Un juez de amparo negó cancelar una orden de captura emitida contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Gilda Susana es buscada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con el caso Agronitrogenados.
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Según la Fiscalía General de la República (FGR), de junio a noviembre de 2012, se transfirieron tres millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a una cuenta de la que es beneficiaria Gilda Susana.
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Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia de Amparo, consideró la existencia de elementos suficientes para determinar vigente la orden de captura emitida el 4 de julio de 2019 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
“Se cumple, atento a que la carpeta de investigación fue integrada contra la hoy quejosa, por la probable comisión del hecho señalado por la ley como delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis, párrafo primero del Código Penal Federal y asociación delictuosa, previsto en el artículo 164, del mismo ordenamiento; delitos que se sancionan con pena privativa de libertad”.
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También, la jueza menciona la existencia de un escrito de denuncia (21 de diciembre de 2016) presentado por Araceli Cortez Hernández, apoderada legal de Petróleos Mexicanos (Pemex), parte afectada en el juicio.
"Asimismo, se cuenta con escrito de denuncia presentada por Araceli Cortez Hernández, apoderada legal de Petróleos Mexicanos y de (…) mediante la cual hizo del conocimiento del Ministerio Público que el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem, se habían declarado culpables ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York de los Estados Unidos de América, de haber pagado sobornos a servidores públicos de varios países, incluido México, y derivado de ello, se dio inicio a la carpeta de investigación”.
Otro de los argumentos para no otorgar el amparo, es la denuncia presentada por Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La resolución de la jueza menciona la inexistencia de violaciones al debido proceso en contra de Gilda Susana.
“En efecto, la responsable dio cumplimiento con las formalidades esenciales del procedimiento, porque la representación social solicitó orden de aprehensión en contra de la quejosa, remitiendo para ello una relación de los hechos atribuidos, exponiendo las razones por las que consideró actualizadas las exigencias establecidas en el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
VGB