El INAI, el IFT, el Coneval, la Cofece, MejorEdu, CRE y CNH son los organismos constitucionales autónomos que se sumaron a la ola de instituciones eliminadas bajo los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
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Los gobiernos de Morena han desaparecido diversos programas sociales, fideicomisos y entes públicos, bajo el argumento de que hay corrupción, aunque en ningún caso se han presentado pruebas o iniciado procesos penales o administrativos, como ocurrió en el caso del Fonden o las Estancias infantiles. Los recursos que se ahorran son destinados a programas sociales.
Como ejemplo está el caso del Seguro Popular, creado en el gobierno de Vicente Fox, López Obrador lo desapareció en 2019. Su justificación fue que “ni era seguro ni era popular” y compraba a sobreprecios medicinas y caducas a un grupo de empresarios.
También la desaparición de programas o entes públicos se ha justificado bajo el argumento de que son inútiles, onerosos o creados por los neoliberales, tal como ocurrió con la desaparición del INAI, que para expertos y legisladores de oposición fue extinguido pero porque resultaba incómodo para el gobierno, pues era el garante de la transparencia y rendición de cuentas públicas del gobierno.
Ni qué decir del Coneval, cuya utilidad era hacer el diagnóstico de manera objetiva y documentada sobre el tamaño de la pobreza en México y el verdadero impacto de los programas sociales.
La fiebre por desaparecer y cambiar nombres no se limita a instituciones del pasado neoliberal, pues además se ha usado para instituciones que la llamada cuarta transformación creó. El ejemplo es Segalmex, manchada por el desfalco de 15 mil millones de pesos, un caso de corrupción que hasta el propio Andrés Manuel López Obrador reconoció.
A su llegada a la presidencia, apenas pasaron 13 días, Claudia Sheinbaum hizo el anuncio de la fusión entre Segalmex y Diconsa para formar Alimentación para el Bienestar.
Sólo dos Ocas sobreviven
De la más reciente embestida de desapariciones, ocurrida apenas el 21 de noviembre a manos de la Cámara de Diputados pero propuesta desde febrero de este año por el entonces presidente López Obrador, solo dos Ocas sobrevivirán y mantendrán sus funciones: el IFT y la Cofece.
Serán absorbidos por la Secretaría de Economía pero conservarán su independencia, personalidad jurídica y patrimonio propios. Pero la razón no es la benevolencia o que el gobierno federal y el Poder Legislativo dominado por Morena se haya enterado de su utilidad, sino para no incumplir con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC.
Pero la desaparición de 7 Ocas, ocurrida en los dos primeros meses y medio del gobierno de Sheinbaum, no es la única de entes públicos o programas sociales desde 2018, cuando empezó a gobernar Morena y sus aliados. El predecesor de Claudia Sheinbaum, López Obrador, a su llegada extinguió programas sociales y políticas a diestra y siniestra.
Entre los cuales destaca el Seguro Popular, que primero se llamó Insabi, pero ante su fracaso fue desaparecido y ahora tiene otro nombre: IMSS Bienestar, que le tocará a la presidenta Claudia Sheinbaum sacar adelante.
También se redujo el número de becas que daba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se redujo en 67%, de acuerdo con datos de Mexicanos contra la Corrupción.
Los fideicomisos, para políticas del Bienestar
De manera voraz también se han extinguido los fideicomisos. Fue el caso de los del Conacyt (ahora Conahcyt), que desde 2020 pasaron a uno solo fondo. Con ello, se recortaron las becas para estudios de posgrado en el extranjero, que se redujeron en 67%, según Mexicanos contra la Corrupción.
Además, en plena época de calentamiento global, sequía y climas extremos que incluyen la formación más rápida y letal de fenómenos meteorológicos como Otis y John, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, que comenzó a operar en 1999, precisamente para atender los efectos de los desastres naturales, dejó de existir en 2019.
El Fonden fue eliminado en 2020, en el contexto de la pandemia de la covid19. Ahora es un bono catastrófico. De acuerdo con analistas, el problema es que es un recurso que se otorga anualmente, lo que no garantiza que cuando se presente un desastre, se tenga el dinero necesario.
Para justificarlo, López Obrador acusó que había “una constelación de empresas” alrededor del fondo, que vendían las láminas, las despensas y los catres, que era manejada por la Secretaría de Gobernación y significaba un negocio de miles de millones de pesos.
A ello se sumarán los fideicomisos del Poder Judicial. Derivado de la reforma judicial, aprobada a mediados de septiembre, algo similar ocurrirá con 13 fideicomisos del PJ, de 6 mil 420 millones de pesos y que serán usados tanto para la elección de jueces, magistrados y ministros, así como para programas sociales y de salud.
Programas desaparecidos
Algunos programas fueron sustituidos, rebautizados con nombres alusivos al Bienestar, palabra que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empleó para identificar el sello de su administración, tanto que la otrora Secretaría de Desarrollo Social fue renombrada como Secretaría del Bienestar.
En materia educativa, el programa Escuelas de Tiempo Completo fue desaparecido en febrero de 2022 por orden del entonces presidente. El pretexto fue que había malos manejos. Cuando existía, beneficiaba a 3.6 millones de niñas y niños con aprendizaje, deporte y alimentación y permitía a madres y padres que trabajaban horarios flexibles para recoger a sus hijos.
Otro programa que sufrió la tijera presupuestal fue el de Refugios para Mujeres, usado por víctimas de la violencia, que el primer año se entregó tarde y reducido. Una tendencia que no cambió en la administración lopezobradorista.
Seguro Popular se convierte en Insabi y luego rebautizado como IMSS Bienestar
Otro programa que ya duerme el sueño de los justos es el del Seguro Popular, creado durante el gobierno de Vicente Fox. Su lugar primero lo ocupó el Instituto de Salud para el Bienestar que resultó un fracaso y desapareció en junio de 2023. Sus recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales, además de los inmuebles, derechos y obligaciones del Insabi, se transfirieron a favor del IMSS-Bienestar o a la Secretaría de Salud.
Gran parte de la apuesta del presupuesto en salud para el siguiente año se destinará al IMSS Bienestar, con el objetivo de concretar una alternativa a lo que fue el Seguro Popular, que incluya atención y abasto de medicinas, que se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno anterior.
Otro programa eliminado por presunta corrupción fue el de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, que beneficiaba a 290 mil niñas y niños en el país. Desapareció desde el primer año del gobierno pasado, lo que causó molestias y protestas de las madres afectadas. En lugar de estancias se convirtió en un apoyo directo para padres y madres y se le destinaron menos recursos al programa.
Prospera, un programa intersecretarial de Educación, Salud y Alimentación fue sustituido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Comedores comunitarios era otro programa, manejado por la Secretaría de Desarrollo Social. Beneficiaba a 500 mil personas. El objetivo era difundir y generar hábitos alimentarios saludables y Diconsa proveía el equipamiento e instalación de los comedores. El 85% del costo era absorbido por el gobierno federal. Hasta 2018 había 5 mil 541 comedores de este tipo. Pero en 2019 desapareció del presupuesto.
Atención a jornaleros agrícolas también es un programa desaparecido. Fue operado por la Sedesol. Tenía el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población agrícola y los integrantes de su hogar, con apoyos directos, becas para la permanencia en aula y apoyo económico. Sumaba 49 mil 138 personas beneficiadas.
Empleo Temporal, que era manejado por las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes y la del Medio Ambiente y que entre 2013 y 2017 tuvo un alcance de 2.6 millones de personas a través de 40 mil proyectos, también dejó de existir.
Fue diseñado para apoyar a mujeres y hombres que por quedarse desempleados enfrentaban una reducción de sus ingresos. El apoyo consistía en un pago equivalente al 99% del salario mínimo vigente.