Al solicitar un aumento en 2024 para el Poder Judicial Federal (PJF) del 4% respecto al presupuesto aprobado en 2023, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que una política de austeridad lleva al rompimiento del Estado de Derecho.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ministra comentó que el Proyecto de Presupuesto para 2024, equivale al 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB). El documento que será enviado a la Cámara de Diputados para su estudio, justifica el incrementó, comentó Norma Piña, al mencionar que, entre los años 2018 y 2023, el PJF ha disminuido el presupuesto en el 15.4%.
“La asignación presupuestal al Poder Judicial Federal en nuestro diseño constitucional responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes; ejercicio que, si bien debe atender al principio de estabilidad financiera, lo cierto es que encuentra límites muy claros en la propia Norma Suprema. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”.
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En su discurso, comentó que es necesario el aumento ya que se debe de garantizar la impartición de justicia del país para las personas más necesitadas. Sin embargo, ante los recortes se impide el acceso a la justicia para todos.
"El acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad contribuyente. Es un derecho que no basta con enunciar formalmente en nuestro texto constitucional para que se haga realidad. Para que el derecho a la justicia sea efectivo, es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda. En este sentido, proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos, no sólo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos.
Agregó: “lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos. Desde el Poder Judicial Federal asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación —como cualquier función pública— está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal”.
Ante diferentes integrantes del Poder Judicial de la Federación, la Ministra Norma Lucia Piña, pidió respeto a las autoridades para garantizar la autonomía de los integrantes del PJF.
“México demanda un Poder Judicial fuerte, independiente y autónomo. Un Poder Judicial responsable y profesional que pueda garantizar el ejercicio de nuestros derechos, la igualdad ante la ley, la estabilidad de nuestras decisiones, el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país y la legalidad del actuar público. Este Poder Judicial, en términos de nuestra Constitución, confía en el respeto de dos principios fundamentales por parte de todas las autoridades del país: la división de poderes y la independencia judicial”.
La ministra explicó que los recursos, los cuales equivalen a 1.8 pesos diarios por cada mexicano, serán necesarios para el proceso electoral del próximo año, así como atender los recursos que se presentan cada año.
“En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así, se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. En 2024, desde el Poder Judicial Federal, habremos de atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se registra en los últimos cinco años. Si la tendencia en 2023 se mantiene, entonces el próximo año la Judicatura federal habrá de resolver 1.3 millones de casos nuevos”.
Otros rubros en los que se destinarán los recursos son: Instituto de la Defensoría Pública, la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como en seguridad del personal que integra el PJF.
“Se dispondrán recursos para el reforzamiento de las medidas de seguridad para las personas que integramos el Poder Judicial Federal. Impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal, ni a la de quienes nos rodean. La independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional”.