Al menos 4 de las iniciativas de reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este 5 de febrero se conectan entre sí, con un mismo fin: abastecer de recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se encargará de garantizar las pensiones al 100% de trabajadores bajo el régimen del 97 y Afores. Los recursos de lo que expertos han calificado como como una misión casi imposible saldrán no solo de un “fondo semilla” que se abastecerá de lo incautado al crimen organizado, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), sino de la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial y de la eliminación de institutos y órganos autónomos.
La Silla Rota revisó los dictámenes de impacto presupuestal de cada una de las 20 propuestas de reforma que presentó el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados. En ellos, la Secretaría de Gobernación informa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el gasto de recursos públicos que tendrá cada uno de esos cambios. En todos los proyectos, Gobernación asegura que no tienen impacto directo al presupuesto anual porque “no considera la creación o modificación de unidades administrativas y plazas, o en su caso, la creación de nuevas instituciones”.
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La misma consideración se tiene sobre el presupuesto finalmente asignado en cada una de las dependencias que absorberán los cambios impulsados por el gobierno de la autodenominada 4T. “La Segob indica que el proyecto no establece destinos específicos de gasto público”.
A pesar de ello, las reformas propuestas por López Obrador hacia el cierre de su sexenio tendrán un impacto presupuestario de 4.1% en el Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un análisis hecho por el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, coordinado por Ignacio Martínez, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios.
La reforma de pensiones y un gasto superior
El único proyecto que reconoce un impacto presupuestal es la iniciativa que reforma el artículo 123 constitucional en materia de pensiones. La misma supone la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, que tendrá un “fondo semilla” –como lo llamó López Obrador en la presentación de dichas reformas– de 6,955 millones de pesos este 2024. La reforma contempla, en total, un fondo en recursos de 64,000 millones de pesos.
Además, prevé que el Fondo de Pensiones para el Bienestar tenga aportaciones iniciales y complementarias del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); igualmente de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, en proporción con sus utilidades anuales.
El dinero para abastecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar igualmente tendrá ingresos de la eliminación de organismos autónomos propuestos en otra de las iniciativas, los institutos que “duplican funciones” –según lo asegura el gobierno–, así como de la eliminación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y de los 13 fondos y fideicomisos que plantea eliminar la Reforma al Poder Judicial.
Uno a uno: los recursos del Fondo de Pensiones
El Fondo de Pensiones para el Bienestar se compondrá de aportaciones iniciales y complementarias. En las primeras se contempla el 75% de recursos netos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado por cada año. A ese dinero se sumará el porcentaje que determine el Instituto sobre la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Ese dinero pasará, primero, a la Tesorería de la Federación bajo la categoría de “aprovechamientos” y la Secretaría de Hacienda deberá reetiquetarlos para que sean enviados al Fondo de Pensiones.
El mismo camino seguirán los recursos obtenidos de la eliminación de 13 fideicomisos y fondos de los trabajadores del Poder Judicial. Estos deberán pasar, primero, a la Tesorería y luego deberán enviarse como recursos complementarios al Fondo de Pensiones, bajo el concepto de “aprovechamientos”. El dinero de la eliminación de esos fideicomisos el mismo presidente los comprometió para apoyar a los damnificados de Acapulco, en su conferencia mañanera del 31 de octubre de 2023.
Dentro de los recursos de aportación inicial se mantienen los inmuebles y construcciones propiedad del Fonatur, los montos derivados de los cobros por adeudos que las dependencias de la Administración Pública Federal tienen ante el SAT, el ISSSTE y el IMSS; también de las aportaciones que estas últimas dos instituciones de seguridad social hagan bajo concepto de aportación para las pensiones de los trabajadores.
Dentro de las aportaciones complementarias, además de los recursos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, se propone integrar “los recursos financieros y economías que se generen con la eliminación de los órganos autónomos, órganos reguladores y organismos descentralizados”. Entre esas eliminaciones se contempla a organismos como el INAI, la Cofece, el IFT y la CRE; además, institutos como el Coneval, el Imjuve y el Inapam.
A eso se suma el 25% del remanente de las utilidades netas que obtengan las entidades paraestatales sectorizadas a las Fuerzas Armadas y las donaciones y ganancia en inversiones que deriven del patrimonio del mismo Fondo de Pensiones para el Bienestar.