A finales de 2022, luego de que el “Plan A” de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador fuera desechado por los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, el Congreso regresó a la discusión de lo que se conoce hoy como el “Plan B”.
El “Plan A” consistía en una reforma constitucional que buscaba cambiar la forma de llevar a cabo las elecciones en México. Incluía, por ejemplo, que el padrón electoral dejara de estar en manos del Instituto Nacional Electoral (INE) y regresara a manos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Al desecharse, pues a Morena y sus aliados políticos no les alcanzaron los votos para pasar la reforma constitucional, el presidente López Obrador envió una serie de reformas a leyes secundarias que contemplaban los cambios más relevantes que —según él— no podían dejarse pasar antes de las elecciones de 2024.
Te podría interesar
Esas reformas incluían una reestructura a la autoridad electoral, es decir, al INE, tema que desató protestas y divisiones entre los partidos de oposición y los partidos oficialistas.
Te podría interesar
Fue en diciembre de 2022 cuando la Cámara de Diputados avaló el paquete de reformas en vía rápida, es decir, dispensó todos los trámites de análisis y discusión y pasó directamente a la votación del Plan B.
El Senado realizó cambios a las minutas que envió la Cámara de Diputados, por lo que las leyes reformadas volvieron a la cancha de los representantes ciudadanos en San Lázaro.
La primera parte
Los diputados decidieron aprobar solo 2 leyes, de las 6 que incluyó el Plan B, con las reformas que hizo el Senado: la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Esas dos leyes pasaron directamente al Poder Ejecutivo para que fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mientras que las demás se fueron de regreso al Senado con más cambios y ahí se pausaron.
Por esa razón esas dos leyes fueron las que primero se impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia, pues eran las avaladas de manera oficial y ya publicadas para surtir efectos legales.
La Ley General de Comunicación Social, antes de que la Corte la declarara inválida constitucionalmente este 8 de mayo, implicaba cambios a la aplicación de gasto público en propaganda gubernamental.
Además, dejaba en la ambigüedad la limitante de que la propaganda gubernamental no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de un servidor público. Permitiendo que sucediera.
La segunda parte
Los senadores votaron, hasta marzo pasado, lo que correspondía a las leyes restantes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Las reformas a estas 6 leyes son la parte medular del Plan B, pues incluyen las disposiciones por las que “se achican” las funciones y estructura del INE, así como la manera en la que se resuelven acusaciones durante los procesos electorales.
Por ejemplo, estas reformas —una vez que se avalaron— dieron como resultado el cese inmediato del entonces secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, y la destitución de trabajadores de las Juntas Locales de los OPLE.
Otra parte medular de esos cambios consiste en la extinción del fideicomiso de pasivos laborales del INE. Con una parte de ese dinero, según los artículos transitorios de la reforma, se deberían cubrir las indemnizaciones del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Estas leyes también fueron avaladas con irregularidades por la Cámara de Diputados, por lo que la Suprema Corte, cuando discuta las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos de oposición por dichas reformas, podría argumentar los mismos hechos que este 8 de mayo llevaron a la invalidez de la primera parte.
Así lo adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, en su posicionamiento ante el pleno, cuando se votaron las reformas a la segunda parte del Plan B.
"Excluyó a las minorías parlamentarias de éste Senado de la República en la etapa en que debió analizarse el proyecto en la comisión respectiva, al haber sido aprobado el mismo día en que se recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal que hicieron suya los integrantes del grupo parlamentario de Morena".
Luego de la declaración de invalidez de la primera parte del Plan B electoral, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, advirtió que habrá un "Plan C", para 2024: acudir a las urnas.