El Acuerdo Nacional para la Integridad de las Elecciones (ANIE), conformado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha presentado su segundo informe, centrado en el periodo de las precampañas correspondientes al calendario de las elecciones presidenciales en México, abarcando desde el 20 de noviembre de 2023 hasta el 18 de enero de 2024.
En un primer informe, el ANIE identificó cuatro grandes focos de riesgo que ponían en duda la legitimidad del proceso electoral. A saber:
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- El riesgo de que la inequidad con la que inicia la contienda electoral por los procesos anticipados de campaña sea determinante en el desarrollo de ésta;
- Que los actores políticos incumplen sistemáticamente las reglas electorales;
- Que las autoridades electorales tienen una capacidad operativa limitada;
- Que el crimen organizado esté, cada vez más, involucrado en la vida política del país.
En este segundo informe del ANIE, se resaltan los siguientes 4 focos de riesgo, que derivan de los primeros 4 problemas identificados previamente.
Simulación en las precampañas
El informe resalta que las precampañas fueron percibidas como una simulación, dado que las candidaturas parecían estar definidas mucho antes de iniciar este periodo. Sin embargo, se destaca el caso particular de la candidatura de Movimiento Ciudadano, que experimentó cambios debido a la renuncia de Samuel García, en medio de la disputa política en torno a la gubernatura de Nuevo León.
"Las precampañas cumplen la función de seleccionar por medio de una competencia democrática entre diversos perfiles que se postulan al mismo cargo dentro de un partido político o dentro de una coalición", resalta el informe.
En este sentido, este primer foco de riesgo, resalta el informe, es una consecuencia directa del mayor y principal foco de riesgo identificado en el informe pasado, puesto que no se han tomado medidas para atender la inequidad ocasionada por el arranque anticipado del proceso electoral, el problema continúa.
Crisis en las autoridades electorales
El ANIE identifica una crisis interna en las autoridades electorales, tanto en el TEPJF como en el INE, lo que afecta su legitimidad. Se señala que el INE no ha logrado consensos para designar a los titulares de importantes direcciones, mientras que el TEPJF ha experimentado un cambio en su presidencia en medio del proceso electoral.
El problema del INE deriva de que no se han podido designar por una mayoría calificada de consejeros y consejeras, los puestos están ocupados por personas encargadas por la consejera presidenta. El TEPJF decretó que, mientras no se logre un acuerdo, las encargadurías podrán permanecer indefinidamente, lo que "supone un amplio margen de discrecionalidad para la consejera presidenta, hecho que contraviene la naturaleza colegiada del Consejo General del INE".
En cuanto al TEPJF, se resalta "la dificultad para alcanzar consensos, el cambio de liderazgo a mitad del proceso electoral con el reajuste de los órganos directivos del TEPJF, la falta de una debida integración de los órganos directivos del INE y el incremento del control institucional de la presidencia en detrimento de las facultades colegiadas del Consejo General".
Estas crisis internas en el INE y TEPJF "minan su legitimidad como instituciones integradas por funcionarios profesionales y de carrera. Por último, sugieren una reducida calidad de la gestión y arbitraje político del que están encargados", expone el informe.
Tolerancia de los partidos a las sanciones monetarias
Se destaca que los partidos políticos están dispuestos a pagar sanciones monetarias por el rédito electoral que obtienen, lo cual pone en duda la efectividad de las medidas de fiscalización y control del INE sobre los procesos de selección de candidatos y coordinadores de coaliciones.
"El INE presentó el reporte de fiscalización de los procesos para seleccionar a las personas que habrían de coordinar cada coalición. En éste se explica que las principales causas para emitir sanciones son los egresos e ingresos no reportados y los gastos no comprobados. A pesar de que las multas suman más de 87 millones de pesos, los partidos políticos están dispuestos a pagar dichos montos por la exposición pública que significa para sus candidaturas", se lee.
Violencia electoral
El informe resalta la presencia de diversos tipos de violencia que ponen en riesgo directo a los actores políticos y amenazan el ejercicio de los derechos político-electorales. Se mencionan casos de asesinatos de precandidatos y aspirantes a cargos municipales, así como eventos violentos registrados principalmente a nivel municipal.
Durante los primeros días de enero de 2024 asesinaron a cuatro precandidatos y a una aspirante a cargos municipales. Al cierre de 2023, se registraron 574 eventos violentos en su mayoría a nivel municipal. Estos datos confirman que la violencia e inseguridad es una de las mayores amenazas a la integridad electoral. Su alcance, en términos de definir candidatos y condiciones de competencia, es cada día más alarmante.
En lo que respecta a la violencia política contra las mujeres en razón de género, el Informe realizado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Nacional Electoral permite identificar que del 14 de abril del 2020 al 5 de diciembre del 2023 se recibieron 330 quejas, denuncias o vistas. De los 86 procedimientos concluidos, en 28 de estos, se decretó la existencia de Violencia Política en contra de las Mujeres en razón de Género.
Incertidumbres y Desafíos
El ANIE identifica incertidumbres y desafíos que aún persisten en el proceso electoral, tales como la discrepancia en las encuestas con respecto a la distribución del electorado, la capacidad organizativa del INE para iniciar las visitas de los capacitadores asistentes electorales (CAE) y los señalamientos de riesgo de captura de las autoridades electorales.
El informe subraya la importancia de abordar estas incertidumbres y desafíos con prontitud y contundencia, asegurando la integridad y la legitimidad del proceso electoral en curso, así como el respeto a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en la organización de las elecciones 2024.