En cuanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que se desechaba el proyecto que invalidaba partes de la reforma judicial, los trabajadores de juzgados y tribunales llamaron traidor al ministro Alberto Pérez Dayán y le pidieron que diera la cara.
El anuncio de Pérez Dayán de que no acompañaría el proyecto de Juan Luis González Alcántara hacía imposible que se lograran los ocho votos necesarios para invalidar la reforma. Al sumarse al voto de las ministras cercanas a Morena, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, hacía imposible alcanzar las dos terceras partes de votos necesarios para invalidad los cambios a la ley.
Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, dijo que nunca esperaron que Pérez Dayán los traicionara.
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Mientras Aguayo hablaba, el ministro Luis María Aguilar salió de las instalaciones de la Corte para agradecer el apoyo de los trabajadores del PJF y dijo que hizo falta el apoyo de otras personas para haber logrado algo más.
Horas antes, trabajadores de los 32 circuitos judiciales manifestaron que dejaron los escritorios porque deben de luchar por las libertades de la ciudadanía.
También negaron que estuviera defendiendo privilegios y expresaron que hasta el último momento defenderán la división de poderes, porque se lo deben a sus hijos.
"Esta lucha no es por nosotros, es por ustedes, es su futuro el que está en juego. ¡Sociedad despierta, están acabando con tu país!", enfatizaron los trabajadores del PJF.
Un momento de esperanza
Hacia las 3.30 de la tarde, el optimismo de los trabajadores renació ya que la presidenta de la Corte, Norma Piña, propuso un receso ya que cuatro ministros habían anticipado su oposición al proyecto.
Al regreso, anticipó, tendrían que discutir qué criterio debían seguir, si el que establece la actual Constitución, que obliga a tener seis votos para invalidar una ley, o el que regía hasta el 15 de septiembre, que fijaba en ocho votos la cantidad necesaria para desecharla.
Sin embargo, al reanudarse la sesión la mayoría de ministros estableció que se requerían ocho votos para la declaración de invalidez, la decepción cundió.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) esperan la resolución de los ministros de la Suprema Corte de la Nación afuera del tribunal y al finalizar la discusión definirán las acciones a seguir, explicó su vocera, Patricia Aguayo.
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En caso de que sea aprobado el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carracá y la presidenta y los legisladores de Morena desacaten la resolución, Patricia Aguayo indicó que se viviría una crisis constitucional.
REFORMA JUDICIAL A DEBATE - SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
"Se generaría una crisis constitucional a la que estamos viviendo, que sería responsabilidad de las personas encargadas de cumplir con lo que resuelva la Corte", explicó.
Mientras los trabajadores del PJF esperaban a los ministros en la esquina de la calle Pino Suárez y Venustiano Carranza, la diputada Kenia López se unió a la manifestación.
La legisladora expresó que es excesivo el presupuesto de 13 mil 500 millones de pesos solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar las elecciones de juzgadores federales y locales.
El proyecto que discuten los ministros elimina la elección de jueces y magistrados locales y federales, pero mantiene la posibilidad de que los ministros de la SCJN sean elegidos por voto popular. También suprime la figura de los juzgadores sin rostro.
Para respaldar la independencia del Poder Judicial integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), junto con estudiantes universitarios, realizarán una marcha que partirá de la puerta de la Corte.
Porras y abucheos
Mientras la ministra Loretta Ortiz analizaba las acciones de inconstitucionalidad de la reforma judicial promovida por los partidos políticos, los trabajadores del PJF, bajaron el volumen a la transmisión para darle la voz a estudiantes que promueven la independencia judicial.
Minutos después, cuando Lenia Batres participaba en la sesión la recibieron con la consigna: "¡Juez votado, corrupto asegurado!".
Al mismo tiempo, integrantes de la organización civil presentaron 75 mil firmas contra la reforma judicial. De acuerdo con los activistas, la modificación constitucional se llevó a cabo mediante violaciones al proceso legislativo y sin escuchar las demandas de la ciudadanía.
Afuera de la Corte también estuvieron Guadalupe Acosta Naranjo y el exsenador Emilio Álvarez Icaza para manifestar su apoyo al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara.
Para Guadalupe Naranjo, de aprobarse el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carracá, representaría un triunfo tanto para el grupo político que apoya la elección de los juzgadores y para la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no se terminaría la carrera judicial.