El medio ingles conocido como The Economist, realizó en días pasados, notas respecto a las obras que se han impulsado desde Palacio Nacional a manos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas, habla sobre las medidas para detener el flujo de fentanilo en el país además de mencionar que, además del fentanilo por el cual se ha peleado en los últimos meses, los cárteles y grupos comerciales se han fortalecido con otros negocios. En la segunda nota se habla al golpeteo que se ha hecho desde presidencia hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Respecto a lo hecho por Andrés Manuel López Obrador se menciona que promovió una ley que impone controles rigurosos sobre la importación de precursores químicos, los cuales son utilizados por las bandas criminales para producir drogas sintéticas. Esta ley está respaldada por severas sanciones.
En el artículo se menciona que los cárteles de México siempre han mostrado una notable capacidad de adaptación. Desde la década de los 80, han ido cambiando su foco de operaciones, pasando del tráfico de marihuana y cocaína proveniente de Colombia hacia Estados Unidos, a una diversidad de crímenes que incluyen extorsión, tráfico de personas, contrabando de armas y minería ilegal. Asimismo, retoman el testimonio de Romain Le Cour Grandmaison, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional mismo que sugiere que la situación criminal en México es similar a la que se vive en las mafias de otros países y en la historia de la humanidad.
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Recalca The Economist que a pesar de esta diversificación, la respuesta desde el gobierno de AMLO sigue centrada en el narcotráfico, en gran medida por la presión de Estados Unidos y su guerra contra las drogas. El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos describió recientemente a los dos cárteles más grandes de México, el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como la "mayor amenaza de drogas que ha enfrentado nuestra nación".
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Agregan, además, que las drogas siguen siendo un negocio lucrativo, especialmente para estas dos organizaciones criminales. La producción de cocaína ha aumentado desde 2014, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, mientras que los precios no han disminuido. Además, el cambio hacia drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo ha incrementado las ganancias de estos grupos. A lo largo del artículo se va citando a varias organizaciones internacionales que dan datos sobre el panorama de las drogas en el país.
Una de las aseveraciones más fuertes por parte de The Economist es que los cárteles han diversificado sus operaciones por múltiples razones. Se menciona que uno de los factores es la política oficial, que ha exacerbado el problema. La guerra contra las drogas, iniciada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, provocó que los grupos criminales se fragmentaran y multiplicaran. Según el International Crisis Group, para 2020, el número de pandillas había aumentado a más de 200, comparado con 76 en 2010.
Por otro lado, una de las críticas más fuertes es que las políticas de seguridad del presidente López Obrador, conocidas como "abrazos no balazos", han proporcionado un espacio para que las pandillas expandan sus operaciones. Estas políticas buscan abordar las causas subyacentes de la violencia, pero no confrontan directamente a las pandillas existentes.
La investigación de The Economist es que los grupos criminales han ampliado su participación en la economía de manera legal, y la extorsión se ha convertido en su segunda mayor fuente de ingresos después de las drogas. Los grupos extorsionan a todos, desde puestos de tacos hasta peregrinos. Además, los cárteles obtienen grandes sumas de dinero al cobrar impuestos a empresas en sectores como la agricultura y la minería. Como ejemplo de esto menciona los pagos que exigen por la explotación del aguacate y limón en el estado de Michoacán, y el robo de hidrocarburos se han convertido en negocios lucrativos para los cárteles.
El artículo también menciona que los cárteles también han incursionado en la minería ilegal. de acuerdo con los datos, se estima que cada año se extraen ilegalmente 20,000 kilogramos de oro, con un valor de 1,2 mil millones de dólares, de las minas mexicanas. Los grupos criminales también han establecido un control significativo sobre las industrias de tala y pesca.
Uno de los temas más sonados durante las últimas semanas, el tema de migración, también reluce en el artículo, pues se menciona que el secuestro para obtener rescate, el tráfico de migrantes y el contrabando de armas también son fuentes importantes de ingresos. Según The Economist se estima que el tráfico de migrantes a través de México genera hasta 6 mil millones de dólares al año para los grupos criminales.
El crecimiento y diversificación de las actividades de las pandillas también ha tenido un impacto en la violencia en México. El país registró un número récord de homicidios en 2019, y a pesar de una ligera disminución en 2020, mencionan que la violencia sigue siendo un problema serio.
Mientras tanto, las organizaciones criminales están utilizando sus recursos económicos para ganar influencia política, lo cual les permite operar con impunidad en muchas áreas. Han infiltrado los gobiernos locales, las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, lo que les da un amplio control sobre las áreas en las que operan.
Mencionan que la nueva ley promovida por López Obrador para controlar la importación de precursores químicos puede tener un impacto limitado. Aunque puede dificultar la producción de drogas sintéticas, es probable que las pandillas encuentren formas de adaptarse, como lo han hecho en el pasado. Además, no aborda las otras actividades criminales en las que participan estas organizaciones.
Afirman que para enfrentar la diversificación de los grupos criminales, México necesita una estrategia de seguridad más integral y adaptativa que vaya más allá del enfoque centrado en las drogas. Además, es crucial fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y abordar la corrupción y la impunidad que permiten a las pandillas operar con tan poca resistencia.
AMLO contra la SCJN
En otro artículo, de la misma edición, retoman el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde falló en contra de una serie de leyes impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para reformar el sistema electoral, alegando que son inconstitucionales. Desde ese artículo mencionan que estas leyes habrían impuesto límites más laxos sobre cómo los funcionarios públicos, en su mayoría miembros del partido Morena de AMLO, podrían hacer campaña.
AMLO argumentó que estas reformas reducirían el costo de las elecciones y fortalecerían la democracia. Sin embargo, los críticos temían que en realidad pusieran en peligro la democracia. Para este medio inglés, si hubieran implementado, estas reformas podrían haber influido en la votación para elegir a los gobernadores en dos estados a finales de este año y en las elecciones generales programadas para mediados de 2024.
El 8 de mayo, la mayoría de los magistrados de la corte dictaminó que las reformas se habían aprobado tan rápidamente que violaban el debido proceso. Un juez señaló que los legisladores del Congreso habían aprobado las reformas en menos de tres horas durante una sola noche.
Retoman que otro fallo sigue a otro que ordenó a AMLO restaurar el control civil sobre la Guardia Nacional, una fuerza policial que creó en 2019 para reemplazar a la fuerza regular disuelta al asumir el poder. AMLO ha dado a las fuerzas armadas un poder sin precedentes, conformando la nueva Guardia Nacional casi en su totalidad con soldados y transfiriendo la autoridad sobre ella a la Sedena. La Suprema Corte dictaminó que esto violaba la constitución.
Asevera que la SCJN ha anulado políticas de todos los gobiernos desde que se fortaleció durante la transición del país a la democracia en las décadas de 1990 y principios de 2000. Sin embargo, nunca se han presentado tantos aspectos de la agenda de un presidente como en la actualidad. Esto se debe a que muchas de las reformas de AMLO involucran temas consagrados en la constitución. Aunque Morena, con sus aliados, tiene una mayoría en ambas cámaras del Congreso, no tiene la mayoría calificada necesaria para enmendar la constitución. Por eso, el presidente ha intentado realizar sus reformas bajo la legislación ordinaria que sólo requiere una mayoría simple.
Otras nuevas leyes electorales también podrían ser anuladas por la SCJN en las próximas semanas. Estas leyes habrían reducido la financiación del Instituto Nacional Electoral (INE) y habrían provocado el despido de miles de miembros del personal. Mencionaron que el INE es una institución vital que ha ayudado a nutrir la democracia mexicana supervisando las campañas y elecciones.
Mencionan también que la presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha reforzado la reputación de la corte como un bastión de la supervisión democrática desde que asumió el cargo en enero. Bajo su liderazgo, la SCJN también está examinando el uso del presidente de las leyes de seguridad nacional para ocultar información sobre grandes proyectos de infraestructura.
De acuerdo con The Economist, AMLO ha reaccionado a la autoridad de la corte con resistencia. El 9 de mayo, los llamó "podridos" y expresó su deseo de que los jueces fueran electos por el voto del pueblo en lugar de designados. También ha instruido a su gabinete a no atender las llamadas de los empleados que buscan establecer una fecha para la transferencia del control sobre la Guardia Nacional.
Además, AMLO está alentando a los votantes para que otorguen a su partido, Morena, una mayoría calificada en las elecciones de 2024. Con esta mayoría, su sucesor podría tener otra oportunidad de aprobar las reformas que él ha propuesto. Sin embargo, sin esta mayoría, parece poco probable que sus ambiciosos planes para transformar México se materialicen.
Se menciona que es de suma importancia notar que este conflicto entre la presidencia y la SCJN evidencia el tenso equilibrio entre los poderes en México. Aseveran que la SCJN actuando como un freno a las políticas de AMLO, hace ver que está claro que el sistema de pesos y contrapesos en la política mexicana sigue funcionando. Sin embargo, la respuesta de AMLO a estos fallos y su intento de influir en la composición de la corte podrían tener implicaciones significativas para la estabilidad y la salud de la democracia mexicana a largo plazo.
DJC