La reciente aprobación de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, ha generado opiniones muy divididas, aunque la mayoría de los investigadores han manifestado su rechazo y esto no solo por su contenido, sino por la forma en la que fue aprobada.
Brenda Valderrama, investigadora en el Instituto Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), integrante de la Academia de Ciencias de Morelos y de la Red Pro Ciencia, asegura que la reciente aprobación de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, es una muestra de que “La ciencia en México está muy dañada, pero aún la podemos reparar”, aclara que para ello se debe tomar en cuenta la voz de quienes están involucrados en la creación de conocimiento y desarrollo tecnológico.
La investigadora sostiene que era necesario contar una Ley en materia de ciencia, aunque las reglas para los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ahora no son muy claras, antes se contaba con los parámetros de producción científica que toma en cuenta estos rubros: publicaciones de artículos y libros, participación en conferencias y congresos nacionales e internacionales, divulgación de la ciencia y más.
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La evaluación basada en la pluralidad epistemológica
Brenda Valderrama, sostiene que los integrantes del SNI tenían claridad respecto a los criterios que debían cumplir para ser evaluados; “sabíamos que si teníamos productividad en esas áreas nosotros podíamos pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, ahora todo cambia porque vamos estar regidos por la pluralidad epistemológica”.
Aunque las y los científicos han señalado de manera particular el concepto de pluralidad epistemológica, debido a que no se les ha aclarado en qué consiste para medir el desempeño de su trabajo. Por su parte Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) menciona que lo ideal sería que la Ley de Ciencia cuente con un glosario para explicar este y otros conceptos.
En una columna del periódico La Jornada, el escritor Francisco López Barcenas explica que la pluralidad epistémica no es otra cosa que el reconocimiento que en la producción de conocimientos existen más de una racionalidad y formas de hacerlo. En este aspecto sobresale con fuerza propia el conocimiento de los pueblos indígenas, que obedece a su propia cosmovisión”.
Las autoridades del extinto Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) han defendido este nuevo criterio de evaluación. La funcionaria pública María Elena Álvarez - Buylla Roces, sostiene que el mencionado mecanismo para evaluar a los investigadores tiene el objetivo de “garantizar su ejercicio efectivo con base en el rigor y la pluralidad epistemológicas". En ella se precisa la función social, los principios y fines de la política de Estado”.
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Otras observaciones a la Ley de Ciencia
La organización Red ProcienciaMx ha calificado a la nueva Ley de Ciencia como centralista, excluyente y antidemocrática, esto último debido a que se invitó a la comunidad científica a participar en un Parlamento abierto, que se cerró sin previo aviso y luego se aprobó la Ley sin haber agotado la discusión en las observaciones formuladas a la iniciativa.
La participación de las fuerzas armadas en la Junta de Gobierno del Consejo rector del desarrollo de ciencia, tecnología y humanidades, es un asunto que preocupa a científicas como Julieta Fierro, Alma Maldonado, Brenda Valderrama entre otras, que menciona que están en peligro la independencia de este organismo que cambiaría de atribuciones y nombre sustituyendo al Conacyt por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti).
Otra observación es que la nueva legislación no fomenta las ciencias básicas, como la astronomía, las matemáticas y la física, que son los cimientos de las ciencias aplicadas.
Otra modificación en la Ley de ciencia, que ha sido severamente cuestionada, es quitar los estímulos económicos a los investigadores de instituciones privadas. En este punto Brenda Valderrama asegura que quitar el apoyo a sus colegas de instituciones privadas es un acto que viola sus derechos humanos y destaca que por ello los investigadores de este sector han interpuesto alrededor de 600 amparos.
La investigadora Alma Maldonado, asegura que en lo que va de la gestión de María Elena Álvarez - Buylla, se han hecho impulsado tres acciones: “dar becas, modificar el Sistema Nacional de Investigadores y dar un poquito de dinero en financiamiento”,
“Fundamentalmente la ley, lo que hace es armonizar la visión de Conacyt que hemos estado padeciendo por años. En el fondo es un debilitamiento de las instituciones, porque convocaba a los sectores que tenían que ver con la tecnología, la innovación y la creación de conocimiento. Lo que estamos viendo es un Conacyt chiquito, limitado con poca capacidad y que no convoca a los sectores que forman parte de este gran ecosistema de ciencia tecnología, innovación”, explica Alma Maldonado.
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Acciones de protesta por parte de la comunidad científica
Diego es asistente de investigación en el área de Ciencias Sociales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), él asegura que la labor que realiza en la investigación social se ha vuelto un asunto de amor debido a que percibe tres mil pesos al mes.
“Me gusta la investigación en ciencias sociales por todos los beneficios que la ciencia genera en la sociedad, tengo amor a la ciencia y al impacto que tiene tu trabajo, aunque lamentablemente las necesidades básicas no se pagan con amor, si no tengo dinero ya no me voy a poder dedicar a la ciencia”, explica Diego quien en el pasado 2 de mayo se sumó al paro de labores.
Recientemente en la conferencia de prensa matutina el CIDE fue señalado por María Elena Álvarez - Buylla como una institución que desvía sus funciones y tiene intereses creados.
El testimonio de Diego demuestra que en el Centro se realiza investigación social, incluso con pocos recursos, por ello el asistente de investigación considera que las líneas de investigación de la institución, como la evaluación de transparencia de Instituciones Públicas y Política de Drogas, son algunos de los temas que incomodan al gobierno.
Dalila Aldana Aranda, es investigadora en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la unidad de Mérida, ella asegura que la ley es una muestra de que el Estado no tiene un compromiso para destinar recursos para el desarrollo de la ciencia.
“Un centro de investigación no es una cúpula donde están los científicos, en un espacio como el Cinvestav frecuentemente tenemos la visitas de niños de kinder, que los atendemos y les presentamos lo que hacemos en laboratorios, les desarrollamos actividades lúdicas y experimentos. Todos los días atendemos a la sociedad y al haber una disminución del presupuesto va haber una reducción en la capacidad que tenemos para atender a la sociedad, entonces se afecta a todos”, comparte Dalila Aldana Aranda.
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Datos que no cuadran
En la conferencia matutina en Palacio Nacional el pasado miércoles, María Elena Álvarez Buylla aseguró que en los sexenios anteriores se transfirieron recursos que se estiman en 45 mil 643 millones de pesos a 2,399 empresas nacionales y transnacionales a través del Programa Estímulos a la Innovación (PEI).
Respecto a la transferencia de recursos la Red ProCiencia MX aclaró que el número total de grandes empresas beneficiadas por los "gobiernos neoliberales" de 2009 a 2018 fue de 1,842 y no de 2,395 como señaló la funcionaria. Además, desglosaron en que se usaron los recursos: "de los 26,081 millones de recursos públicos que se ejercieron en esos 10 años, el monto total asignado a proyectos de grandes empresas fue de 7,564 millones de pesos”.
De los recursos mencionados la mitad, es decir 3, 481 millones, se ocuparon en 650 laboratorios, centros o institutos de investigación públicos que desarrollan actividades vinculadas con esos proyectos. La Red ProCiencia MX concluyó que “las grandes empresas no recibieron 45,643 millones de pesos, sino 4,083 millones, once veces menos de lo que dice la directora del Consejo".
Las opiniones divididas entre la comunidad científica y las autoridades gubernamentales siguen e incluso se le han cuestionado que María Elena Álvarez Buylla critique los apoyos de Fideicomisos cuando de acuerdo con el periódico El Universal la funcionaria recibió 17 millones de pesos de fideicomisos, mismos que ahora señala como corruptos.
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VGB