Las medidas contra la migración implementadas por el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos han hecho que en México, en las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, se viva una crisis de sobrecupo en albergues y centros migratorios, lo que ha derivado en hechos como el incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) del pasado 27 de marzo.
“Las nuevas y estrictas políticas fronterizas introducidas por la administración Biden han reducido drásticamente la cantidad de migrantes que cruzan hacia los Estados Unidos. Pero las medidas también han creado un cuello de botella combustible a lo largo de la frontera sur”, se lee en un artículo del diario New York Times.
El texto del corresponsal Simon Romero señala que México se ha convertido en una especie de outsourcing para el tratamiento del problema migratorio que afronta Estados Unidos, país que “se ha apoyado más en México para ayudar a manejar su dilema migratorio, llevando a ciudades como Juárez a un punto crítico”.
Te podría interesar
El colapso de las fronteras mexicanas
Antes de su salida como comisionado de Migración, Tonatiuh Guillén aseguró que México no tenía la capacidad operativa ni jurídica para recibir a los migrantes que devolviera Estados Unidos, a pesar del anunció que hizo el gobierno de este país.
En diciembre de 2018, Guillén dijo que primero para recibir a migrantes era necesario realizar adecuaciones a la ley migratoria para luego poder recibir a quienes serán enviados desde Estados Unidos. El gobierno estadounidense informó a México que enviará a los migrantes que solicitaron asilo hasta que se resuelva su proceso.
Por su parte, el gobierno mexicano dijo que autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada o que hayan sido aprehendidas entre puertos de entrada.
Derivado de este panorama, el 14 de junio de 2019, Guillén López renunció al cargo de comisionado del INM de dio en el marco de la implementación del despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur y el plan migratorio con el que se busca, en 45 días, disminuir el flujo de indocumentados hacia Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles del presidente Donald Trump.
La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que el gobierno de Estados Unidos, ahora a cargo de Joe Biden, anunció nuevas restricciones migratorias, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen por tierra bajo el Título 42.
El gobierno mexicano también ha afrontado críticas de organizaciones de derechos humanos por aceptar las políticas estadounidenses y desplegar a más de 20,000 elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas migratorias.
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
La región vive un flujo migratorio récord, con 2,760,000 de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.