El gobierno de Enrique Peña Nieto tenía interés en hacer una disculpa pública a las víctimas y familiares de la matanza del 2 de octubre de 1968 cuando se cumplieron 50 años del hecho, pero el general Salvador Cienfuegos, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, se opuso a la idea.
Jaime Rochín, el extitular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) dijo a La Silla Rota que él le planteó la idea de la disculpa pública al entonces subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez. Cuando se publicó el documento recibió una llamada del entonces titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, quien le avisó que recibiría una llamada del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos.
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El general le manifestó su oposición a la disculpa y le dijo que desde que se publicó el documento entendían que el 2 de octubre habría una conmemoración contra el ejército.
“Usted está haciendo un monumento contra nosotros”, le reclamó Cienfuegos, en tono molesto.
Rochín le explicó que el memorial que ese año se iba a inaugurar era para las víctimas, como garantía de no repetición. Aclaró que la disculpa la tendría que dar el presidente, no el titular de la Sedena.
Pese a ello, el general Cienfuegos no estuvo de acuerdo, pero tampoco dijo más.
El 2 de octubre Rochín declaró en la Plaza de las Tres Culturas que la masacre estudiantil fue un crimen de Estado y ahí estaban presentes algunas víctimas y familiares suyos.
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Rochín añadió que otra circunstancia en contra de la disculpa fue que los 50 años de la matanza se cumplían en 2018, pocos meses antes de que terminara el gobierno de Peña Nieto y ya habían comenzado los trabajos de transición con su sucesor, Andrés Manuel López Obrador.
La recomendación viene incluida en el documento de la CEAV llamado Resolución de medidas de satisfacción colectiva, publicado en mayo de 2018.
El 26 de septiembre de 2018, el gobierno reconoció que la masacre estudiantil fue una violación a los derechos humanos y un crimen de Estado.
Rochín dijo que Alejandro Encinas, cercano al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente subsecretario de Derechos Humanos, conoció la propuesta de disculpa a las víctimas y estuvo de acuerdo.
Consultado sobre la disculpa que este 2 de octubre ofreció la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en nombre del Estado mexicano, Rochín reconoció que a pesar de que ya hubo el reconocimiento del papel del Estado en la masacre, la disculpa es importante.
“La presidenta lo instruyó de manera directa a la Secretaría de Gobernación, lo cual me parece que es un mecanismo válido. Lo que habría que saber también es si las propias víctimas fueron consultadas o participaron en este reconocimiento. Es un paso importante siempre y cuando lo vean positivo”, precisó.
Fue una sorpresa
La Silla Rota buscó a Félix Hernández Gamundi, uno de los integrantes del Comité 68, que año con año organiza las marchas conmemorativas por la masacre. Reconoció que para él fue una sorpresa la disculpa ofrecida por la secretaria de Gobernación la mañana de este miércoles, porque no fueron avisados o consultados.
Como sea, aclaró, se trató de un acto muy importante.
“Esta disculpa es un signo esperanzador, una medida necesaria. Todos tenemos mucho que hacer por delante porque el decreto es para que se abran y retomen los procesos de justicia”, enfatizó.
Recordó que esos procesos ya fueron abiertos, que en 2005 el juez José Ángel Mattar Oliva emitió una sentencia por genocidio a Luis Echeverria (ya fallecido) y otros responsables. Un año después, otro juez otorgó un amparo a Echeverría, que su abogado denominó libertad bajo reserva de ley.
“Significaba una libertad condicionada pero no cierra el proceso ni exonera como pretende el defensor del expresidente. Es falso. La sentencia es para efectos, pero no va al fondo que es el genocidio, que es un delito de lesa humanidad”, explicó Hernández Gamundi.
Además, precisó que hay 54 averiguaciones previas que se deben revisar, pero durante 20 años estuvieron perdidas.
“Hoy están en manos de la fiscalía de derechos humanos. Nos hemos reunido con ellos enfocados en reanudar y avanzar el proceso legal y penal y llegar a una sentencia y se repare el daño. Eso es lo que va a garantizar la no repetición. Necesitamos una sentencia definitiva”.
Hernández Gamundi, quien dio la entrevista minutos antes de encabezar la marcha que año con año sale de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo, dijo tener la esperanza de que con el naciente gobierno haya sanciones a los responsables, y que lo mismo ocurra con la búsqueda de verdad y justicia de la Guerra Sucia y el caso Ayotzinapa.
Hace notar que los tres casos han sido frenados en cuanto aparecen militares con responsabilidades, ahí surge una barrera para continuarlos y es la que hay que romper para acabar con la impunidad.
“La presidenta dice que ofrece garantías de no repetición, pero en nuestra percepción y en términos del proceso de justicia, la única manera de garantizarla es que los procesos penales lleguen a su final, con el debido apego a la ley, que haya sentencia, que sea ejemplar y que inhiba actos posteriores”.
Es un avance, falta la justicia
La Silla Rota también consultó al abogado del Comité 68 y también sobreviviente de la masacre estudiantil del 2 de octubre, Víctor Guerra. Consideró que la disculpa pública es un avance para el proceso de memoria, pero remarcó que aún está pendiente la justicia.
Guerra informó que el comité exige que se judicialicen todos los procesos que tenía la antigua Fiscalía Especial para Movimientos Sociales del Pasado (Femospp) en la que quedaron 54 averiguaciones previas por ejecutar, dirigidas a ciertos mandos militares y algunos civiles que eran funcionarios públicos de aquella época.
Se trata de personajes que estaban involucrados en el 68, la Guerra sucia y el Halconazo del 10 de junio de 1971 y que no se ejecutaron porque el último día del gobierno de Vicente Fox la Femospp desapareció por decreto.
Son esos pendientes los que piden tomar como punto de partida para que la Fiscalía General de la República haga la investigación y se pueda así juzgar a los autores materiales del genocidio.
“Fue obra del Batallón Olimpia, en esos años eran jóvenes como nosotros y muchos de ellos están vivos y se les debe juzgar como autores materiales de este crimen. Eso es lo que nos importa del decreto de la disculpa pública, que sea el punto de partida para que la Fiscalía realice su tarea de investigación y de seguimiento a los procesos penales y a los responsables que aún estén con vida”, expresó.
El abogado reconoció que sí se abrió la expectativa de que continúen las investigaciones porque tendrán en unos días reunión con la fiscalía de derechos humanos e incluso abrirán una mesa de trabajo.
“Este es el pendiente que queda. La Sedena es un ente cerrado que ni bajo las órdenes de López Obrador, que le dio las órdenes de entregar los expedientes, nunca lo hizo y siguen cerrados y cerrados. Ese es uno de los reclamos que tenemos. Que el ejército ya después de 56 años abra esos expedientes porque no tiene ningún motivo legal para seguir impidiendo que se tenga acceso a ellos”.