La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) dio a conocer en redes sociales que serán afectados por los nuevos lineamientos del Sistema Nacional de Posgrado (SNP), el Acuerdo de Áreas y Temas, así como el Comunicado de Modificación de fechas de Becas Nacionales, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), que dirige María Elena Álvarez-Buylla.
En comunicado, la UAQ explicó que con las nuevas medidas “perderíamos 23 de los programas registrados en el SNP y, con ello, las y los estudiantes no podrán recibir becas de posgrado”.
La universidad queretana explicó que “este es un hecho por demás injusto y autoritario, pues los documentos antes mencionados emanan de la junta de gobierno impuesta de forma controversial y no acordada con la comunidad científica”.
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Adelantó que procederá por la vía legal para ejercer la legítima defensa de los intereses de la comunidad universitaria.
La Universidad Autónoma de Querétaro es una institución que, por mandato constitucional, ejerce tareas de docencia, investigación y extensión.
Remarcó que han formado a profesionistas competentes y comprometidos con la sociedad, al tiempo que se da la generación de conocimiento relevante en distintos campos y disciplinas, entre otras actividades.
Hizo el llamado a las autoridades a brindar un presupuesto suficiente, así como un marco normativo que permita potenciar el impacto y la eficiencia que la sociedad demanda de la universidad.
Álvarez-Buylla vs ciencia
En abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y criticada por la comunidad científica mexicana.
"(La nueva Ley de Ciencia) va a ser un lastre para el desarrollo científico de México, para las generaciones de jóvenes, hombres y mujeres, que quieran dedicar su vida a la ciencia", condenó el Colectivo de Científicos.
En diciembre pasado, conviene recordar, se presentó una nueva versión de la propuesta para la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que de acuerdo con investigadores tiene características “populistas y limitantes”, centraliza la toma de decisiones a lo que decida el gobierno federal a través de una agenda nacional y se deja en vilo los recursos que se deberán otorgar en el presupuesto anual a este sector, pues se elimina el piso mínimo que se había establecido, publicó LA SILLA ROTA.
Las Academias de Ingeniería, Mexicana de Ciencias y Nacional de Medicina reprobaron la aprobación este miércoles de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología.
Las Academias resaltaron que no se han concluido los Foros de Parlamento Abierto convocados por la misma Cámara. “En particular, son preocupantes las restricciones que este proyecto pretende imponer a la libertad de investigación en el país, la cual es indispensable para que la ciencia y la tecnología sean palancas para el desarrollo social”, expone el documento.
Los científicos pidieron a los senadores escuchar los argumentos sustantivos del sector académico sobre las consecuencias negativas del proyecto de ley antes de someter la propuesta a votación.
Problemas con la nueva Ley de Ciencia
La nueva Ley de Ciencia y Tecnología lleva al menos dos años de retraso, ya que debió haber sido aprobada por el Poder Legislativo en diciembre de 2020; sin embargo, tanto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que encabeza María Elena Álvarez Buylla, como el Congreso fueron posponiendo su debate y eventual aprobación.
Otro de los problemas que ha enfrentado esta nueva legislación es la desaprobación de la comunidad científica, que desde que circuló el primer borrador de la iniciativa expresó su malestar porque no se les convocó ni se les consideró para elaborarla, siendo que lo que ahí se establece les afecta directamente en su trabajo diario.
De acuerdo con el análisis elaborado por los investigadores, en la nueva propuesta para la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación “se establecen disposiciones de carácter populista, limitante”, criticaron miembros de la comunidad científica de México.
En la Ley de Ciencia y Tecnología original se estableció que se debía destinar al menos el 1% del Producto Interno Bruto anual al sector científico, cifra que a pesar de que estaba especificado en la legislación, nunca se alcanzó. Ahora, en la nueva ley se elimina la disposición de que el gasto nacional no podrá ser menor al 1% de PIB del país, lo que deja en vilo los recursos designados a la ciencia, porque ahora no habrá un piso mínimo.