Envuelta en una crisis que cumple ya cuatro meses, Yasmín Esquivel ha determinado dinamitar todo lo que la rodea: su presencia en la Corte, sus credenciales académicas, su historia personal y familiar. Esta acumulación de errores políticos y legales podría integrar un manual de cómo una figura en la cúspide de su carrera puede arrojarse al infierno en unas cuantas semanas.
Tras echar mano de influencia en el ámbito judicial para imponer secrecía a la UNAM en la conducción de las revisiones sobre su tesis dictaminada como plagio, la señora Esquivel Mossa pretende ahora que se decrete una “Ley Mordaza” contra al menos una docena de medios de comunicación que dieron cuenta de un viaje que realizó en la Semana Mayor al exclusivo desarrollo de esquí en Whistler, Canadá.
Como no puede combatir estas publicaciones por ser un sujeto de interés público, su denuncia, de carácter penal, alega supuestos agravios hacia un menor que la acompañaba. Ya habrá espacio para profundizar sobre este nuevo disparate jurídico, que podría terminar en la paradoja de tener que ser resuelto en la Corte.
De nuestro máximo tribunal han surgido jurisprudencias ajustadas al derecho internacional, en el sentido de que un funcionario público, por el solo hecho de serlo, se halla sujeto a un umbral más alto de escrutinio por parte de la sociedad. Incluso la propia Corte editó un libro que recopila estas resoluciones judiciales. Tras más de 35 años de trabajar en el sector judicial, es evidente que esta controvertida jueza desconoce esto –y de sus abogados y asesores, ni hablar–.
Con cada paso que emprende, la señora Esquivel Mossa ve abrirse bajo sus pies un precipicio más hondo. Es ya un peso muerto para la administración del presidente López Obrador, quien ha buscado pasar por alto las impugnaciones contra su protegida, pero dejó de defenderla en las conferencias mañaneras.
Para maquillar su descrédito, Palacio le ha ordenado sumarse a la mayoría que en el pleno de la Corte se prevé avale una sentencia adversa al llamado “Plan B” presidencial en materia electoral. De poco valdría eso. Su falta de autoridad moral cargará ya de veneno todo acto que emprenda. Con la excepción, quizá, de que presente su renuncia al cargo de ministra, el único camino pertinente para cerrar con una mínima dignidad esta historia.
Esquivel siempre exhibió otra faceta incómoda al ser esposa de uno de los desarrolladores de obra pública favoritos del régimen, José María Riobóo, por lo que su carácter tóxico se agrava sin cesar. Sus compañeros ministros se refieren a ella en privado como “la señora” –pues no puede defender sus títulos de licenciatura ni de maestría–.
Las indagatorias sobre su tesis de licenciatura de 1987, burdamente plagiada según múltiples indicios, han llevado las indagatorias hasta uno de sus primeros jefes y virtual tutor, el abogado morelense David Jiménez, actualmente de 80 años, que goza de un retiro de lujo desde 2019 como nuestro embajador en Honduras.
Jiménez González, alcalde de Cuernavaca (1973-1976) y procurador de Justicia de Morelos (1976-1977), ha tenido también cargos en gobiernos de la ahora Ciudad de México, donde fue delegado en Azcapotzalco (1988-1992), y de 1992 a 1994, subprocurador de Asuntos Jurídicos en la procuraduría local. Testimonios sólidos, de primera mano, confirman que él tuvo como asistente a la señora Esquivel, y sugieren que en su despacho se gestó la elaboración de la tesis que tantos dolores de cabeza ha traído ahora para quien la firmó.
Se le atribuye a Jiménez haberle conseguido a ella empleo, en 1985, en el entonces Departamento del Distrito Federal, como “asesora jurídica” –antes de que contara con su título, incluso de presentar su tesis, lo que no hizo sino hasta 1987, según su biografía oficial–.
Jiménez igualmente estuvo ligado en varias oportunidades como funcionario al campo del derecho en materia agraria, ámbito en el que Esquivel Mossa arrancaría su carrera judicial en 1987. Una carrera que cada vez luce más y más polémica, plena de dudas y con rutas de salida canceladas. En los hechos, una carrera desahuciada.