El expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó su última declaración patrimonial, revelando los ingresos percibidos durante su gestión de seis años como funcionario.
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En el documento, entregado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) el pasado 25 de octubre y consultado a través del portal DeclaraNet, López Obrador reportó ingresos por un millón 239 mil 934 pesos hasta el 30 de septiembre de 2024, fecha en que concluyó su mandato.
Del total que el expresidente ganó durante su último año en la presidencia, 27,000 pesos corresponden al cobro de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, el programa social impuesto en su administración. En este contexto, López Obrador manifestó no tener ganancias por actividades distintas a su empleo público, a excepción de la Pensión del Bienestar para adultos mayores que recibe como todas las personas de su edad.
Por último, aseguró no tener ingresos por actividades financieras, profesionales, comerciales o empresariales, mientras que en el apartado de bienes inmuebles no reportó datos, ni tampoco en el de vehículos, además de que afirmó no tener deudas.
¿Quiénes están obligados a presentar la Declaración Patrimonial?
De acuerdo con el último párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con lo establecido en la fracción XXV del artículo 3º y los artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las personas servidoras públicas están obligadas a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Esta declaración debe realizarse bajo protesta de decir verdad, dentro de los 60 días naturales posteriores a la toma de posesión de sus cargos, y otra al concluir su encargo, en un plazo igual.
Además, deben actualizar estos informes anualmente, en mayo, mediante una declaración denominada “de modificación”. La declaración inicial y de conclusión deben incluir los bienes inmuebles, indicando su fecha y valor de adquisición. En las declaraciones de modificación, solo se registran los cambios en el patrimonio, especificando fecha y valor de adquisición a lo largo del año.
Los servidores y exservidores públicos presentan sus declaraciones a través de un formato emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. En este formato se solicita información sobre el monto total de sus ingresos y su origen, la situación actual de los bienes inmuebles y vehículos a su nombre, así como de su pareja y dependientes económicos. También deben informar sobre inversiones, cuentas bancarias y otros tipos de valores que posean.
Asimismo, se les cuestiona acerca de préstamos a su nombre, participación en empresas o fideicomisos, y otra información patrimonial. Con base en estos datos, se llevan a cabo revisiones sobre la evolución patrimonial de los funcionarios.