El ministro Juan Luis González Alcántara circuló un proyecto de dictamen que tiene como objetivo dirigir la mirada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hacia las acusaciones que pesan sobre Yasmín Esquivel por un presunto plagio en su tesis de licenciatura. En un reporte obtenido por El País, se señala que el ministro ha desarrollado un proyecto que establece un camino administrativo para el manejo de las numerosas denuncias contra Esquivel, posibilitando el inicio de un procedimiento disciplinario si se considera necesario.
González Alcántara, en su propuesta, se inclina por la posibilidad de que la Corte tenga la facultad de investigar acusaciones en contra de sus miembros y, de ser necesario, imponer sanciones administrativas. De acuerdo con la información de El País, dicha propuesta debe ser sometida a votación en las próximas semanas y, si cuenta con una mayoría simple de seis votos, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) tendrá la obligación de revisar las denuncias que, hasta mediados de marzo, El País menciona que ascendían a 667.
Según la propuesta del ministro, es tarea de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, basándose en el informe presentado por la UGIRA, determinar la admisibilidad de las quejas, es decir, identificar si existen elementos suficientes para abrir un proceso disciplinario. El procedimiento disciplinario en cuestión se trataría en la Contraloría del Supremo, donde se abrirá un periodo de alegatos permitiendo a las partes involucradas presentar pruebas a su favor.
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La información menciona que la situación actual se ve complicada por la presencia de dos normativas contradictorias que regulan el trámite de las denuncias, la cual incluye un acuerdo adoptado por el pleno en marzo de 2005 y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que data de julio de 2016. La propuesta del ministro González Alcántara se muestra y posiciona en seguir la ruta establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La aprobación del proyecto del ministro no garantiza el inicio de un procedimiento de responsabilidades ni tampoco la imposición de sanciones de acuerdo al reportaje de El País. Además, se prevé que, incluso si existen sanciones, estas no pasarán de la amonestación o el apercibimiento a Esquivel. Las represalias de mayor impacto se hallan en manos de otras instancias, como la UNAM o bien el Congreso, mismas que desde hace semanas y mediante amparos, se han detenido en diversas ocasiones entorpeciendo el proceso en contra de la ministra.
El caso de Esquivel, según dos ministros que hablaron a El País bajo anonimato, representa un obstáculo que afecta continuamente la imagen del Supremo. Para los analistas jurídicos que cita El País, el proyecto de González Alcántara tiene el mérito de forzar a la Suprema Corte a abordar el asunto de manera institucional y no ignorar las denuncias, aunque las sanciones sean simbólicas.
En el centro de esta controversia no solo está el futuro profesional de Yasmín Esquivel, sino también el mecanismo que se utiliza para lidiar con las acusaciones y la forma en que la Corte aborda estas cuestiones. Las denuncias presentadas contra Esquivel, acorde a lo obtenido por El País, ponen en tela de juicio su reputación y su dignidad como figura judicial, elementos claves para el desempeño de su cargo en la SCJN.
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La confusión que ronda el proceder de la Corte ante denuncias de este tipo proviene de la existencia de dos normativas contradictorias. González Alcántara ha propuesto seguir el camino estipulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es una disposición legislativa más reciente.
La propuesta, aún sin aprobación, abre la puerta a una serie de escenarios posibles. De no ser aprobada, González Alcántara podría reestructurar su propuesta con base en las puntualizaciones de sus colegas o bien el asunto podría ser derivado a una nueva ponencia. De ser aprobada, no garantiza automáticamente que se inicie un procedimiento de responsabilidades o que se impongan sanciones.
La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), podría determinar que las quejas contra Esquivel son improcedentes, debido a que los hechos denunciados sucedieron hace más de 35 años, y no durante su actual cargo de ministra, el cual ostenta desde 2019. La presidenta Piña tendría que revisar la propuesta de la UGIRA y decidir si procede la apertura del procedimiento sancionatorio.
En caso de que el dictamen concluya que Esquivel es responsable de faltas administrativas, aún debe ser el pleno el que emita la resolución final. Surge entonces la duda de si Esquivel deberá formar parte de esa votación o si deberá excusarse, lo que podría complicar la obtención de mayorías en el pleno, dejando únicamente a 10 ministros.
DJC