Un nuevo escándalo envuelve a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), de acuerdo con una investigación de Laura Sánchez Ley, dos integrantes de esta corporación están relacionados con un hecho de corrupción al dar información de alto nivel a cárteles mexicanos que serían objetivos prioritarios para la agencia.
El escándalo estalló luego de que la defensa de Juan Constanzo, un agentes en activo y su cómplice, un agente jubilado de la DEA de nombre Manuel Recio, argumentaron que las autoridades estadunidenses permitieron que estas operaciones se extendieran a lo largo de tres años.
Resulta que estos elemento de la DEA extraían información de los sistemas de la agencia, para dar aviso a sus “clientes” de investigaciones abiertas en su contra a través de acusaciones selladas, identidades de otros acusados e incluso la fecha en que serían arrestados.
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De acuerdo con el Departamento de Justicia, la información sustraída por Constanzo y Recio se obtenía a través del Sistema de Información de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la DEA (NADDIS, por sus siglas en inglés), una herramienta que contiene datos sobre personas que están o han estado bajo investigación de la DEA.
Fue mediante este método que durante casi tres años, estos agentes de la DEA dieron santo y seña de los operativos que preparaba el gobierno de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos.
Hoy la defensa de Constanzo y Recio cuestiona por qué tres agencias como la DEA, el FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional no impidieron que durante años los acusados permanecieran en activo y se involucraran en investigaciones internacionales muy delicadas.
El agente Juan Constanzo siguió activo y se le permitió trabajar con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos a pesar que desde 2019 se inicio la intervención de sus llamadas, el agente fue autoentregado en mayo de 2022, mientras que su cómplice Recio fue detenido poco después, ahora el equipo legal de estos agentes cuestiona a las autoridades por permitir que sus clientes siguieran operando esta red de corrupción.
AMLO vs DEA
En mayo pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de infiltrar, sin autorización del gobierno de México, al cártel de Sinaloa. Según el mandatario, la DEA inició una investigación en México sin informar al gobierno mexicano sobre las acciones realizadas por el cártel.
López Obrador calificó la presencia de la DEA en México como una "intromisión abusiva, prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo". Además, criticó la filtración de información sobre la infiltración de la DEA en el cártel de Sinaloa a medios de comunicación estadounidenses.
Sin embargo, la presencia de la DEA en México es un hecho que ha sido ampliamente documentado, la agencia tiene actualmente unos 500 agentes antinarcóticos distribuidos en 68 países, incluyendo México. De hecho, la DEA cuenta con oficinas en varias ciudades mexicanas, como Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y la Ciudad de México.
Contexto
Una de las más grandes infiltraciones que ha llevado el gobierno de Estados Unidos en México para conocer las operaciones que realizan cárteles de México en ambas naciones, fue la comandada por en Enrique “Kiki”, Camarena, agente de la DEA, asesinado por el cártel de Guadalajara.
El agente de la DEA de Estados Unidos que investigó el tráfico de drogas del cártel de Guadalajara para conocer las operaciones de los cárteles de criminales en México, lo llevó a ser asesinado en febrero de 1985.
Días antes de que el “Kiki” Camarena fuera secuestrado por el Cártel de Guadalajara, los gobiernos de Estados Unidos y de México tuvieron conocimiento de la amenaza de la organización criminal contra integrantes de la DEA.
Sin embargo, la advertencia no fue tomada en cuenta por Ignacio Morales Lechuga, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR); José Antonio Zorrilla Pérez, entonces director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS); así como por su superior, Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación; tampoco por Francis Mullen, entonces director de la DEA.
El cártel había perdido millones de dólares por los operativos que realizaron ambos países para decomisar plantíos y cargamentos, principalmente de marihuana, uno de ellos en el rancho "El Búfalo", ubicado entre los municipios de Jiménez y Camargo, al sur del estado de Chihuahua, en ese entonces, gobernado por Oscar Ornelas Küchle.
La organización criminal comenzó a pedir informes a la Dirección Federal de Seguridad de quiénes eran los culpables. El principal responsable era Enrique Camarena Salazar, ciudadano de Estados Unidos, una persona identificada como agente de la DEA. El cártel de Guadalajara, de México, dio la orden de seguir a ciudadanos norteamericanos para evitar más pérdidas y obtener información.
La psicosis generada al interior de la organización originó que el 31 de enero de 1985, al interior del restaurante The Crazy Lobster (La Langosta Loca), fueran asesinados con un picahielos John Clay Walker y lbert Radelat, dos ciudadanos norteamericanos que fueron confundidos con agentes de la DEA, según relata el documento de extradición de Caro Quintero consultado por La Silla Rota.
Hasta el momento, el caso, sigue en el limbo. Los familiares de “Kiki” siguen sin recibir indemnización. Miguel Ángel Félix Gallardo; Rafael Caro Quintero; y Ernesto Fonseca Carrillo, han solicitado amparos para no pagar los gastos por privar de la vida a “Kiki”. Los capos argumentan que los montos ordenados por el juez no corresponden a los salarios cuando se cometieron los crímenes.
El litigio se encuentra en un Tribunal Colegiado, quien determinara sin los tres capos deben pagar los montos que piden los familiares de “Kiki”, los cuales ascienden a 20 millones de pesos.