A casi nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, este domingo, el Poder Judicial de la Federación ha emitido una orden para que el Ejército Mexicano no destruya documentos relacionados con el caso Ayotzinapa.
La medida fue otorgada como parte de una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo presentado por los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
La resolución forma parte de una demanda presentada el pasado 15 de agosto de 2023 ante el Poder Judicial, por los padres de familia de los normalistas en contra de la cadena de mando del aparato de inteligencia militar incumplió un Decreto Presidencial del 4 de diciembre de 2018, que ordenaba la colaboración en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
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En la demanda, las familias de los normalistas argumentaron que este incumplimiento viola el derecho de las familias de las víctimas y de toda la sociedad a conocer la verdad.
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En su demanda, las familias señalaron que el Ejército había ocultado arbitrariamente un número aún desconocido de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, a pesar de que se sospecha que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y el evento del 26 de septiembre de 2014.
Como medida cautelar, las familias solicitaron al Poder Judicial que ordene la preservación de la información para evitar su alteración, destrucción, depuración o eliminación, con la expectativa de que una vez resultó, el Poder Judicial ordene la entrega de la información faltante utilizando sus facultades en los juzgados de amparo.
La demanda fue admitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y comenzó a tramitar el juicio de amparo correspondiente bajo el número de expediente 1350/2023. Inicialmente, se negó la suspensión provisional solicitada por las familias, pero estas presentaron un recurso de queja y el pasado viernes 1 de septiembre, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió una resolución en el expediente 353/2023, concediendo la suspensión que las familias habían solicitado.
El Tribunal Colegiado destacó que la sociedad tiene un interés legítimo en conocer las circunstancias relacionadas con el caso Ayotzinapa que podrían implicar graves violaciones a los derechos fundamentales, de ahí el ordenamiento judicial para que las autoridades militares se abstengan de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar la información identificada por los demandantes en su demanda.
Sedena oculta información GIEI
El julio pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe del caso Ayotzinapa; Carlos Beristain, integrante del grupo, destacó los distintos niveles de instituciones del Estado implicadas en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. El Ejército mexicano continúa ocultando información que pudiera ser clave para conocer las acciones que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala y la Secretaría de Marina ayudó a la conformación de la llamada "verdad histórica", de acuerdo con el sexto y último informe del GIEI.
"Se sigue mintiendo sobre la ausencia de información en Sedena sobre el posible destino de los estudiantes", expresó Carlos Beristáin, miembro del GIEI, al señalar inconsistencias en lo que la dependencia ha referido respecto a los hechos.
También señaló que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y ahora llamado Centro Nacional de Inteligencia, ha ocultado su participación en detenciones e interrogatorios como parte de las investigaciones, además de que en las indagatorias, los militares "han dado varias declaraciones y han ha ido cambiando".
Incluso, de acuerdo con lo reportado por el informe del GIEI, se tomó conocimiento de que hubo un seguimiento completo de las actividades de los normalistas.
Ángela María Buitrago, del GIEI, comentó que existe evidencia de que hubo más personas involucradas, y no identificadas que tuvieron comunicación con autoridades, por lo que se pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar esta línea.
De acuerdo con el GIEI, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) estuvieron presentes en los dos puntos donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, según su último informe .
"Conocimos algo que no se había dicho, que Sedena va al Palacio Municipal. Esto nunca lo dijeron antes", dijo Ángela Buitrago, quien junto con Carlos Beristáin, ambos del GIEI, llevó el mando de la conferencia de prensa.
Esto pudieron establecerlo gracias a la elaboración de un mapa de localización de comunicaciones que, según las antenas que recibieron señal de celulares, ubica a las personas que estuvieron en las zonas de movimiento aquella noche del 26 al 27 de septiembre.
"Sabemos que Sedena se movió de diferentes maneras y nunca lo sostuvo en las entrevistas", añadió Buitrago.
También aseguraron que hubo comunicación "permanente" y "bidireccional" entre esta instancia y el C4 (Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicación).
En el C4 se encontraban dos hombres de Sedena: uno de ellos recibía llamadas y otro manipulaba las cámaras y las direccionaba para que no se viera el paso de camionetas con estudiantes.