Veinte meses después de iniciar el sexenio, la Guardia Nacional (GN) reconoció las deficiencias institucionales de policías de los tres niveles de gobierno, así como Ministerios Públicos en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, al momento de investigar, integrar las averiguaciones previas y presentarlas a los jueces para su consignación.
Un informe de la dependencia enlista la falta de procuración de justicia originada por la cooptación del crimen organizado en las corporaciones, la falta de equipamiento, infraestructura, capacitación, coordinación, recursos, carencias reflejadas en la liberación de personas al no tener la capacidad de comprobar las acusaciones.
Durante este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, e integrantes de su gabinete de seguridad, han criticado y exhibido en la conferencia de Palacio Nacional a jueces, magistrados, así como a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por los fallos emitidos en la no consignación de supuestos infractores, en la liberación de los mismos, así como decisiones no favorables para el gobierno.
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“¿Cuántos jueces?, ¿cuántos ministros?, ¿cuántos ministros han ido a la cárcel? ¿Qué es un poder incorruptible? ¿Es el castillo de la pureza?...esto significa la pérdida de vidas humanas, no sólo de quienes son víctimas que pertenecen a la sociedad civil, sino también de elementos de la Policía, del Ejército, de quienes se atreven a actuar con rectitud, los mismos jueces están expuestos, son temas muy interesantes que se tienen que revisar a fondo y, yo no estoy a favor de su eliminación, y es por esto, por la corrupción”, comentó el 22 de agosto de 2022 el presidente López Obrador.
De acuerdo con un diagnóstico realizado por la dependencia en 2020 sobre temas de seguridad en el país, se detectaron distintas debilidades en las policías municipales, estatales y federales.
El informe enlista, como ejemplos, la liberación de distintos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), entre ellos familiares de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”. También, 27 integrantes de la Unión Tepito detenidos en la Ciudad de México. Personas investigadas por el caso Ayotzinapa, así como la falta de pruebas para comprobar acusaciones contra el 60% de las personas capturadas por robo de huachicol.
La principal, de acuerdo con el documento incluido en la base de correos obtenidos por los hacktivistas de Guacamaya, es la comisión de delitos cometidos por los policías en coordinación con el crimen organizado. También, la deficiente capacitación personal, así como los errores en la elaboración de reportes homologados de detención.
“El involucramiento de policías con grupos del crimen organizado, la falta de coordinación entre las policías estatales y federales, la mala capacitación de prácticas policiales y elaboración deficiente de documentos oficiales en casos de detenciones, representan debilidades institucionales en las actuales dependencias policiales en la lucha contra la ola de violencia que ha sufrido el país en los últimos meses”.
La información recabada por la Guardia Nacional, alertó, en el informe, las deficiencias de las corporaciones policiacas al momento de inhibir los ilícitos. Las principales causas, la falta de capacitación, ausencia de controles de confianza, así como investigaciones en contra de los propios elementos por su colusión en la comisión de delitos.
“Los retos a los que se enfrentan las corporaciones policiales son muy diversos, y se plantean en términos de equipamiento, infraestructura, capacitación y coordinación. Muchas policías locales no cuentan con las certificaciones de control de confianza y de permanencia en general, a lo que se suman los elementos que se encuentran bajo investigación”.
Sin recursos
El diagnóstico de la Guardia Nacional sobre las deficiencias en las policías en el país, también alertó sobre la disminución de recursos a los cuerpos de seguridad en municipios y estados. Hasta antes de iniciar este sexenio, las instituciones de seguridad pública (municipios y estados), obtenían recursos públicos para su capacitación, infraestructura o equipamiento a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)y del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg).
En el caso del FASP, el dinero, obtenido a partir de los recursos de los contribuyentes, ha disminuido. En el caso del Subsemun, el programa fue cambiado y a partir de 2016 se le denominó Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública (Fortaseg). En este sexenio, también han disminuido la entrega de recursos. Ambos programas se asignan a partir de la incidencia delictiva cometida en cada municipio.
“A lo anterior hay que añadir presupuestos cada vez menores, como lo evidencia la información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), según la cual la aportación federal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) tuvo una disminución del 26% en el periodo 2013 – 2019, mientras que la aportación del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública – FORTASEG, a los municipios disminuyó más del 30% en el mismo periodo. Derivado de estos factores, las corporaciones policiales del país han visto profundizar sus insuficiencias, las carencias de los policías, lo que acentúa deficiencias específicas en su actuación, provocando una pérdida doctrinaria de identidad policial”.
Sin capacidades para comprobar delitos: GN
El informe, incluido en la base de correos obtenidos por los hacktivistas de Guacamaya, reconoce la falta de coordinación de autoridades de seguridad pública al momento de integrar los expedientes. La no colaboración, origina la liberación de los supuestos infractores a pesar de la inminente evidencia del delito.
“La liberación de delincuentes por errores en la conformación de la carpeta de investigación es tema recurrente y pone de manifiesto la descoordinación entre las instituciones que llevan a cabo los aseguramientos y aquellas que son encargadas de perseguir el delito”.
El principal error de las autoridades, según el documento, es el llevado del Informe Policial Homologado, en el cual se transcriben las pruebas primordiales para garantizar, en apego a derecho la detención de un supuesto infractor, el escenario donde se efectuó la captura, así como pruebas para confirmar los delitos investigados o incluso, para presentar nuevos cargos.
“El elemento más importante y con el que se inicia la integración de la carpeta de investigación es el IPH. En este informe se resume el evento de un hecho constitutivo de delito, y que contendrá toda la información destinada a la consulta y análisis, se considera que dicho informe está diseñado para una captura rápida y ágil, sin embargo, sus cinco secciones y siete anexos ponen en jaque a los policías que no tuvieron la capacitación necesaria para llenarlo acorde a los lineamientos”.
Las irregularidades detectadas por la Guardia Nacional, es la falta de capacitación de los elementos para llenar los reportes, así como en la falta de protocolos para garantizar la seguridad del personal de seguridad o ministerios públicos en la escena de un crimen.
“También se ha detectado el caso de uso de adaptaciones de IPH en cada estado, formatos anteriores, nula coadyuvancia entre los ministerios públicos y los policías, llegando a tardar hasta dos horas en su elaboración y complementación, aunado a los problemas que se enfrentan en el sitio de la detención como se puede constatar en hechos violentos llevados a cabo por familiares y amigos del asegurado tratando de evitar que se consume la detención e inclusive afectando vehículos oficiales y oficinas estatales. En estos casos, la participación del policía es de suma importancia; sin embargo, se considera el punto más débil en el sistema de justicia penal, existe desconocimiento por parte de los elementos entre ser el primer respondiente y ser policía con capacidades para procesar”.