La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que la eliminación del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) a través de un decreto que modificó la Ley Federal de Cinematografía es inconstitucional. A través de un comunicado, la dependencia informó que esta decisión se basa en dos argumentos principales:
- La desaparición del Fidecine eliminó el único mecanismo previsto en la ley que garantizaba el acceso y la participación permanentes en la industria cinematográfica, lo cual forma parte del derecho a la cultura reconocido en la Constitución Federal de México.
- Aunque se creó el Programa de Fomento al Cine Mexicano en sustitución del Fidecine, este programa no está previsto en la ley federal de cinematografía. Por lo tanto, su creación vulnera el principio de reserva de ley, ya que está regulando una materia que es competencia exclusiva del Congreso Federal.
Conviene recordar que el pasado mes de abril la SCJN ya había determinado que la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) es inconstitucional, en una votación de sala tres a dos a favor del amparo. Los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Javier Laynez votaron a favor del amparo, mientras que Loretta Ortiz y Yazmín Esquivel votaron en contra.
El fideicomiso, creado en 2002 para respaldar películas comerciales, ha apoyado más de 250 largometrajes en sus más de 18 años de existencia. A pesar de la orden del gobierno federal en septiembre de 2020 para eliminar más de 100 fideicomisos, incluido el Fidecine, el fideicomiso no ha sido desmantelado debido a los amparos promovidos por productores, aunque no está en operación actualmente.
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A finales de abril de este año, cineastas destacados como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, todos ganadores del premio Óscar en Estados Unidos, solicitaron a la SCJN que impidiera la desaparición del Fidecine. Como respuesta a esto y a la petición de la sociedad civil, la Segunda Sala rechazó un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quién tenía como objetivo la negación del amparo contra la extinción del fondo.
Contexto
En 2020, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador avaló –en un Congreso con mayoría morenista– la extinción de los fideicomisos, diversas organizaciones civiles y legisladores de la oposición de manifestaron en contra de esa medida.
La razón: más de 68 mil millones de pesos eran destinados a rubros como la atención de desastres naturales en zonas marginadas, protección a periodistas y defensores de derechos humanos amenazados por el crimen organizado, para otorgar becas en rubros de ciencia y tecnología, y hasta para la búsqueda de personas desaparecidas.
El decreto publicado en abril de 2020 por el presidente López Obrador, y luego las reformas legales avaladas a fin de año, buscaban devolver ese dinero a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Para el segundo trimestre de 2021 ya se habían extinguido 39 fideicomisos y se recuperaron 23 mil 697 millones de pesos, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo de David Colmenares Páramo, por su parte, no encontró irregularidades en la eliminación de 109 fideicomisos federales a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según su segunda entrega de la Cuenta Pública 2021.