Las desapariciones forzadas son parte de un negocio, un sistema de compra y venta de productos y servicios como cualquier otro, pero que en México controla el crimen organizado y es sobre mercancías ilegales. Eso revela la investigación que por años ha realizado Roberto González Villarreal, profesor-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
En entrevista con La Silla Rota, el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y experto en movimientos sociales, presenta su libro La desaparición forzada en México, de la represión a la rentabilidad, editado por Terracota. En el texto, el académico detalla la historia que ha tenido la desaparición forzada en el país, hasta llegar a la crisis de nuestros días.
Todo comenzó con la desaparición de Epifanio Avilés, en mayo de 1969. Para ese momento, México no tenía registro alguno de desapariciones forzadas, todo comenzó cuando el problema se volvió un tema político. La crisis que dejaron los movimientos sociales de esos años, la llamada "guerra sucia" y otras represiones dieron pie a la primera ola desapariciones forzadas en México.
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Pero esa crisis de desapariciones por represión política, que en apariencia tuvo una tregua en la década de los 90, se vio rebasada entrada la primera década de los años 2000. A partir de entonces, las desapariciones estaban en manos del crimen organizado y los gobiernos se han visto rebasados ante un problema que creció como consecuencia de una industria criminal.
El libro de González Villarreal se divide en esas dos partes: la primera onda de desapariciones, una tecnología represiva; y la segunda onda, una tecnología rentable para el crimen.
Desapariciones: de estudiantes a mujeres
A partir de la década de los 80, las desapariciones forzadas, disfrazadas de detenciones por los gobiernos estatales y el federal bajaron en cifras. Desde la primera desaparición, registrada en 1969, el pico máximo de denuncias por este hecho se dio entre 1973 y 1975. Fue a partir de 1983 que el número de denuncias comenzó a bajar.
La aparente paz no duraría mucho. De registrar 2 personas desparecidas en 1990, México saltó al registro de 157 desapariciones forzadas en 2006, cuando inició el gobierno del expresidente Felipe Calderón. En dos años, para 2008, la cifra ascendió a 751 y en otros dos, en 2010, hasta 3,102 denuncias por desaparición. La cifra no se ha detenido.
Otro fenómeno acompañó la escalada de desapariciones y fueron las desapariciones forzadas y muerte de mujeres (hoy tipificadas penalmente como feminicidio), sobre todo en la zona fronteriza.
A finales ya había una crisis de desapariciones forzadas en la zona fronteriza norte. Estas desapariciones y muertes ya no eran casos de represión gubernamental, ya no se hablaba de detenciones por parte de policías, ya no eran activistas ni estudiantes: eran actos violentos cometidos por el crimen organizado, la mayoría ligados al tráfico de drogas, en contra de civiles.
En enero de 1993, en Ciudad Juárez, se encontró el cuerpo de Alma Chavira, de 13 años, quien había sido atacada sexualmente y luego asesinada. Ese fue el inicio del caos: desapariciones de mujeres y feminicidios. Para 2001, la ONU reconoció que en México más de 189 mujeres habían sido asesinadas luego de ser abusadas.
"Ya no eran luchadores sociales, ya no eran guerrilleros: ahora eran mujeres, este es un punto fundamental las nuevas desapariciones, que se escriben femenino. Son las féminas las vinculadas a lo que llamo la industria criminal".
Para esos años eran las mujeres quienes servían para que el crimen organizado incursionara en otro negocio tan redituable como la venta ilegal de drogas: la trata de personas.
¿Por qué siguen desapareciendo personas?
Para Roberto González, los gobiernos en México se enfrentan a una crisis de seguridad tras el incremento de las industrias del crimen, pues actualmente "los desaparecidos se usan de diferentes formas" y se han convertido "en la fuerza de trabajo de las industrias criminales". "Mientras éstas sigan desarrollándose, las desapariciones seguirán", afirma.
"Lo puedo decir en estos términos: estamos frente a un modo de producción. No estamos nada más frente a una industria, no estamos nada más frente al narco, no, estamos frente a un modo de producción en el que la fuerza de trabajo es el cuerpo y el alma de las personas que son utilizadas como sicarios, halcones, etcétera... hasta que se dejan de funcionar".
El especialista asegura que los gobiernos se han avocado a buscar resolver y disminuir las cifras de desapariciones como si el problema fuera eso, cuando solo es la consecuencia de haber dejado crecer en la oscuridad a una industria. "Estamos hablando de que el gobierno gestiona el efecto y no la causa".
"¿Para qué necesitan a las desaparecidos? Pues para que continúen la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes y servicios ilícitos que ofrece esa industria criminal. ¿Qué dimensiones tienes que trabajar? Ese problema se ataca de muchas formas".
"Yo creo que es momento de decir y admitir que hay una serie de bienes que es posible sacar de la ilicitud y volverlos lícitos, observables y controlables. Pero no es el caso de la esclavitud sexual, por ejemplo, eso es imposible. Es sumamente complejo, sí, pero (los gobiernos) tendrían que empezar con ese tipo de cuestiones".