En el país, quienes se dedican a la defensa de derechos humanos y buscan a personas desaparecidas, sufren intimidación y ataques, alertaron expertas de la ONU. El reciente caso de Teresa Magueyal, que perdió la vida en mayo, refleja la gravedad de la situación. Magueyal, tras tres años en busca de su hijo, sufrió un ataque en Celaya, es decir, en el centro del país, mientras montaba su bicicleta.
Araceli Rodríguez, otra defensora de derechos humanos, también fue víctima de agresión en marzo en Guerrero. Cabe mencionar que ambas se encontraban amparadas por el mecanismo federal para defensores de derechos humanos y periodistas.
Ante esta realidad, las expertas urgieron a las autoridades del país a asegurar la "libertad y seguridad" de los activistas centrados en las desapariciones forzadas en su labor cotidiana.
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Indicaron que operar bajo constante temor y amenaza desalienta a familiares de las víctimas, actores de la sociedad civil, y organizaciones. Este mensaje se difundió en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
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Además, hicieron un llamado a las autoridades para que actúen con celeridad en "investigar, procesar e imponer sanciones" a quienes atentan contra estos defensores. Expresaron su inquietud ante la persistente impunidad en crímenes contra defensoras y activistas, pese a las denuncias realizadas.
Las voces detrás de esta declaración corresponden a Mary Lawlor, especialista en defensores de los derechos humanos; Reem Alsalem, enfocada en la violencia contra las mujeres; y Claudia Mahler, dedicada a derechos humanos de las personas mayores.
Contexto
El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se conmemora este 30 de agosto. Desde el 21 de diciembre de 2011, la Asamblea General de la ONU marca esta fecha para enfocar la atención en el fenómeno que impacta a diversas regiones del planeta.
Antes relacionadas principalmente con dictaduras militares, las desapariciones forzadas ahora ocurren en contextos complicados de conflictos internos. Se emplean, en ocasiones, como herramientas de represión política. Los abogados, defensores de derechos humanos, testigos y familiares de las víctimas son frecuentemente acosados. Algunos estados justifican la desaparición forzada en la lucha contra el terrorismo, eludiendo sus obligaciones. Sin embargo, lo que resalta es la impunidad que rodea estas desapariciones.
La Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU define la desaparición forzada como cualquier forma de privación de libertad realizada por agentes estatales, o por quienes actúan con su autorización o apoyo. Esta privación se caracteriza por la falta de reconocimiento y por ocultar información sobre el destino de la persona desaparecida, evitando su protección legal.
Diversos derechos humanos se ven afectados por una desaparición forzada. Estos derechos comprenden tanto aspectos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Se vulneran, entre otros, el derecho a la libertad, a no sufrir torturas, a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición y a recibir protección y asistencia.
México enfrenta un grave problema con respecto a las desapariciones forzadas. Del 2006 al 2022 se documentaron 1,524 casos de desaparición forzada, asesinato y ejecución extrajudicial atribuidos a presuntos cuerpos de seguridad. Esta cifra se traduce en una víctima cada seis días. Veracruz lidera las estadísticas, seguido de Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Chihuahua.
Bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 308 crímenes de Estado en 29 entidades. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, las causas de desaparición en México son variadas y abarcan desde desapariciones forzadas y secuestros hasta reclutamiento forzado y sustracción de menores.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 292,969 personas desaparecidas desde enero de 1962 hasta agosto de 2023. De esta cifra, 111,095 personas continúan desaparecidas. Mientras que 181,874 han sido localizadas, ya sea vivas o fallecidas. La mayoría de las víctimas son jóvenes, siendo hombres entre 20 y 30 años los más afectados y mujeres entre 15 y 25 años.
Con información de EFE.
DJC