Hasta abril fue aplazada la audiencia intermedia del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam por las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa. Durante la audiencia se esperaba que el Ministerio Público presentara las acusaciones en contra de Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, ilícitos por los que fue detenido el 20 de agosto de 2022. La Fiscalía General de la República (FGR) ya solicitó una condena de 82 años de prisión.
Tanto la defensa del exprocurador, así como la Fiscalía General de la República (FGR), buscan presentar pruebas en el juicio y solicitar la depuración o anulación de las mismas. Las evidencias las analizará el juez de Control y determinará cuales tienen sustento para poder continuar con la siguiente etapa de juicio oral en la que se analizarán cada una de las pruebas, se llevarán alegatos entre ambas partes y se dictará sentencia.
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En la etapa intermedia se da la oportunidad a la persona imputada (Jesús Murillo Karam) y a la parte ofendida (familiares o representantes de los alumnos).
En septiembre de 2023 se tenía previsto llevar a cabo la audiencia intermedia, sin embargo, la defensa de Murillo Karam solicitó aplazarla porque estaban por definirse amparos que pueden beneficiar al ex funcionario en el juicio que enfrenta. Hasta el momento no se ha informado el motivo por el cual se determinó diferir la audiencia programada para el 24 de enero de 2024.
La acusación
En agosto de 2022 el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) cuando salía de su domicilio ubicado en la calle Montañas Calizas, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.
Después de ser detenido fue trasladado ante el Ministerio Público para realizar las certificaciones necesarias para ser puesto a disposición de un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) del Reclusorio Norte para la audiencia inicial.
“Personal policiaco de la FGR cumplió la orden de aprehensión solicitada por esta institución y otorgada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en contra de Jesús M, quien fuera procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia".
Murillo Karam fue procurador general de la República entre diciembre de 2012 y enero de 2015 durante la administración de Enrique Peña Nieto. En 2014 encabezó las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de ese año en el municipio de Iguala, Guerrero.
Ese mismo año el exfuncionario dio a conocer la “verdad histórica” en la cual detalla la forma en que fueron desaparecidos los alumnos, así como su muerte y lugar donde fueron arrojadas las cenizas de algunos de ellos.
La investigación de la Fiscalía General de la República asegura que Murillo Karam “fraguó” la “verdad histórica”. Además, según la acusación, supuestamente, ordenó de forma premeditada, alterar, manipular evidencias y desviar líneas de investigación del caso. Además, según el Ministerio Público realizó una reunión con diferentes funcionarios para dar a conocer los avances de las investigaciones.
Las acciones realizadas por Jesús Murillo Karam, según el funcionario permitió el ocultamiento de lo que sucedió en realidad con alumnos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando fueron desaparecidos por el crimen organizado.
Una pena de 82 años de prisión
En julio de 2023 la Fiscalía General de la República pidió una pena de 82 años de prisión para Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República por los delitos de delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. Además de la peña en años, se pidió cubrir una multa de 20 mil días de multa
De acuerdo con la petición enviada por la FGR la FGR pidió al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, por desaparición forzada se solicitan 60 años de prisión; por tortura 12 y 10 años contra la administración de la justicia.
El exfuncionario permanece en prisión desde agosto de 2022. Por padecimientos de salud lo han trasladado a la torre médica de Tepepan, así como a hospitales particulares para recibir tratamiento. Su defensa ha tramitado distintos amparos para continuar su proceso fuera de prisión, sin embargo, la Fiscalía General de la República ha aportado pruebas para comprobar el riesgo de fuga y evasión de la justicia.