Este jueves, Human Rights Watch publicó su informe anual en el cual señala que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo, ha hecho pocos avances para atender los desafíos en materia de derechos humanos en México, incluyendo la violencia criminal extrema, violencia de género, ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
En este documento de 700 páginas que abarca más de 100 países, la organización describe que durante la presidencia de López Obrador, la tasa de pobreza se ha reducido del 41.9% en 2018 al 36.3% en 2022, según la agencia oficial de análisis de la pobreza.
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Sin embargo, la pobreza extrema se ha mantenido en el mismo nivel y el número de personas sin acceso a servicios de salud ha aumentado más del doble.
Alrededor del 90% de los delitos nunca se denuncian
La organización resalta que los índices de delitos violentos se han disparado en México desde el inicio de la “guerra contra el narco” en 2006, y aunque la tasa de homicidios descendió de 28 a 25.9 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2022, sigue siendo una de las más altas del mundo.
En cuanto al 2022, apunta que dos tercios de todos los homicidios se cometieron con armas de fuego y alrededor del 70% de las armas de fuego utilizadas en delitos entran a México de contrabando desde Estados Unidos, según estiman las autoridades.
Lo más preocupante, es que Human Rights Watch explica que las instituciones de procuración e impartición de justicia rara vez garantizan la rendición de cuentas por crímenes violentos y violaciones de derechos humanos, por lo que alrededor del 90% de los delitos nunca se denuncian y un tercio de los delitos denunciados no son investigados por las autoridades.
Asimismo, resalta que poco menos del 16% de las investigaciones se resuelven, ya sea en tribunales, a través de la mediación o mediante algún tipo de acuerdo reparatorio. Esto significa que, las autoridades resolvieron poco más del 1% de todos los delitos cometidos en 2022.
La tortura como "método" para obtener información en México
En este sentido, apunta que es habitual que policías, fiscales y soldados usen la tortura para obtener información y confesiones. En la encuesta más reciente a personas encarceladas realizada por el organismo oficial de estadísticas en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados señalaron que, tras ser detenidos, policías o soldados los habían sometido a abusos físicos.
Entre quienes habían confesado algún delito, el 38% manifestó haberlo hecho sólo porque las autoridades los habían golpeado o amenazado. Por lo que es importante considerar que, la autoridades recibieron al menos 15,904 denuncias penales por tortura entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023, según un registro nacional creado por la Fiscalía General.
40% de las personas encarceladas no habían sido condenadas por ningún delito
En este contexto, el documento destaca que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias visitó México en septiembre y expresó su preocupación sobre que “la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es catalizadora de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”.
Por esta razón, el organismo señaló que los jueces están obligados por la Constitución a dictar la prisión preventiva de las personas procesadas por una amplia variedad de delitos, sin evaluar las circunstancias del caso, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos.
"Más de 40% de las personas encarceladas en 2021 no habían sido condenadas por ningún delito. Las autoridades siguen aplicando el mecanismo de arraigo, una figura legal que les permite obtener autorización judicial para detener a cualquier persona por hasta 40 días sin presentar cargos por ningún delito".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en noviembre de 2022 y en enero de 2023 que el uso de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo por las autoridades mexicanas viola estándares internacionales de derechos humanos y les ordenó reformar sus leyes y su Constitución.
En julio, un tribunal federal determinó, basándose en la decisión de la Corte Interamericana, que las personas puestas en prisión preventiva oficiosa pueden obtener un amparo que obligue al juez de su causa a revisar la medida cautelar con la posibilidad de modificarla. La determinación aplica en los 18 estados de la región jurídica del centro-norte del país.
Las fuerzas de seguridad pública están legalmente obligadas a registrar las detenciones que realizan en el Registro Nacional de Detenciones, creado en 2019. Sin embargo, tanto el Ejército como la Marina siguen deteniendo a civiles sin informar de estas detenciones en el registro.
Miles de personas desaparecen cada año en México
Además de las detenciones arbitrarias, Human Rights Watch asegura que a pesar de que miles de personas desaparecen cada año en México, las autoridades suelen no tomar medidas básicas para buscar a personas desaparecidas. Esto, se debe "a la falta de capacidad forense que contribuye a que se produzcan desapariciones e impide su resolución".
"Las autoridades no lograron identificar unos 10 mil restos humanos en 2021, lo que representa aproximadamente 12% de los restos humanos procesados por las morgues ese año".
"La mayoría de los restos no identificados fueron almacenados o enterrados en fosas comunes municipales. Muchas otras personas desaparecidas probablemente fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes clandestinas por grupos criminales, soldados o policías".
"Entre 2006 y 2023, las autoridades y los activistas encontraron más de 5,600 fosas clandestinas en todo el país".
No obstante, el presidente López Obrador ha afirmado que la cifra oficial de desaparecidos, que superó las 110 mil personas en 2023, ha sido inflada de manera intencional para afectar políticamente a su gobierno.
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Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos
Por otro lado, aborda que México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, ya que desde enero hasta septiembre de 2023, ocho periodistas fueron asesinados y tan solo en el primer semestre de 2023, Artículo 19 registró 272 amenazas, ataques u otras formas de agresión contra periodistas.
"Es habitual que las autoridades no investiguen adecuadamente los delitos contra periodistas".
Desde su creación en 2010 hasta julio de 2023, la fiscalía especializada que atiende los delitos contra periodistas había iniciado 1,654 investigaciones y obtenido 35 sentencias condenatorias, incluyendo 7 por homicidio. La gran mayoría de las sentencias se obtuvieron después del nombramiento, en 2017, del fiscal especial actual.
Además, México es también uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos, pues en 2022, 22 defensores de derechos humanos fueron asesinados, según la organización de derechos humanos Comité Cerezo.
"Un programa del gobierno federal asigna escoltas y brinda dispositivos de pánico y otras formas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en situación de riesgo. El programa carece de personal y de fondos suficientes y tiene dificultades para coordinar con funcionarios estatales y locales".
"Ocho periodistas y dos defensores de derechos humanos han sido asesinados mientras se encontraban bajo la protección del programa".
Derechos de mujeres y niñas
De acuerdo con información del organismo, a pesar de que se ha legalizado el aborto en múltiples estados en años recientes, muchas mujeres siguen enfrentando obstáculos al intentar acceder al aborto.
La Suprema Corte resolvió, en 2021, que la criminalización de manera absoluta del aborto es inconstitucional, y que las personas no deberían enfrentar consecuencias penales por someterse a este procedimiento. También determinó que los gobiernos estatales no tienen la autoridad para legislar que la vida comienza en el momento de la concepción y que el derecho del personal médico a presentar objeciones de conciencia ante la posibilidad de practicar un aborto se encuentra sujeto a límites.
En 2022, el gobierno contabilizó 3,757 asesinatos de mujeres y de este total, la cuarta parte fueron considerados femicidios, es decir, asesinatos perpetrados contra mujeres por su género. No obstante, según indican organizaciones de derechos de la mujer, es probable que no se registren todos los casos de femicidios.
México ratificó el Convenio sobre la Violencia y el Acoso (C190) de la Organización Internacional del Trabajo en julio de 2022. El tratado obliga a México a brindar protecciones amplias para asegurar un ámbito laboral libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia de género.