VERACRUZ, VER. - Investigadores y académicos veracruzanos coincidieron en que la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), que entró en vigor el 9 de mayo y se aprobó en el Senado de la República, pone en riesgo la autonomía de las universidades públicas y privadas del estado de Veracruz.
La iniciativa fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión a finales de 2022 y aprobada por diputados, en su mayoría de Morena, durante la madrugada del 26 de abril del 2023 junto a una serie de reformas que causaron revuelo porque se votaron en una sede alterna al Senado y sin que estuviera presente el bloque opositor.
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En la nueva ley se modifica el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ahora se le sumó la “H” de las humanidades y pasará a ser el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). También hubo modificaciones en las que se pretende integrar en ese consejo a dependencias y entidades de la administración pública federal como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
Para los investigadores y académicos, Rafael Vela Martínez y Raúl Arias Lovillo, exrector de la Universidad Veracruzana (UV), se trata de un golpe para la comunidad científica y para los estudiantes e investigadores de universidades al querer pretender que las dependencias de gobierno decidan lo que se debe o no investigar.
Rafael Vela Martínez, investigador y académico de la Universidad Veracruzana, adscrito al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), expresó su preocupación, ya que serán funcionarios públicos quienes decidan qué se debe o no investigar, dejando a un lado a los científicos y a la comunidad estudiantil.
“Es una aberración coartar la libertad de los investigadores para trabajar en ese contexto, peor aún, no solo le quitan la autonomía de decidir a los centros de investigación Conacyt, sino además incorporan a funcionarios públicos”, dijo.
El académico agregó que, en el caso de Veracruz, es importante mencionar que no todos los que están al frente de una secretaría o de un cargo público son capaces para desempeñar su trabajo y mucho menos para proponer a los investigadores qué es lo que deben de estudiar.
Dejar los proyectos en manos de funcionarios puede ocasionar que se vean inmiscuidos intereses políticos que no precisamente serán beneficiarios para la población, dijo el académico.
“Nosotros estamos realizando muchísimos estudios, lo que sucede es que los tomadores de decisiones, es decir, los funcionarios públicos no se acercan a los investigadores, a los centros de investigación, a los institutos y cuando uno los invita, les hace llegar información, no la toman en cuenta. Anteponen sus intereses políticos y de grupo a generar condiciones de equidad, de desarrollo y superar los problemas que impiden el progreso de nuestro país”, agregó.
Un rezago en las investigaciones de universidades
De acuerdo con Rafael Vela Martínez, para que un investigador pudiera ser beneficiario del apoyo que otorgaba el Conacyt, debía esperar la convocatoria que cada año o cierta cantidad de tiempo se realizaba. Los candidatos proponían sus proyectos sustentados, el cual era evaluado por investigadores de este órgano, quienes calificaban si era novedoso e innovador, además de generar conocimiento.
Pero ahora este proceso retrocede, dice Vela Martínez, luego de que la Junta de Gobierno, integrada por las dependencias federales, será quien proponga los temas a investigar, lo que ocasionará un retraso en esta área y, sobre todo, en el estado.
Raúl Arias Lovillo, exrector de la Universidad Veracruzana (UV) y presidente de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) coincidió con su colega al señalar que en un inicio la aprobación de esta ley fue engañosa, sin que se consultara previamente a la comunidad científica.
El exrector expuso varios puntos que consideró preocupantes para el sector, uno de ellos es que se van a cortar los vínculos entre la comunidad científica, las instituciones de investigación y las universidades con el sector productivo, algo que costó muchos años lograr.
“A mí me tocó trabajar muy activamente en estos fideicomisos, representante de las instituciones en las que laboré y me daba cuenta claramente de cómo en lugar de desaparecer esta relación, tendríamos que haberla multiplicado”, comentó Arias Lovillo.
Otra de las cosas en las que hizo hincapié, fue que con estas modificaciones se atenta contra la autonomía de los estados. En los últimos años se estaban asentando las bases para que cada entidad pudiera impulsar su Conacyt local, para desarrollar estrategias de crecimiento y desarrollo en áreas estratégicas de acuerdo con las necesidades de cada entidad, ahora serán decisiones centralizadas desde la Ciudad de México.
“Tal vez mucha gente no lo sepa, pero tardamos 30 años en desarrollar el Sistema Nacional de Investigadores. Cuando esto nació no había una masa crítica de investigación científica y tecnológica en México, hoy que tenemos esa masa crítica, pues resulta que se le echa al bote de la basura. Realmente es inconcebible lo que está pasando”, puntualizó.
Esto ponen en riesgo las investigaciones locales en el estado, que actualmente se encuentra estancado en materia científica, por el desinterés total de los funcionarios.
Un golpe para las universidades privadas
El Decreto Oficial de la Federación (DOF), publicado el 8 de mayo de 2023 sobre la HCTI, en el capítulo II Artículo 34, dice que los apoyos de las dependencias y entidades se destinarán de manera preponderante a becas de posgrado y posdoctorado, a apoyos económicos para las universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público.
Lo que para los académicos quiere decir que excluyen a las universidades privadas quienes también cuenta con todos los conocimientos y preparaciones para desarrollar investigaciones de gran impacto, aseveraron los especialistas.
“En lugar de multiplicar la colaboración entre instituciones privadas, públicas y del sector empresarial, se deja de lado. Hay un atentado contra los derechos que tienen los investigadores de las universidades privadas y los estudiantes”, señaló Arias Lovillo.
¿En qué consiste la nueva ley?
De acuerdo con un comunicado emitido por el Gobierno de México y el Conacyt el pasado 29 de abril, esta ley fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y busca “favorecer el derecho humano a la ciencia y el conocimiento, al incorporar un enfoque humanístico que enmarca y guía el avance científico y el desarrollo tecnológico a favor del bienestar social y el cuidado ambiental”.
El documento señala que con la creación de esta ley también se pretende romper con el paradigma que en los últimos 3 sexenios permitió que salieran beneficiarias con recursos públicos proyectos privados de empresas transnacionales que solo simularon investigación y desarrollo tecnológico, sin resultados.
La investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Alma Maldonado, publicó en su cuenta de Twitter los puntos críticos de esta ley.
Uno de ellos es la creación de una Junta de Gobierno que contará con la participación de 14 secretarias e institutos nacionales, que excluyen a las universidades e investigadores. Además de un sistema de voz y voto descompensado al incluir más representantes del gobierno y solo 8 integrantes de los demás sectores.
La asignación de becas y financiamiento que el gobierno designe como prioritarias. En el Artículo 36 del decreto oficial, indica que todos los beneficios de las investigaciones y derechos de autor deberán ser para el bienestar del pueblo de México, en lugar de generar recursos para las instituciones de origen.
La desarticulación de los sindicatos independientes de investigadores. Eliminación del mínimo presupuesto para el sector del 1 por ciento del Producto Interno Bruto del país. La discriminación de investigadores y estudiantes de escuelas privadas, al no darles apoyo y financiamiento. Ausencia de fiscalización independiente al Gobierno.
El panorama que Rafael Vela Martínez y Raúl Arias Lovillo auguran para el sector de la investigación a nivel nacional es desalentador, pero también esperan que esta ley pueda ser apelada.
ys