El pasado 19 de octubre se cumplieron 21 años del homicidio de la defensora de los derechos humanos y abogada Digna Ochoa y Plácido, su cuerpo fue hallado sin vida en su despacho ubicado en la calle Zacatecas 31, en la colonia Roma.
Al cumplirse en el vigésimo primer aniversario su homicidio, el gobierno de la Ciudad de México oficializó el 19 de octubre de 2022, a través de un aviso publicado en la Gaceta Oficial, el cambio de nombre de la calle General Gabriel Hernández, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc: ahora se llamará “Digna Ochoa y Plácido”, finalmente este lunes 15 de mayo a las 12 del día será la inauguración oficial de la calle con el nombre de la defensora de derechos humanos en cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH que ordena al Estado mexicano a disculparse públicamente y reconocer su responsabilidad internacional en el caso.
Cambio de nombre
La calle ubicada frente a la Fiscalía de la Ciudad de México ahora será nombrada en honor a Digna Ochoa y Plácido. La vialidad perteneciente la colonia Doctores, antes tenía el nombre de Gabriel Hernández, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la capital.
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La calle se ubica entre Dr. Lavista y Av. Dr. Río de la Loza, en la colonia Doctores, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. Las autoridades dieron a conocer la modificación en el anexo del “Aviso el Acuerdo de la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México por el que se modifica la nomenclatura de la calle General Gabriel Hernández, por 'Calle Digna Ochoa y Plácido', en la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc", se informó en la gaceta de CDMX.
El cambio de nombre forma parte de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó en 2021 como parte de las medidas de reparación del daño cometido en contra de Digna Ochoa y su familia: se estableció que se debía otorgar el nombre de la defensora a una calle en la ciudad de Misantla, Veracruz, así como en la Ciudad de México.
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De hecho en el acto de disculpa pública por parte del Estado mexicano, el subsecretario de gobernación de la Ciudad de México, Martí Batres, destacó la publicación de este acuerdo y detalló que la calle se ubica a un costado de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El 5 de septiembre de 2022, el cabildo de Misantla también aprobó cambiar el nombre de una calle, de “Carlos Salinas de Gortari” a "Digna Ochoa y Plácido".
Un suicidio simulado
Digna Ochoa nació en 1964 en Veracruz y fue una conocida defensora de los derechos humanos involucrada en la promoción de la justicia. Además, participó en diversos casos ante el Sistema Interamericano como integrante del Centro ProDH, entre ellos la masacre de Aguas Blancas, las violaciones de los derechos humanos sufridas por los señores Cabrera García y Montiel Flores o los señores García Cruz y Sánchez Silvestre.
En octubre de 2001, el cuerpo de Digna Ochoa fue hallado sin vida en su despacho de la Ciudad de México. Ese mismo día se inició una averiguación previa y unos días después fue ampliada la denuncia para incorporar el hallazgo de un mensaje con una amenaza en el inmueble donde ocurrieron los hechos.
Antes de su muerte, Digna Ochoa recibió amenazas vinculadas a su actividad como defensora de derechos humanos y fue víctima de dos secuestros en 1999. Un mes más tarde, el Centro Prodh recibió tres sobres con amenazas, una de ellas expresamente dirigida a Ochoa. Entonces, la defensora solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez pidió al Estado mexicano protección urgente. También levantó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sin embargo, no se identificó a los autores de las amenazas y ataques.
En 2001, la indignación que provocó la muerte de Digna Ochoa llevó a la Procuraduría General de Justicia capitalina a plantear tres líneas de investigación: la principal que ahondaba en la posible autoría militar, otra que relacionaba su actividad en defensa de campesinos y ecologistas en Guerrero en detrimento de los intereses de caciques de la región, y una enfocada en su entorno familiar, social y laboral. Tras desechar las tres líneas de investigación, una medida calificada de arbitraria por la sentencia de la Corte, la Procuraduría descartó la hipótesis de homicidio y determinó que se trató de un “suicidio simulado”.
Fue en 2021, cuando la CIDH resolvió que en la investigación del caso hubo irregularidades en el proceso y que en realidad los hechos correspondían a un homicidio en un contexto de agresiones, amenazas y violaciones a los derechos de los defensores en México.