La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe entregar la información patrimonial de 23 ingenieros del Ejército encargados de las obras de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante la discusión en el pleno, seis de los 11 ministros avalaron el proyecto presentado por el Ministro Javier Laynez Potisek. Los únicos ministros que se mostraron ampliamente contra el proyecto fueron: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Yasmín Esquivel Mossa
Los ingenieros tuvieron a su cargo 48 obras del AIFA por un monto aproximado de 85 mil millones de pesos. Los contratos de las obras no se hicieron públicos y fueron reservados por la Secretaría de la Defensa Nacional al considerar que ponen en riesgo la seguridad del país.
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Según el Ejército, entregar la información permitía abrir información que puede ser utilizada para afectar al país.
Los ministros que aprobaron el proyecto, consideraron que la divulgación de la información no implica un riesgo de seguridad nacional, además que es obligación de los funcionarios públicos presentar sus estados patrimoniales, con excepción de los empleados que trabajen en áreas sensibles o riesgo.
También, mencionaron que los argumentos de la Sedena para no entregar la información, no detallan o incluyen datos sobre la afectación de la seguridad nacional como lo argumentaron para no hacer pública los estados financieros de los ingenieros.
El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo argumentó: “nosotros en la ponencia nos dimos a la tarea de hacer una consulta a las declaraciones patrimoniales de distintos funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional; incluso, la del propio general secretario y están ahí, a disposición de cualquier persona, desde luego versiones públicas, salvaguardando los datos personales. Yo advierto que no existen los riesgos que se plantean por parte de la recurrente, me parece que de validarse la entrega de información no se estarían otorgando datos que puedan tener el impacto que se indica”.
Al votar en contra del proyecto, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, expresó “en el caso concreto, la apertura de un documento que contiene datos personales de los integrantes de las fuerzas armadas, la divulgación de esa información confidencial sin su consentimiento, coloca en riesgo la integridad personal de tales servidores públicos, ya que muchas de ellas han participado y muchos de ellos participan y participarán en operaciones relacionadas con la seguridad pública, pues no debemos olvidar que los militares se encuentran disponibles, en todo momento, a ser llamados a desempeñar diversas tareas, incluidas las que tienen que ver con el combate a la delincuencia de manera destacada”.
La información fue solicitada por un particular a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. La Sedena se negó, por lo que el caso llegó al Pleno de la SCJN donde fue debatido y votado.