Más allá del discurso político del oficialismo y de la oposición sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer siete organismos autónomos, lo que a los expertos realmente preocupa es que con dicha iniciativa de reforma constitucional se pierdan años de estudios y avances técnicos sobre competencia económica, se violenten derechos constitucionales como el acceso a la información y la digitalización y se rompan acuerdos internacionales que incluso fueron suscritos por la administración en turno, además de que desaparecer a los organismos autónomos se traduciría en una concentración de poder del Ejecutivo, el llamado “hiperpresidencialismo”.
En su paquete de 20 reformas constitucionales, el mandatario federal envió el 5 de febrero del presente año a la Cámara de Diputados una iniciativa que propone extinguir siete organismos para que el Gobierno Federal, a través de sus dependencias, absorba sus atribuciones – en al menos seis de los siete casos. Lo anterior, bajo el argumento de que a los organismos se les ha asignado la cantidad de 32 mil 313 millones 546 mil 205 de pesos desde su creación y que muchos de ellos duplican actividades que ya corresponden a otras dependencias.
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Por lo que, el Presidente propone desaparecer la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para que la Secretaría de Economía absorba sus responsabilidades; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) retome sus labores; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuyas responsabilidades pasarían al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que sea la Secretaría de la Función Pública (SFP) quien abogue por esos derechos; la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyas responsabilidades también serían tomadas por Economía; y Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), para que sea la Secretaría de Educación Pública quien lleve a cabo sus actividades.
“Durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y la creación de nuevos organismos a los que se debía destinar muchos recursos del presupuesto, por lo que bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es necesario replantear el funcionamiento de estos, que en los hechos duplican funciones y tareas del ejecutivo federal”, expone la iniciativa, la cual necesita dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras para ser aprobada, además del aval de 17 congresos locales.
Expertos consultados por La Silla Rota coincidieron que la probabilidad de que la reforma prospere es baja –toda vez que la oposición ya se mostró en contra de su aprobación–; sin embargo, expresaron su preocupación por la insistencia del mandatario federal, quien desde el inicio de su administración ha abogado por la extinción de los organismos, dejando algunos como el INAI inoperable por meses a falta de nombramiento de comisionados.
Es una reforma "profundamente retrógrada"
Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group y miembro del Consejo Consultivo del IFT tachó la reforma de “retrograda” al considerar que busca atacar al mundo digital con la desaparición del regulador de telecomunicaciones.
“Esta propuesta de desaparecer al Instituto es un ataque directo al derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental (...) Me parece que es una reforma profundamente retrógrada, de una profunda ignorancia y además de un ataque colapsante y violatorio de los derechos de los ciudadanos en el mundo digital”, remarcó.
Aunque la iniciativa asegura que no se transgrede las obligaciones de México establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) porque no se “deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones”, el experto recordó que la existencia del Instituto quedó pactada en el capítulo de telecomunicaciones del tratado, “por lo tanto esta propuesta de desaparecer al IFT, es una traición a los acuerdos que suscribió y que negoció con los Estados Unidos, lo cual, evidentemente, le quita certeza a las inversiones de las empresas norteamericanas hacia México”.
“Hay que recordar que este gobierno suscribió un nuevo acuerdo de comercio con EU, el T-MEC, donde este gobierno suscribió la idea de mantener un órgano autónomo para el sector regulador de las telecomunicaciones. Es decir, este gobierno fue consciente de que una Comisión en el capítulo de telecomunicaciones del T-MEC era mantener un órgano autónomo, bajo el concepto que se comprende en Norte América”, agregó.
Además de que el IFT tiene como propósito romper la Brecha Digital, el experto recordó que este fue creado con siete comisionados para evitar la cooptación de los mismos, es decir, que empresas con intereses privados no pudieran influir en sus decisiones. Pero al no haber un organismo de esta materia, alertó que las decisiones en el sector de telecomunicaciones recaerían en solo una persona: el presidente.
El objetivo primordial del IFT es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México con apego a lo establecido en la Constitución. Para lograrlo deberá regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación de:
- El Espectro Radioeléctrico.
- Las redes.
- La prestación de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones.
Así mismo, es responsable de garantizar el acceso equitativo a infraestructura y otros insumos esenciales para las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos banda ancha e internet.
“Estamos decepcionados”
Por su parte, Miguel Flores Bernes, presidente de la comisión de competencia de la International Chamber of Commerce (ICC), se declaró “muy decepcionado con esta propuesta del presidente. Estábamos esperando un diálogo mayor y que se entendiera la importancia de estos órganos porque son los órganos encargados de combatir los carteles económicos que le suben los precios a los consumidores mexicanos, particularmente a las personas de menores ingresos, además de que son los encargados de perseguir los abusos de dominancia”.
La Cofece tiene la responsabilidad de vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en el país, para que los mercados funcionen eficientemente, en favor de los consumidores. Su pleno está conformado por siete comisionados, y cuenta con una Autoridad Investigadora, la cual indaga las posibles conductas anticompetitivas, así como las condiciones de competencia en los mercados o la existencia de posibles barreras que la estén impidiendo.
“Es preocupante que demos un paso atrás y parece que estamos regresando varios años atrás en el avance que llevábamos para tener instituciones muy sólidas e independientes”, dijo el experto, agregando que sería un grave error si la Secretaría de Economía absorbe el rol del regulador antimonopolios.
“Como está planteada la reforma, sería el gobierno en turno, el Ejecutivo, quien tramitará los asuntos de carteles económicos, casos de dominancia y concentración. Para empezar el gobierno no cuenta con el expertise técnico y para generarlos se necesitan muchos años (...) El problema es que la cabeza de la secretaría es un político y toman decisiones políticas, no técnicas”, señaló.
“El INAI ha resultado muy incómodo para el Gobierno”
Sobre la propuesta de eliminar al INAI, Jacqueline Peschard Mariscal, expresidenta del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción (2017) y ex consejera del Instituto Federal Electoral (IFE), opinó que se trata de “un atropello a un derecho fundamental ya reconocido en nuestra carta magna, pero también reconocido en aquellos convenios y tratados que ha firmado México en el plano internacional y regional de Latinoamérica”.
Recordó que el INAI ha estado bajo la mira del presidente desde el inicio de su mandato y que incluso ha venido operando con solo cuatro de sus siete magistrados desde abril gracias a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El organismo encargado de revelar información sobre casos mediáticos de corrupción de sexenios pasados quedó inoperable a partir del 1 abril, pero la Corte le concedió el pasado 24 de agosto un amparo para que pudiera sesionar con sus cuatro comisionados en funciones. Fue el pasado 3 de octubre cuando el Pleno de la Corte falló a favor de obligar al Pleno del Senado a designar antes del próximo 15 de diciembre a los tres perfiles restantes. Sin embargo, los senadores no llegaron a un acuerdo y dicho organismo sigue operando sin su pleno completo.
Según Peschard, los organismos autónomos incluidos en la reforma del presidente “son sobre todo aquellos que han demostrado tener un comportamiento independiente de las decisiones del gobierno, y el INAI ha resultado muy incómodo para el Gobierno”.
“En una completa concentración de poder en el Ejecutivo”
Entre los organismos autónomos más fieles al presidente se encuentran los energéticos, la CRE y la CNH, cuyos comisionados se han apegado a los lineamientos del ejecutivo respecto a permisos de energías renovables (otorgando el menor número posible) y permisos para extraer hidrocarburos (otorgando el máximo posible a empresas como Petróleos Mexicano, Pemex). No obstante, estos dos reguladores también serían desaparecidos en la propuesta de López Obrador.
“En una completa concentración de poder en el Ejecutivo. Es una reforma que elimina los contrapesos que buscaban justamente darle mayor eficiencia técnica a las diferentes áreas del gobierno”, dijo a La Silla Rota Gonzalo Monroy, consultor y experto en temas energéticos.
Pese a su lealtad, el presidente ve a estos organismos autónomos como un obstáculo en su administración, dijo el experto.
“No los piensan como si fueran un mecanismo para ejercer la política pública. Él los ve como un obstáculo a la predominancia de su poder (...) Ya que subió a la azotea, está destruyendo la escalera que lo llevó ahí”, agregó.