El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) puede sesionar con solo 4 de sus 7 integrantes. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió una suspensión para reanudar las discusiones de recursos de reclamación presentadas por ciudadanos contra la negativa de instituciones de gobierno de proporcionar información pública.
La determinación fue tomada durante la revisión del recurso de reclamación 229/2023 presentado a partir de la resolución del 24 de abril de 2023 en el que la ministra Loretta Ortiz Ahlf negó la petición del INAI para sesionar con solo 4 integrantes.
A través de un comunicado, el INAI reconoció "el compromiso de la Segunda Sala con la defensa de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales".
"El fallo da muestra de la importancia de los equilibrios de poder en el país, así como de la vigencia de un Estado de Derecho, en el que prevalezca el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los derechos humanos".
Fecha a fecha: la parálisis obligada
Desde el pasado 31 de marzo, el INAI paró las sesiones de su pleno porque no contaba con el quórum necesario para discutir los recursos de revisión o reclamación de los peticionarios de la Plataforma Nacional de Transparencia.
La parálisis del INAI inició el 31 de marzo, con la conclusión del periodo del entonces comisionado Francisco Javier Acuña. Su salida se sumó a la terminación de mandato de los entonces comisionados Oscar Guerra Ford y Rosendo Monterrey Chepov. La falta de los tres comisionados, llevó al INAI a no sesionar. Hasta el momento, el pleno no ha debatido analizar los recursos durante 145 días. El retraso ha llevado a la acumulación de 8, 236 recursos hechos por los ciudadanos.
Al conocer la determinación de la ministra Loretta Ortíz, Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, declaró que el instituto no trabaja para ser cómodo, ya que es un organismo técnico y especializado que emite determinaciones que en ocasiones molestan a los sujetos obligados, particularmente dependencias o instituciones del gobierno de México.
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También, comentó que el INAI no actúa en función de intereses políticos o partidistas, sino sociales, de ahí que sus decisiones permiten cumplir a cabalidad el compromiso social y constitucional de acceder a la información y proteger los datos personales. En las siguientes semanas, el INAI presentó amparos en juzgados de la Ciudad de México para que se les permitiera sesionar con cuatro integrantes y que el Senado nombrará a los tres comisionados no designados.
El pasado 31 de julio, en la columna de La Silla Rota, Lenguas Viperinas, se adelantó que la Corte daría la razón al INAI y le permitiría sesionar con 4 integrantes, en lugar de 5.
Al analizar las peticiones, se ordenó al Senado sesionar para nombrar los nuevos integrantes del INAI, sin embargo, en distintas ocasiones se pospuso el análisis y votación.
También el Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos hizo un llamado al Senado de la República para que cumpla con su responsabilidad constitucional y se realicen los nombramientos correspondientes.
En pleno debate sobre la designación de comisionados del INAI, el presidente Andrés Manuel López Obrador, opinó que "da igual" si existe o no el INAI, organismo autónomo que está impedido para sesionar y resolver controversias e impugnaciones en temas de transparencia porque el Senado no ha designado a tres de sus siete comisionados que se requieren para tener quórum.
"El INAI no vino a ser cómodo a las autoridades sino a garantizar dos derechos fundamentales como el derecho a saber y la protección de #DatosPersonales. Cumplimos con la función sustantiva de ser un contrapeso al poder público", postea la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra.
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El INAI confía que este día la Corte apruebe el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek que propone permitir que solo cuatro comisionados puedan sesionar para desahogar las quejas de la ciudadanía y ejercer su derecho constitucional al acceso a la información pública.
El pasado 31 de marzo, fue la última vez que el INAI sesiono con quórum, es decir con sus cinco comisionados, justo cuando dio por terminado el periodo del comisionado Francisco Javier Acuña.
Desde entonces el INAI sólo quedo con cuatro comisionados debido a que el Senado se negó a designar a sus integrantes para que el órgano pueda funcionar.
Cabe mencionar que la resolución que se de a conocer este miércoles en la Corte no significa que la controversia constitucional promovida por el INAI en contra del Senado se quede sin materia, pero abre la posibilidad de que el Instituto pueda sesionar con cuatro comisionados.
Ministra Loretta Ortiz contra el INAI
El pasado 24 de abril, la ministra Loretta Ortiz Ahlf negó al INAI la petición para sesionar con solo cuatro comisionados en el pleno. La legislación exige que sean cuando menos cinco de sus siete integrantes, pero el Instituto tiene tres vacantes derivado de la conclusión del cargo de tres comisionados.
El INAI impugnó la negativa de la ministra Ortiz Ahlf, pero todavía quedan otras hipótesis que podrían explorarse.
¿Puede una persona directamente afectada porque el INAI no resuelve en tiempo su recurso de revisión presentar un amparo por la violación a su derecho constitucional de acceso a la información o la protección de sus datos personales?¿Cuál sería la consecuencia, en su caso, de un juicio de amparo de tales características? ¿Podría la Corte llegar a destituir al presidente del Senado por desacato de una orden judicial de designar a los nuevos comisionados?
Antes de recurrir a un juicio de amparo, se requiere que la persona agote la vía administrativa que existe para ejercer sus derechos a la información y la protección de sus datos personales, y ello implica que acuda al INAI para hacerlos valer, pero justo esa es la situación inédita que se vive, porque el organismo garante está materialmente imposibilitado de resolver en los plazos legales los recursos que las personas presentan cuando alguna autoridad no les entrega el documento o la información que solicitaron.
Los más afectados son las personas que demandan cada vez con mayor frecuencia información a las instituciones públicas para ejercer algún derecho, porque como se ha expresado en otras ocasiones y foros, los derechos a la información pública y a la protección de los datos personales permiten ejercer otros derechos.
4T opaca: INAI
Desde enero de 2021, datos del INAI reflejaban que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya era 4 veces más opaco que el de Enrique Peña Nieto. Durante 2020, fueron 4,500 recursos de revisión los que se presentaron, mientras que en el último año del sexenio priista solo se presentaron 792.
Estos recursos –o quejas, como se les conoce de manera común– surgen cuando un ciudadano se inconforma ante el INAI porque un sujeto obligado no está informando de manera clara o ni siquiera informa sobre un tema específico, que le fue cuestionado a través de solicitudes de información… una de las obligaciones del gobierno mexicano en materia de transparencia.
Dichas impugnaciones se siguen de oficio por el pleno del INAI, integrado por 7 comisionados. Éste obliga a las dependencias de gobierno a responder a la ciudadanía sin atajos y de manera clara. Pero el pleno del INAI no puede resolver esos recursos si no cuenta con al menos 5 comisionados.
México se encuentra estancado en cuando a la percepción del combate a la corrupción, a pesar de que fue una de las promesas de campaña de López Obrador.
De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), que presenta la organización Transparencia Internacional al inicio de cada año, en 2022 México cumplió su tercer año de estancamiento en esa materia. A pesar de la ligera mejoría que presentó durante el primer año de gobierno de López Obrador.
El pasado 1 de marzo el Senado nombró a Yadira Alarcón y a Rafael Luna como los comisionados que habrían de sustituir las vacantes de Guerra Ford y Monterrey Chepov, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su poder de veto para frenar dicha designación.
Según el documento presentado por la Secretaría de Gobernación al Senado, porque no fueron los mejor evaluados y había un posible conflicto de interés en el nombramiento de Rafael Luna, asesor jurídico del Senado y cercano al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Lo mismo se dijo de Yadira Alarcón, por su cercanía de trabajo previo con el PAN.
En la sesión de este miércoles, Luis María Aguilar también retiró un proyecto relacionado con la falta de ratificación de una magistrada de Tribunal Federal de Justicia Administrativa por parte del presidente de la República. El proyecto está a revisión y hasta donde LSR pudo averiguar no amerita solicitar o plantear una destitución del jefe del Poder Ejecutivo.