Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum oficializó la desaparición de siete órganos autónomos al publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que ordena la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
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El Congreso de la Unión contará con un plazo de 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar los ajustes legislativos necesarios, de acuerdo con lo dispuesto, excepto lo señalado en el artículo Décimo transitorio.
De acuerdo con el decreto, las modificaciones deberán incluir la eliminación de organismos, unidades administrativas o estructuras que dupliquen funciones.
¿Qué propone el decreto?
El decreto elimina siete órganos autónomos, incluido el INAI, así como 32 órganos estatales de transparencia. Los órganos afectados son:
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y 32 institutos locales de transparencia.
Las funciones de estos órganos serán transferidas a diversas dependencias federales; por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumirá las funciones del Coneval, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tomará las del INAI. El IFT será trasladado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y el Coneval se integrará al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
La Cofece pasará sus funciones a la Secretaría de Economía (SE), y tanto la CRE como la CNH se integrarán a la Secretaría de Energía (SE). Las funciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) serán asumidas por la Secretaría de Educación Pública.
El decreto también establece que los recursos generados por la extinción de estos órganos serán destinados al Fondo de Pensiones del Bienestar. Los órganos desconcentrados y descentralizados se integrarán a las dependencias federales correspondientes, que asumirán sus competencias.
Además, se respetarán en su totalidad los derechos laborales de los servidores públicos afectados, conforme a la legislación vigente. Los recursos humanos de los entes extinguidos se incorporarán a las entidades que asuman sus funciones.
“Los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen a consecuencia del presente Decreto pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda".
El INAI exhorta a la sociedad a defender sus derechos
Tras la publicación en el DOF de la reforma que ordena su desaparición, el INAI instó a la sociedad a exigir el cumplimiento de su derecho a saber y a la privacidad, considerándolos herramientas clave para mejorar la vida individual, comunitaria y la calidad democrática.
En un comunicado, el INAI advirtió que, a partir de ahora, garantizar esos derechos podría volverse más complejo.
“La reforma que extingue al INAI, publicada el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación, no borra de la Constitución los derechos que garantiza esta Institución, pero lleva a México a un modelo donde su ejercicio pleno puede resultar complejo”, alertó el organismo.
En su posicionamiento, el INAI afirmó que México adoptará un nuevo modelo para el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, los cuales siguen siendo garantías vigentes en la Constitución. Sin embargo, advirtió que "la sociedad debe exigirlos como instrumentos para mejorar su vida, la de sus comunidades y la calidad democrática”.
"El INAI dejará de existir como institución autónoma, técnica y especializada responsable de garantizar esos derechos, pero la transparencia, el derecho a saber y el derecho a un uso legítimo de nuestros datos personales se mantienen y sólo a través de la demanda ciudadana podrán ser ejercidos a plenitud", exclamó.
INAI, 20 años defendiendo el acceso a la información
El Instituto recordó sus más de 20 años de historia en los que contribuyó al ejercicio de los derechos individuales de las personas, como acceder a su expediente clínico, conocer el número de sus semanas cotizadas o recibir expedientes indispensables para tramitar sus pensiones.
Además señaló que durante todo ese tiempo ha sido pieza clave para combatir la corrupción y las violaciones graves a los derechos humanos, así como para develar la verdad, proteger el medio ambiente y garantizar derechos fundamentales a comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad como migrantes, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad o la comunidad LGBTIQ+.
También fue fundamental para conocer la información de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas; los expedientes de Ayotzinapa y Tlatlaya; los casos Odebrecht, La Estafa Maestra o el socavón del Paso Express de Cuernavaca, Morelos, entre muchos otros más.
Destaca su labor en la construcción de bases de datos verídicas y confiables sobre la violencia de género, la atención a víctimas de violencia sexual, los servicios de salud reproductiva, el pago de pensiones alimentarias y la protección en casos de violencia vicaria.
Por último, el el INAI aseguró que trabajará hasta el último día de su existencia, para garantizar a cabalidad los derechos humanos que dieron vida a este organismo constitucional autónomo. Y se dijo dispuesto a contribuir en la construcción de un nuevo modelo de garantía de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, por el bien de México.