Ante la demanda por 10 mil millones de dólares que el gobierno de México ha presentado contra fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga a través de la frontera, las empresas implicadas han anunciado que planean solicitar a la Corte que considere su denuncia.
La revelación de este recurso proyectado surgió durante una audiencia judicial virtual, en la que un abogado de Smith & Wesson Brands informó sobre la intención de los fabricantes después de que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos revocara la decisión de un juez que desestimaba el caso el mes pasado, de acuerdo con información de Reuters.
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El abogado de Smith & Wesson mencionó en la audiencia del viernes que existe una "posibilidad razonablemente buena" de que la Corte Suprema acepte escuchar su apelación, y solicitó al juez de distrito que pospusiera el caso hasta que se tome una decisión sobre la petición.
La corte del Primer Circuito dictaminó recientemente que, si bien la ley federal de comercio de armas puede aplicarse a demandas de otros países, el caso de México "alega plausiblemente un tipo de reclamo que está legalmente exento de la prohibición general" de dicha ley.
El juez de distrito expresó algunas reservas sobre la suspensión completa del caso mientras espera una apelación ante la Corte Suprema, pero no tomó una decisión final y anunció que decidirá sobre el asunto el 12 de marzo.
La demanda de México contra fabricantes de armas en EU
La demanda presentada por México en 2021 alega que las empresas de armas socavaron las estrictas leyes mexicanas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar, sabiendo que serían utilizadas por los cárteles de la droga, lo que facilitó crímenes como asesinatos, extorsiones y secuestros en el país latinoamericano.
El gobierno mexicano argumenta que más de 500 mil armas se trafican anualmente desde Estados Unidos a México, y que más del 68% de ellas son fabricadas por las ocho empresas involucradas en el caso, que incluyen a Sturm, Ruger & Co., Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co. y Glock Inc.
Este contrabando, según México, ha contribuido a altas tasas de muertes relacionadas con la posesión de armas, una disminución en la inversión y actividad económica, y mayores gastos en seguridad pública. Sin embargo, las empresas niegan las acusaciones.