La Fiscalía General de la República (FGR) alista la presentación de una apelación (queja) contra el juez de Control que el pasado jueves suspendió el juicio de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso AgroNitrogenados contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos Pemex (PEMEX).
El pasado jueves, el juez tomó la petición del abogado Alejando Rojas Pruneda, quien argumentó una tesis aislada publicada por un Tribunal Colegiado de Querétaro en el Semanario Judicial. En la solicitud, el litigante pidió suspender el juicio porque ya se estaba pagando la reparación del daño a través de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México. La tesis establece que la celebración de un acuerdo reparatorio, efectuada por una de las personas en el mismo juicio, beneficia a otros imputados, como en el caso de Emilio Lozoya.
Por solicitud del abogado Alejando Rojas Pruneda, el juzgador aplicó un criterio aislado de un tribunal colegiado, publicado apenas el pasado viernes en el Semanario Judicial, que establece que la celebración de un acuerdo reparatorio por parte de un procesado beneficia al resto de los imputados que no lo acordaron.
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El 19 de abril de 2021, Ancira pactó el pago de 216 millones 664 mil 40 dólares en un plazo de 3 años. Hasta el momento ha pagado 104 millones 166 mil 50 dólares.
La FGR asegura que la suspensión otorgada por el juez de Control, Gerardo Alarcón López, violó flagrantemente el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que señalan los artículos del 186 al 190.
“Además, viola preceptos terminantes de la Ley de Amparo y del Código Nacional, produciendo un grave daño a las víctimas y una ventaja indebida al procesado. Dicha determinación viola el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos mencionados”.
Para la Fiscalía General de la República, al suspender el juicio, el juez dio por reparado el daño que causó Alonso Ancira. Según la FGR el acuerdo el pago no es aceptado “explícitamente por las víctimas, de la venta en un precio abusivo e ilegal, de la planta industrial Agronitrogenados a Pemex, dirigida en ese entonces por Emilio Lozoya”.
“Tampoco señaló el Juez que a Emilio Lozoya, se le acusa de haber recibido un soborno de Alonso Ancira, por cerca de 4 millones de dólares, cometiendo así el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al utilizar dicha suma para adquirir una residencia de gran lujo en la Ciudad de México, de lo cual no ha reparado el daño causado”.
Para el FGR, el juez tomó la decisión de suspender el juicio basándose en una tesis aislada sobre delitos que son diferentes a los de este caso y la cual no genera derechos, al corresponder a un circuito judicial de Querétaro que no es aplicable obligatoriamente en la Ciudad de México.
“En cambio, el Juez si actuó ilegalmente, al omitir su obligación indeclinable de fundar y motivar en la ley y en la jurisprudencia vigentes, su acuerdo; ya que los artículos correspondientes del Código Nacional no establecen, en modo alguno, que un acuerdo para uno de los imputados de un delito les beneficie al resto de los involucrados”.
También, según la FGR, omitió señalar que Emilio Lozoya, no ha celebrado acuerdo reparatorio alguno con las víctimas, como lo establece el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dejándolas en estado de indefensión en los términos de lo señalado por el artículo 20 de la Constitución y 109 de dicho Código Nacional.
“Es necesario reiterar que a Alonso Ancira se le procesó por haber vendido a Pemex, de manera abusiva, una planta industrial en un valor desmesurado e injusto. Y a Emilio Lozoya, se le imputa haber recibido un soborno de cerca de 4 millones de dólares, con los que compró ilegalmente un inmueble de alto lujo, cometiendo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.