Hace seis años, Andrés Manuel López Obrador y todos sus seguidores de Morena consideraban al ministro Juan Luis González Alcántara una persona honesta, abogado de primer orden y personaje de trayectoria intachable.
Los juicios no eran gratuitos, se debían a que el abogado egresado de la UNAM, especialista en derecho civil, maestro por la Universidad Fletcher de Estados Unidos, había sido presidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal del 2000 al 2003, cuando López Obrador gobernaba la capital del país.
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Tan buena fama tenía González Alcántara que López Obrador primero lo mencionó como probable fiscal general de la República en caso de que ganara las elecciones en 2018.
Ya instalado en el gobierno, el abogado hizo saber al presidente que le sería difícil cambiar la Fiscalía, mantenerse nueve años en ella y que podría ser más útil como ministro de la Corte.
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Así, en diciembre de 2018 González Alcántara fue incluido en la terna de candidatos a la silla que dejó José Ramón Cossío y llegó al máximo tribunal con una votación récord, de 114 votos a su favor, esto es, sólo 14 senadores le negaron su aprobación.
Fue tanta la presión desde el gobierno para que se le nombrara que durante el debate previo a la votación la panista Indira Rosales recriminó a sus colegas que parecían tener prisa para elegir al ministro antes del fin del 2018 y así facilitar la llegada de alguien afín al movimiento para que votara por un presidente de la SCJN del gusto del mandatario.
Ese nombramiento consolidaba lo que el propio jurista definió como una relación que se tejió a través del tiempo y que nació del tiempo en que colaboraron en la Ciudad de México y AMLO aceptó la propuesta de que el Tribunal Superior de Justicia ganara autonomía.
“Cuando llegué, hasta la compra de escobas tenía que ser aprobada, los nombramientos de jueces y magistrados en materia penal se decidían en la Procuraduría de Justicia, sólo la materia civil y familiar estaba en nuestras manos. A través de una relación muy cercana y respetuosa le expliqué cómo podíamos componer la procuración de justicia”, contó en entrevistas el ministro.
Rompimiento paulatino
González Alcántara Carrancá ha contado que su primera diferencia con López Obrador se presentó cuando en una reunión el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, la ministra Yasmín Esquivel, el exministro Arturo Zaldívar y el propio López Obrador, le informaron que se propondría ampliar el periodo de Zaldívar como presidente del máximo tribunal.
A su llegada al tribunal, el ministro votó a favor de Zaldívar para que presidiera la Corte durante cuatro años; cuando se propuso aumentar el periodo, en contra de lo que dispone la Constitución, él se negó y eso molestó tanto al presidente que lanzó una ofensiva constante contra la Corte que culminó con la propuesta de eliminar a todos los jueces, magistrados y ministros para remplazarlos por personas elegidas por voto popular.
Enemigo del movimiento
Si la negativa a apoyar a Zaldívar abrió una grieta entre dos personas que habían tenido una relación de cercanía y confianza que duró más de 20 años, el acontecimiento que provocó la ruptura fue el proyecto sobre el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Pese a que al crear ese cuerpo el gobierno se comprometió a que fuera dirigido por un civil y sólo se integraría temporalmente con militares, posteriormente cambió de opinión y presentó la iniciativa al Congreso, que fue aprobada por la mayoría de Morena y aliados.
Los partidos de oposición presentaron un recurso legal que fue analizado por González, quien propuso declarar inconstitucional el traspaso de la GN porque al crearla se había estipulado que la participación del ejército en ella debería ser excepcional y que la propia Carta Magna decía que los militares tienen prohibido llevar a cabo actividades de seguridad pública.
AMLO, en palabras del jurista, se sintió traicionado por el abogado a quien propuso para integrar el tribunal y se lo hizo saber por diferentes vías.
El ministro contó que Estela Ríos, la consejera jurídica que remplazó a Scherer, acudió en algunas ocasiones a la Corte para hacerle saber las objeciones del presidente a su proyecto.
En algunos casos, llegó cuando la Corte sesionaba y exigió que González Alcántara abandonara la sesión para escuchar sus quejas, reclamo que no fue atendido porque el juez no aceptó salir del salón de plenos y eso agudizó la molestia hacia él en particular y contra la SCJN en lo general.
Hoy, el ministro es acusado de querer legislar, de actuar ilegalmente, de aceptar recursos legales no contemplados por la legislación. Este martes se discutirá el que quizá sea el proyecto más importante de su vida y con el que se seguramente se le recordará cuando concluya anticipadamente su periodo el 31 de agosto del 2025.