicas de los órganos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.