Más de 200 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) han obtenido suspensiones definitivas y provisionales para que no se apliquen acciones en su contra derivado de las disposiciones que contiene el Plan B de la reforma electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las restricciones de distintos jueces de amparo en materia Administrativa, principalmente en la Ciudad de México, impiden que sean destituidos, que les sea reducido su sueldo y prestaciones por los cambios hechos a partir de la reforma electoral que entró en vigor con el llamado Plan B.
De acuerdo con las listas del Consejo de la Judicatura Federal, las suspensiones estarán vigentes hasta que los jueces analicen y definan si les otorgan los amparos contra los cambios presentados contra los cambios electorales publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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La lista de notificaciones judiciales detalla que los amparos se han interpuesto, sobre todo, en contra de la aplicación a los cambios en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el DOF el 2 de marzo pasado.
También especifica que las autoridades responsables de las violaciones a los derechos laborales de estos trabajadores son Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Los listados del Consejo de la Judicatura Federal incluyen una suspensión momentánea otorgada en lo particular a trabajadora y, en conjunto, a distintos empleados del Departamento de Convenios y Contenidos Normativos de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLE) del INE, área que estaba a cargo de quien hoy ocupa la Secretaría Técnica: Miguel Ángel Patiño.
En la notificación, un juez de Amparo en Materia Administrativa, determinó que el freno momentáneo le impide al gobierno federal llevar a cabo “la reducción de sus remuneraciones y cambio de régimen laboral” a partir de la entrada en vigor del Plan B.
En la argumentación para violar los derechos laborales de los trabajadores del INE se especifica que los cambios son “para disminuir la burocratización y mala administración del mismo, pues se afirma que el Instituto tiene duplicidad de funciones, áreas sin trabajo durante varios meses del año, así como el despilfarro de recursos públicos en su costo de operación, así como la deficiente operación de los procesos electorales”.
Sin embargo, el juez consideró que esas consideraciones o argumentos del gobierno federal para implementar el Plan B, son justificaciones “dogmáticas y genéricas”, tomadas sin que se haya efectuado un análisis sobre los cambios.
“Del análisis de la exposición de motivos únicamente se aprecian razones dogmáticas y genéricas en relación con la supresión de diversas unidades administrativas, pero si razonar de manera fundada y motivada, porque precisamente la unidad a la que pertenece la quejosa, corresponde aquellas, que deben ser eliminadas, es decir, no se aprecia que se hubiese analizado la carga de trabajo de la unidad, o bien, cuál o cuáles son las diversas unidades que realiza las mismas funciones y que, por tanto, se actualiza la supuesta duplicidad a que hace mención”.