La sentencia de la jueza Nancy Juárez Salas del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, quien ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF) en un plazo de 24 horas, bajo pena de cárcel y destitución; ha recibido respuesta por parte de la mandataria. Sheinbaum aseguró que la jueza no tiene facultades para emitir dicha resolución y adelantó que se presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente durante la conferencia mañanera de este 18 de octubre al afirmar que no se eliminará la publicación de la reforma en el DOF. Además, anunció que se presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra de la jueza Nancy Juárez, acusándola de extralimitarse en sus funciones. “No vamos a bajar la publicación, número uno, y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura”, dijo la mandataria, quien, además, cuestionó la imparcialidad del CJF al no actuar con firmeza en otros casos similares.
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“Una juez no está por encima del pueblo de México”, dijo Shienbaum Subrayó que la orden judicial carece de sustento jurídico y que el Poder Legislativo es el encargado de ordenar la publicación de reformas en el DOF, un acto que ya se ha consumado.
Sheinbaum enfatizó que la reforma judicial busca una mayor autonomía e independencia para el Poder Judicial, y aseguró que las medidas adoptadas por algunos jueces no impedirán su implementación. Además, criticó duramente al CJF por no estar cumpliendo con su papel de supervisar la actuación de los jueces y sancionar cualquier irregularidad.
La presidenta reiteró su compromiso de llevar la denuncia ante el CJF para que se investigue la actuación de la jueza Nancy Juárez y de otros jueces que han intervenido en el proceso. Aunque reconoció que hay poca confianza en que el Consejo actúe con firmeza, aseguró que no permitirá que estos actos queden en la impunidad.
La Asociación nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito (Jufed) condenó el anuncio de la presidenta de que no acatará el mandato de la juez que ordenó retirar del Diario Oficial la reforma al Poder Judicial porque ni la Constitución ni su ley reglamentaria le conceden esa facultad.
La agrupación de impartidores de justicia consideró que se está volviendo un problema sistemático el desacato a las suspensiones dictadas por el Poder Judicial "que implica un grave riesgo para la protección de los derechos fundamentales de cualquier gobernado".
Los jueces señalaron que en cualquier país democrático esas decisiones de jueces se combaten en tribunales mediante impugnaciones "y no mediante amenazas de denuncias en contra del emisor, situación que demuestra claramente que, en el Estado Mexicano, se ha roto en nuestro país, el orden constitucional y el estado de derecho".
Jueza carece de facultades: explican Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar
Godoy dijo que los jueces de distrito están excediéndose en sus facultades. Según Godoy, la intervención de estos jueces implica que buscan ponerse por encima del Congreso de la Unión y de los congresos estatales, desafiando las facultades constitucionales del poder reformador.
La funcionaria federal enfatizó que la suspensión de una reforma constitucional es improcedente, ya que la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, representado por los órganos legislativos, no en un juzgador de distrito. "Pretender suspender un proceso constitucional es usurpar atribuciones que únicamente corresponden al poder reformador de la Constitución", explicó.
La intervención judicial ha sido duramente criticada también por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar. Según Zaldívar, los jueces de distrito no pueden otorgar suspensiones que tengan efectos generales, como la eliminación de un decreto del DOF. Señaló que el acto legislativo ya está consumado y que una suspensión de este tipo sería jurídicamente inviable. "El amparo no procede contra reformas constitucionales, y una suspensión no puede tener un efecto constitutivo como retirar un decreto del DOF", declaró Zaldívar, quien además acusó a algunos jueces de tener un interés personal en bloquear la reforma.
Zaldívar también subrayó que la suspensión que se intenta otorgar no solo afecta al Poder Ejecutivo, sino también a los congresos estatales, lo cual sería una violación grave a la autonomía de los poderes. “Los jueces están actuando al margen de sus atribuciones y desafían el orden constitucional”, concluyó.
Acusan conflicto de intereses
Godoy también puso sobre la mesa la existencia de un claro conflicto de intereses por parte de los jueces que han emitido estas resoluciones. “Ellos mismos, como constitucionalistas y peritos en Derecho, saben que la SCJN ha negado la posibilidad de revisar reformas constitucionales en múltiples criterios y sentencias”, señaló. Por tanto, consideró que su actuación no solo es indebida, sino también contraria a la jurisprudencia establecida.
La denuncia que se presentará ante el Consejo de la Judicatura busca que se revise la actuación de los jueces de distrito implicados y que se determine si han actuado conforme a derecho. Según Godoy, este es un caso sin precedente en la historia reciente del país, ya que nunca antes se había visto que un juez de distrito intentara revocar una reforma constitucional aprobada por el poder legislativo y sancionada por el Ejecutivo.