Una de las 20 iniciativas de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados pretende universalizar el acceso a la salud de todos los mexicanos, mismo que ya se establece en el artículo 4 de la Constitución, pero ahora se pretende modificar un párrafo que estipula los siguiente: “el Estado garantizará atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios para garantizar este derecho”.
Respecto a la iniciativa de ley en materia de salud, Judith Méndez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) menciona en entrevista que "en la reforma se habla de la necesidad de universalizar la cobertura de salud, pero no menciona la inversión suficiente para dar estos servicios, incluso no se dice de donde van a salir esos recursos".
David Sánchez Mejía abogado del ITAM, maestro en derecho de la salud por la Universidad de Loyola en Chicago y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) menciona en entrevista que “la iniciativa parte de un mal entendimiento de la Constitución y de lo que tiene que hacer un texto constitucional. Me parece que la iniciativa en ese sentido parte de una premisa equivocada de que por ponerlo en la Constitución la realidad va a cambiar, eso sabemos que no es así, el hecho de que una norma se cambie no necesariamente implica que la realidad cambie”.
Te podría interesar
Respecto a las líneas que se buscan adherir en el artículo cuarto constitucional el abogado menciona que la realidad en lo que se refiere a los servicios de salud no cambia cuando se ponen modificaciones en la constitución, sino que el cambio depende de “una mayor inversión en salud, que el gasto programado se ejecutará adecuadamente, que las compras de medicamentos hicieran de manera ordenada, etcétera”, menciona el especialista.
“La iniciativa es muy pequeña y no hay ningún punto en el que nosotros podamos observar, que se va aumentar el presupuesto, que se buscará la manera en que se aumenten los recursos en salud. Yo más que modificar la Constitución me parece que si lo que se intentaba o lo que se intenta es transformar completamente el sistema nacional de salud actual, lo que se tendría que hacer es pues cambiar por completo la ley”, menciona el abogado.
Para el rubro de salud, en 2024 se destinarán 962 mil millones de pesos, que representan un incremento del 5.8% (53 mmdp) en comparación con el presupuesto para 2023.
La expectativa rebasada por la propuesta
La iniciativa de reforma, enviada a la Cámara de Diputados establece que “en México, las políticas económicas de orientación neoliberal, junto con las reformas efectuadas en los sistemas de seguridad social en 1997 y 2007, así como la reforma financiera de 2003, impulsaron la descentralización del sistema de salud”.
También, se menciona que “el gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia el 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos”, sin embargo, no se estipula de dónde se tomarán los recursos para la ejecución de la reforma.
Al preguntar a Judith Méndez respecto a la iniciativa de reforma en materia de salud señala que lo que ya se envió a la Cámara de Diputados se le hizo algo decepcionante y menciona: “esperaba un poco más, la verdad de tanto que se anunció este paquete de reformas sobre todo porque por la ausencia de la discusión en el tema de finanzas públicas o de presupuesto en todas las reformas, pero en particular en el tema de salud”. La especialista hace hincapié en que se necesita una discusión en términos de finanzas públicas para determinar cómo y con qué presupuesto se va lograr la seguridad universal.
“En la reforma se hablan de esta necesidad de universalizar, de cobertura universal, de aumentar en los servicios a toda la población, darles los insumos o los servicios que requieren, pero no mencionan la tercera variable que es el financiamiento, no hay tal cual una fuente de, ni siquiera una discusión de cómo se tendría que estar financiando”, comparte la especialista del CIEP.
Las promesas
Judith Méndez comparte que se requiere una inversión mínima de 6 puntos del PIB para el sistema de salud público y en México estamos muy por debajo de esa recomendación.
Al artículo cuarto constitucional se le pretende añadir que la población tenga acceso gratuito a estudios médicos, intervenciones quirúrgicas, medicinas y todo esto encaminado a la seguridad en salud de manera universal.
Judith Méndez explica que la modificación al artículo cuarto constitucional contempla garantizar el acceso a los servicios de salud a quienes no cuentan con ningún tipo de aseguramiento, pero a su criterio al no estipular de donde se van a obtener los recursos, la iniciativa, de aprobarse, podría quedar en una simple promesa.
“Esta reforma constitucional tendría que corresponder una adecuación de la Ley General de Salud o de cualquier otro ordenamiento para darle pues sentido, los transitorios de la iniciativa presidencial dicen que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días, para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar continuidad”, explica David Sánchez.
La especialista en presupuesto público hace énfasis en que sería necesario establecer a qué servicios se puede acceder, pues decir que a todos de manera gratuita es muy ambiguo. “No hay un sistema de salud que aguante eso, por lo general se restringe enfermedades, se restringe a tipos de tratamientos por el tema de salud y se tiene la perspectiva de racionalidad, es decir no podemos ofrecer todo para todos, porque no es costeable, no tenemos un presupuesto ilimitado y por eso se acota, además por un tema ético”, explica Judith Méndez.
“Todas las reformas deben estar acompañadas de un impacto presupuestario pues se requiere financiamiento, por ejemplo, cuando tenemos un hogar, aumentan nuestras necesidades o tenemos una persona enferma, pues requerimos mayor presupuesto, porque vamos a dar atención, por eso necesitamos una discusión de presupuesto y como ciudadanos cuestionar cuando nos presentan una reforma, primero cuestionar cómo se va financiar”, concluye Judith Méndez.
David Sánchez explica que dentro de las reformas propuesta en material de salud, que recién presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador hay un rubro que se refiere a la prohibición de vapeadores y del fentanilo ilícito, “en el artículo quinto constitucional se refiere a la prohibición y comercialización de fentanilo y vapeadores”, explica el jurista, aunque menciona que la medida para la introducción ilícita de eso producto (vapeadores), ya se había estipulado y no hay resultados claros de decomisos o personas castigadas por este comercio, y por el contrario sigue su venta.
David Sánchez asegura que la iniciativa de reformar el artículo constitucional apunta más a ser “un esfuerzo por robarse la agenda pública, más que una solución para los problemas, que dice que van a solucionar, lo que se intenta es robar la agenda pública y distraerla de pues temas que están aconteciendo mucho más serios”.
El abogado asegura que para mejorar el sistema de salud no sólo se debe modificar la constitución, sino primero preguntar y contestar al cuestionamiento de cómo queremos organizar nuestro Sistema Nacional de Salud y responder esa pregunta en los hechos y denuncia que “lo que nos ha mostrado la presente administración es que quieren organizar el sistema a partir de un modelo centralizado. Esto no podemos catalogarlo de bueno o malo, necesariamente hasta que no se le dé una estructura, esta administración apuesta por un modelo centralizado para la prestación de servicios de atención en salud, pero debemos definir cómo queremos organizarlo”, concluye el abogado.