Nueve años han pasado desde la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa y el caso sigue impune. Hasta el momento, ninguna de las personas detenidas por las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido sentencia por secuestro, homicidio, así como desaparición forzada.
A nueve años de ser vistos por última vez en el municipio de Iguala, Guerrero, las investigaciones solo han llevado a la sentencia de algunos de los implicados por delincuencia organizada, portación de armas de fuego, así como delitos contra la salud.
El seguimiento llevado a cabo por La Silla Rota de las personas detenidas, incluyen la liberación de más de 130 policías, autoridades municipales, de protección civil, militares, policías federales, ministerios públicos, así como supuestos integrantes de la organización Guerreros Unidos, grupo al cual se le atribuye la desaparición de los estudiantes la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
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Las investigaciones del gobierno federal, así como del estado de Guerrero, incluyen la detención y liberación de los supuestos autores intelectuales y materiales de la desaparición, sin embargo, varios de ellos ya fueron liberados.
Entre ellos, se encuentran: Agustín García Reyes, “Chereje”; Darío Morales Sánchez, “Comisario”; Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”; Jonathan Osorio Cortés, “El jona”; Miguel Ángel Landa Bahena, “El Chequel” o "Duba"; Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Salvador Reza Jacobo, “El Wereke”.
También, se encuentran policías de Iguala, Cocula, Taxco, así como otras instituciones de seguridad municipales, acusadas de dar protección al grupo criminal, así como participar en la desaparición de los alumnos.
Entre las personas que se encuentran detenidas y bajo proceso, e incluso sentenciadas, se encuentran José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala; su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, así como Felipe Flores, Velázquez, ex director de Seguridad Pública del mismo municipio.
Investigaciones estancadas
Al iniciar el sexenio el gobierno federal se comprometió a esclarecer la verdad e informar sobre el paradero de los alumnos. La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa en diciembre de 2018.
En junio de 2020, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que la “verdad histórica” dada a conocer por el entonces procurador Jesús Murillo Karam en 2014.
Según el fiscal se estaban realizando investigaciones para mostrar una verdad diferente y llevar a prisión a funcionarios públicos que participaron en la desaparición de los alumnos.
“Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República”.
El fiscal aseguró que “todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales que han sido confrontadas con la secuencia de los hechos, y con las periciales de ubicación e identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido”.
Las investigaciones llevaron a la emisión de órdenes de captura, entre ellas, una contra Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la cual no se ha cumplimentado.
También contra Ezequiel Peña Cerda, director de área de la AIC; Isidro Junco Barajas, ex agente de la Policía Federal Ministerial (PFM), así como Carlos Gómez Arrieta, ex titular de la Policía Federal Ministerial de la entonces PGR.
En el último año, se anunciaron nuevas detenciones contra 16 militares. Dos de ellas contra generales, un ex comandante del 27 Batallón de Infantería y uno del 41 Batallón de Infantería, un capitán, dos sargentos, un teniente, un subteniente, tres cabos, 10 soldados. También, un elemento de la Marina.
Después de ser detenidos, a ocho militares se les dictó formal prisión por el delito de desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos.
En agosto pasado, el General Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de la normal de Ayotzinapa, salió de la prisión del Campo Militar.
Su salida fue luego del cambio de medida cautelar, concedida por la jueza segunda de Distrito en Procesos Penales Federales, Raquel Ivette Duarte Cedillo, con sede en Almoloya, Estado de México.
También, durante este año fueron detenidos nueve policías estatales más por el delito de desaparición.
Hasta el momento se desconocen los avances de las investigaciones, así como el estado procesal de los mismos. El gobierno se ha enfocado en culpar a jueces y tribunales colegiados de librar a distintos implicados. De acuerdo con las sentencias, los detenidos fueron liberados por violaciones al debido proceso en su contra al momento de ser asegurados y al momento de interrogarlos.