El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito emitió una resolución sobre los amparos en revisión 75/2023 y 93/2023 relacionados con el caso de Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, en la que se determinó que las órdenes de aprehensión emitidas el 29 de junio de 2022 en contra de ambos individuos son inconstitucionales.
Un boletín de Telra Grupo Inmobiliario señala que en la sesión ordinaria del 12 de julio de 2023, el tribunal, de manera unánime, concluyó que los hechos imputados no constituyen delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se ordenó revocar la resolución recurrida y se concedió a los quejosos el Amparo y la Protección de la Justicia Federal de manera lisa y llana.
Los magistrados argumentaron que los recursos recibidos por Telra Realty en los años 2017 y 2018 eran legales, ya que provenían de una indemnización derivada de la cancelación de contratos con el Infonavit y tenían el carácter de recursos públicos. Además, señalaron que no se encontraba evidencia de la existencia de una organización criminal ni de la comisión de delitos de manera permanente o reiterada. Por lo tanto, consideraron que los hechos eran atípicos y que la orden de aprehensión violaba los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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En relación específica con Elías Zaga, se estableció que el hecho de haber sido accionista por unos cuantos días de una empresa que no celebró contratos con el Infonavit no podía considerarse como una conducta delictiva, ya que se trataba de una actividad mercantil legal.
Los antecedentes del caso, expone el boletín, muestran una situación en la que se argumenta una extorsión judicial y el uso faccioso de la ley para fabricar culpables y condenar inocentes sin sentencias de por medio. La empresa acusó el cambio de política hacia los contratos entre Telra Realty e Infonavit, la terminación anticipada de los contratos, la celebración de un Contrato de Transacción y posteriormente la interposición de una denuncia por parte del Infonavit contra supuestos servidores públicos o trabajadores.
Se mencionan también reuniones y acciones que llevaron a una serie de acusaciones y bloqueo de cuentas bancarias. Además, se menciona un proyecto de acuerdo reparatorio presentado por los señores El-Mann Arazi y el cheque entregado al presidente por el Fiscal General de la República. Se sugiere que el caso es un ejemplo de cómo se utilizó la ley de manera injusta contra aquellos que se negaron a ser extorsionados o sometidos.
Contexto
En mayo de este año, un juez civil de la Ciudad de México ha negado un amparo solicitado por Actinver para evitar reservar 1,000 millones de pesos en su contabilidad. Esta medida tenía como objetivo hacer frente a una potencial condena de 1,100 millones de pesos en su contra y a favor de Rafael Zaga Tawil, decretada el 14 de diciembre de 2022.
Rafael Zaga Tawil presentó un juicio civil contra Actinver División Fiduciaria, reclamando el pago de 1,000 millones de pesos por incumplimiento de las obligaciones de Actinver como fiduciaria en el Fideicomiso 3201, creado en noviembre de 2017.
Paralelamente a este juicio, Zaga Tawil solicitó medidas cautelares contra Actinver. El 15 de junio de 2022, el Juez 73° Civil de la Ciudad de México, en el expediente 623/2022, determinó proteger a Rafael Zaga y ordenó a Banco Actinver constituir una reserva técnica contable por la cantidad mencionada, que debía ser registrada en su contabilidad.
Estas medidas fueron notificadas a Actinver el 12 de julio de 2022, dándole un plazo de tres días para cumplir con la orden judicial. Sin embargo, Actinver desacató la orden. Posteriormente, el 29 de mayo de 2022, presentó una demanda de amparo contra las medidas prejudiciales, la cual fue admitida a trámite por un juzgado.
El origen del asunto
En noviembre de 2017, Rafael Zaga Tawil estableció el Fideicomiso 3201 para inversiones personales y familiares, en el cual Actinver actuó como institución fiduciaria y Rafael Zaga Tawil asumió los roles de administrador, fideicomitente y fideicomisario.
En diciembre de 2017, el Fideicomiso 3201 creó el Fideicomiso 366 con el propósito de llevar a cabo una inversión inmobiliaria en Estados Unidos junto con la familia El-Mann. En este último, el Banco Ve por Más (B X+) actuó como institución fiduciaria y el Comité Técnico estaba conformado por Moisés y André El-Mann.
Sin embargo, el 20 de mayo de 2020, Rafael Zaga Tawil descubrió que el dinero del fideicomiso había sido utilizado por los señores El-Mann para obtener un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la República; en contravención del objetivo del contrato, los señores El-Mann disponían del patrimonio del Fideicomiso 366, en el cual el Fideicomiso 3201 era el único fideicomitente y fideicomisario.
Por esta razón, en noviembre de 2021, Rafael Zaga Tawil, en su calidad de representante del Fideicomiso 3201 y con facultades para pleitos y cobranzas, presentó una demanda en la vía ordinaria mercantil contra BX+ y los señores El-Mann. El juicio se inició ante el Juzgado Cuarto Civil en la Ciudad de México, que decretó un embargo de mil millones de pesos en contra de André y Moisés El-Mann, y ordenó la congelación de los CBFIs de Fibra UNO y las cuentas bancarias.
En respuesta a esta situación, Actinver solicitó a un juez de la Ciudad de México la imposición de medidas cautelares contra Rafael Zaga Tawil y la revocación de los poderes otorgados para representar al Fideicomiso 3201.
Como resultado, Rafael Zaga Tawil presentó un juicio oral mercantil contra Actinver Fiduciaria, reclamando una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la actuación indebida de Actinver en un conflicto de intereses, beneficiando ilegalmente a los El-Mann, quienes son los controladores de Fibra UNO y clientes principales de Actinver.