La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR) subsanen los daños causados a 5 personas que fueron interceptadas a bordo de un vehículo por 4 elementos de la SEDENA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 18 de mayo de 2023, y que perdieron la vida. Así como también a sus respectivos núcleos familiares.
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La CNDH determinó que las dependencias del gobierno involucradas en los hechos y en la investigación subsiguiente, cometieron violaciones a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal, en agravio de las víctimas y de sus familiares, a quienes se les transgredió su derecho al acceso a la justicia, por obstrucción de la investigación, por lo que solicitan que se les dé, de manera pronta, la reparación integral de daños que por derecho les corresponde.
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El caso porque el que la CNDH emitió esta recomendación es por el asesinato de 5 civiles a manos de elementos del ejército mexicano en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes en un inicio fueron reportados como fallecidos en un enfrentamiento armado con las fuerzas castrenses mexicanas, pero después se supo, por videos difundidos en redes sociales, que la versión del ejército había sido falseada.
Debido a ello, la CNDH inició una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos, descubriendo que “las cinco personas interceptadas por los elementos castrenses fueron víctimas de privación arbitraria de la vida a través del uso ilegítimo de armas de fuego por cuatro elementos militares”, lo que constituye una transgresión de los derechos constitucionales y los previstos en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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La CNDH también señaló que el perito de la FGR responsable del análisis y elaboración de los dictámenes de mecánica de lesiones de las víctimas, “entorpeció el curso legal de la carpeta de investigación y por lo tanto, el acceso a la justicia para las víctimas directas y las indirectas que forman parte de sus núcleos familiares”. Esto porque su peritaje contenía información falsa para corroborar la versión inicial del Ejército Mexicano.
“En el presente caso, la Comisión Nacional acreditó que las personas servidoras públicas responsables, dejaron en estado de indefensión a las víctimas y a sus familias al no ceñirse a los principios constitucionales y legales que rigen su actuar, y considera que con sus acciones afectaron a la sociedad en su conjunto, pues vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y a la vida, por el uso excesivo de la fuerza, pues se observó que las víctimas se encontraban esposadas y totalmente sometidas y sin armas a su alcance”, señala
“La CNDH pudo concluir que en el presente caso ha existido una inadecuada procuración de justicia en la investigación del delito cometido, lo que ha ocasionado la vulneración del derecho a una investigación efectiva y exhaustiva por parte de la autoridad ministerial, lo cual contribuye a la impunidad”, recalca.
La CNDH solicitó a la SEDENA que de forma inmediata, repare íntegramente el daño ocasionado a las cinco víctimas y sus correspondientes núcleos familiares; otorgándoles a estos últimos la atención médica, psicológica y tanatológica que necesiten, las cuales se les deberá brindar por personal especializado ajeno a la SEDENA, de manera gratuita, de forma continua y atendiendo a las condiciones específicas de las víctimas indirectas.
Así mismo, se le ordena a la SEDENA colaborar en la investigación en curso de la FGR y en la causa penal que se tramita en el fuero militar contra las personas servidoras públicas señaladas como participantes en los hechos. Además deberá colaborar con la denuncia administrativa que formulará la CNDH ante el Órgano Interno de Control de la SEDENA.
También se señala que el personal que intervino en los hechos denunciados deberá someterse a valoraciones y acompañamientos psicológicos, cursos sobre el Manual de Uso de la Fuerza y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, específicamente sobre el uso legítimo de las armas de fuego. Esto aplicará para elementos del 5° Batallón de las Fuerzas Especiales del Estado de México y para el personal de la Base de Operaciones Laguito, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que participa en tareas de seguridad pública.
Por último solicitó a la FGR que contribuya con la denuncia penal que se emprenda contra el perito que incurrió en acciones y omisiones para impedir a las víctimas y sus familiares tener acceso a la justicia.
Además le indica que deberá impartir cursos en materia de derechos humanos a todos los peritos que laboran en las oficinas de la FGR en Nuevo Laredo, Tamaulipas, “el cual deberá estar enfocado en la importancia que tiene la elaboración y emisión de mecánicas de lesiones como parte de los procedimientos de integración de carpetas de investigación, y que deberá ser efectivo para evitar la repetición de hechos similares”.
Contexto
Tamaulipas en uno de los estados más conflictivos de la república mexicana, tan sólo a finales del mes de julio, se registraron hechos violentos en días consecutivos como resultado del enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, en Nuevo Laredo y Río Bravo, dejando lugar a vehículos incendiados y con marcas de balas.
De acuerdo con los informes de las autoridades, los enfrentamientos en la zona se dan entre integrantes de Los Escorpiones y Los Metros, del Cartel del Golfo. En redes sociales circulan videos en los que se escuchan las fuertes y constantes detonaciones de armas de fuego, las cuales duraron varios minutos.
VGB