El asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, puso de relieve el problema del crimen organizado en América Latina y cómo ha permeado éste en distintas esferas de la vida pública en la región, tanto que en la clase política de distintos países se habla de un nivel tal de penetración que es imposible disociar el fenómeno de la cosa pública. Y los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) están en el ojo del huracán. Inmediatamente después de los señalamientos del narco mexicano detrás del magnicidio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que hubiera elementos para sostener dicha versión.
“No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas", declaró López Obrador en su conferencia matutina.
Apenas a finales de julio, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) afirmó que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan mundialmente con 26 mil y 18 mil 800 elementos, respectivamente, lo que da una suma de 44,800 efectivos en su estructura criminal, número que quintuplica el número de agentes, analistas y afiliados de la agencia antidrogas estadounidense que es de 9,000 miembros.
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“Estamos mapeando a estos dos cárteles en todo el mundo y a lo largo de Estados Unidos”, dijo Anne Milgram, directora de la DEA.
De acuerdo con el análisis de la DEA, el Cártel de Sinaloa tiene presencia en 19 de las 32 entidades federativas de México y en más de 100 países. Por su parte, el CJNG se ha identificado con presencia en todos los continentes, excepto en la Antártida, y en 21 estados del país.
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Los intereses convergentes del crimen organizado colombiano, mexicano, estadounidense y europeo conducen al incremento de violencia que se vive en Ecuador por ser punto neurálgico de la logística para mover mercancía ilegal.
México y el saludo de AMLO a la madre del “Chapo”
Al presidente López Obrador, en México, se le critica por haber saludado de mano a la madre del capo más famoso del narcotráfico desde tiempos de Pablo Escobar, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo Guzmán”, en un evento en el municipio que es llamado cuna del narcotráfico en el país, Badiraguato, Sinaloa.
También se le critica porque en un operativo en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Marina detuvieron al hijo menor del “Chapo”, Ovidio Guzmán, lo que provocó una movilización de sus bases sociales en el estado, lo que dio origen al llamado “Culiacanazo”, donde los militares se vieron forzados a dejar en libertad a Ovidio Guzmán “El Ratón”, previa autorización del presidente, de acuerdo con lo declarado por el propio López Obrador.
En las elecciones del 2021, se acusa que el crimen organizado operó en favor de Morena en el corredor del Pacífico, ganando los estados de Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
El general Glen VanHerck, comandante del Comando Norte de Estados Unidos (NORTHCOM) y responsable de la seguridad en Estados Unidos, Canadá y México, dijo ante el Pentágono que los cárteles del crimen organizado transnacional operan en alrededor del 30 al 35% del territorio mexicano, “en áreas que son con frecuencia ingobernables”, causando muchos de los problemas en la frontera con México.
La Administración de Control de Drogas (DEA) identificó recientemente a los nueve cárteles mexicanos con más influencia en Estados Unidos.
De acuerdo con el informe Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas 2020, los principales cárteles son: el de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, los Beltrán Leyva, el cártel del Noreste y Los Zetas, así como Guerreros Unidos, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez y La Línea, La Familia Michoacana, y Los Rojos.
Para la DEA, los cárteles mexicanos son “cada vez más responsables” de producir y suministrar drogas al mercado estadounidense, especialmente fentanilo.
El crimen en Ecuador y la liga Colombia con el narco
En Ecuador, hay indicios de que el Cártel de Sinaloa está involucrado en el asesinato de Villavicencio, hay que recordar que el mismo candidato había denunciado amenazas de un presunto líder de la mafia local, “El Fito”, a quien se le acusa de tener nexos con el cártel mexicano.
“Esto confirma, dijo, que nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. No les tengo miedo”, llegó a decir en entrevista y luego de denunciar penalmente las amenazas. Sin embargo, en un mitin el sábado pasado, arengó que no necesitaba chalecos antibalas. Tres días después, fue asesinado.
Había denunciado complicidad del crimen organizado con policías y fiscalías ecuatorianas, la explotación de minas similar al Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México, Colombia y Perú.
Otra pista es que todos los detenidos, hasta el momento, por el crimen del candidato presidencial Villavicencio, son colombianos. En declaraciones oficiales se identificó a los aprehendidos como Andrés M., José L., Adey G., Camilo R., Jules C. y John R., "todos de nacionalidad colombiana".
El FBI que llegó a conducir las investigaciones a petición del presidente Guillermo Lasso, junto a la Policía de Colombia y Ecuador identificó a los seis sicarios que asesinaron a Fernando Villavicencio. En sus teléfonos hay llamadas con, por lo menos, tres políticos ecuatorianos, según las investigaciones.
Meses antes, en Ecuador, se hizo un escándalo por la filtración de fotos, videos y mensajes de una operadora del expresidente Rafael Correa con Nicolás, hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien confesó que recibió dinero ilícito del narcotráfico para financiar la campaña presidencia de su padre. Dicha operadora es novia de Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro, y a Camilo se le señala de ser lavador de dinero de los Petro.
La crisis en Ecuador viene de años atrás. Entre 2020 y 2022 masacres carcelarias han registrado más de 450 asesinatos, 100 de ellos solo en 2022 y tiene como motivo luchas intestinas entre bandas rivales asociadas al Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (SCJN).
Amauri Chamorro, experto en comunicación política en América Latina, asegura a la revista Público de España que "Ecuador se ha convertido en un narcoestado", algo que Villavicencio sostuvo a lo largo de su campaña.
Región de AL, manchada por el narco
En Venezuela, las acusaciones sobre el presidente Nicolás Maduro continúan vigentes: está señalado como uno de los líderes del Cartel de los Soles y se pide una recompensa de varios millones de dólares en Estados Unidos. Junto a él figuran Diosdado Cabello, símbolo histórico del régimen chavista, entre otros acusados.
En El Salvador y varios países centroamericanos, las maras se han asociado con cárteles del narco en temas de secuestro, extorsión, tráfico de drogas y trata de personas. Ante la ola de violencia, el presidente Nayib Bukele impuso un estado de excepción que ha llevado a la detención de miles de presuntos pandilleros y hacer juicios colectivos para líderes criminales, por lo que organizaciones defensoras de derechos humanos han acusado al gobierno salvadoreño de violar garantías individuales.
En Bolivia, país productor de la hoja de coca, base para la producción de cocaína también tiene su propia lucha contra el narcotráfico. El uruguayo Sebastián Marset ha sentado sus reales y se burla de todo un país. La aparición y fuga del narco uruguayo Sebastián Marset en Bolivia a finales de julio fue la noticia más importante y polémica en Uruguay, Bolivia y Paraguay. A Marset se le llama el “hombre de los mil rostros” por su habilidad para obtener identidades falsas. Incluso jugó futbol y fue transmitido por televisión, lo que revela una total impunidad.
Un caso emblemático de la historia de la narcopolítica en América Latina lo protagonizó Manuel Antonio Noriega, el llamado “Hombre fuerte de Panamá”, militar, político y dictador panameño de facto entre 1983 y 1989 cuando fue arrestado por Estados Unidos y extraditado.
Noriega colaboró cercanamente con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como fuente de inteligencia, así como traficante de armas para la contrainsurgencia panameña, auspiciada por Estados Unidos. También fue traficante de cocaína hacia la Unión Americana, auspiciado por el gobierno estadounidense hasta que fue derrocado.